"Avisamos en febrero y el Gobierno nos dijo que era gripe normal": habla la patronal de residencias

Lo que ha sucedido en las residencias de ancianos agrupa todo lo peor de la crisis causada por el coronavirus. Ancianos vivos cohabitando en la habitación con su compañero fallecido. Ancianos sin derecho a ir al hospital. Trabajadores sin los equipos de protección que necesitaban. Etcétera. Todo cabe en el agujero negro de las residencias. Y todos lo sabían. "Ya avisamos en febrero, y el Gobierno nos contestó diciendo que era una gripe normal", denuncia Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAP), la patronal, en conversación con EL ESPAÑOL. 

Ahora que el frenesí de muertes parece reducirse -Sanidad no notifica muertos de fechas anteriores pero tampoco actualiza su histórico- la clase política anda empeñada en hacer cargar con los muertos al oponente, literalmente. Desde la oposición, acusan al Gobierno de las víctimas por aquello del mando único. Desde el Ejecutivo, en cambio, recuerdan que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Pero todos guardan algo de culpa.

Sí es cierto que las competencias en materia de residencias están transferidas a las autonomías. Ahí, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, guarda la mayor mancha en su currículum de gestora ya que en las residencias de su comunidad es donde más ancianos han fallecido. Pero también es cierto que el Gobierno central fue avisado con tiempo de lo que pasaba y tenía la potestad de intervenir si hacía falta, algo que no hizo. Además, el Ministerio que dirige Pablo Iglesias coordina un fondo de 300 millones de euros para la contratación de personal y equipos de protección en residencias, y ahí también falló.

En medio de ese maremágnum que busca que la responsabilidad la asuma otro, se alza la voz de Cinta Pascual. Ella representa a cerca de 200.000 plazas de residencia de las 380.000 que hay en España. El pasado viernes presentó en el Congreso de los Diputados un informe en el que desgrana todas las carencias que ha sufrido su sector y este martes atiende a este diario.

El presidente, Pedro Sánchez, y el vicepresidente, Pablo Iglesias… ¿lo sabían?

¿Cómo puede ser que el mismo presidente hable de la fragilidad del sistema o el vicepresidente diga que la culpa es de la privatización? Esto es tal vez lo que duele más. No queremos reproches políticos, estamos preocupados por la realidad. Pero desde el primer momento hemos informado de todo. Yo misma, al presidente del Gobierno, en un encuentro informal en Cataluña, le dije que teníamos que hablar. Le dije que los países del entorno están gastando hasta el 2% del PIB para la dependencia y sus mayores y aquí no llegamos al 1%, estamos en el 0,56%. Es un problema de España, de en qué invertimos el dinero de los españoles. El sistema, dicen, se mide por la capacidad de cuidar a sus mayores y dependientes. Es un dilema ético. Ahora tenemos que construir el posible rebrote por si vuelve a pasar, para que estemos preparados.

¿Desde cuándo y cuántas veces se han puesto en contacto con las autoridades del Gobierno para explicarles la situación en las residencias?

Hicimos una cantidad de llamadas de socorro… Las primeras en febrero ya. Les dijimos, ¿qué está pasando aquí? Nos dijeron que era una gripe normal, en un correo electrónico. Hicimos llamadas a los gabinetes de los ministros, cartas a todo el mundo pidiendo reuniones. La segunda petición de reunión, la segunda, fue en febrero. El 20 de marzo mandamos una carta de denuncia al vicepresidente (Pablo Iglesias) pidiendo actuaciones y reunión. Mandamos una carta a la ministra Margarita Robles (Defensa), el 30 de marzo. No había nadie que no supiera qué estaba pasando. Estuvimos mucho tiempo pidiendo reuniones para que les pudiéramos explicar nuestra situación. También les hemos pedido estar en la Comisión de Reconstrucción y no nos han aceptado. Al final, por mover tantos hilos, nos han aceptado en la subcomisión de Sanidad, pero no propuestos por el Gobierno. Les pedimos estar a su lado y que cambiaran el daño que nos están haciendo, reputacional y moral, porque han abandonado a sus mayores y familiares.

¿Cómo ha sido en la Comunidad de Madrid? ¿Podría el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acabar con responsabilidades penales?

Las comunidades que no colapsaron es porque no tenían tanto Covid como otras, no porque el sistema funcionara. Me gustaría decirlo, pero no es así. En Barcelona y Madrid ha sido especialmente catastrófico. Creo que va a haber demandas en todas partes de España. A nuestro sector también. Pero esto va a servir para que todo salga a la luz. ¿Por qué ahora insistimos en ello? Porque estamos muy asustados y creemos que puede haber un rebrote. En Madrid ha sido muy duro. Lo que se tenía que haber hecho es preparar mejor. Si no había hospitales a dónde llevar a los ancianos, pues preparar otros dispositivos. A una persona con demencia la puedes tratar en un hospital pero en IFEMA no; porque se levantan, no entienden dónde están y es peor lo que están viviendo que la enfermedad propia.

“Nos han abandonado”

En España, a día de este miércoles, han fallecido por coronavirus un total de 27.136 personas. La gran mayoría lo ha hecho en las residencias de ancianos. Según los datos facilitados por las comunidades, en las residencias han fallecido 19.444 personas. La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, es la que peor parte se lleva: el 68,75% de los fallecidos en Madrid han muerto en las residencias y también acumula la mayoría de las investigaciones penales por ello, con 47 de 140 que hay en total.

¿Puede ser la gestión de las residencias el mayor fracaso de todos los que acumula esta pandemia?

Es cierto que ha sido una pandemia sin precedentes, mundial. Creo que tenemos que poner cada cosa en su sitio y nosotros no nos habíamos preparado para esto. Pero una vez que está aquí y que la previsión ha fallado, lo que se debía haber hecho es buscar cómo lo solucionamos. Ha sido un fracaso la compra centralizada de EPI porque a nosotros nos han dejado fuera. Han fracasado los datos también. Nosotros mandábamos cada noche los datos de las comunidades y ¿cómo puede ser que no haya una base de datos fiable? Hay cosas muy básicas que un Gobierno debe solucionar.

¿Por qué por ejemplo en Alemania no ha muerto tanta gente en las residencias?

Me lo preguntó una diputada, sobre el modelo alemán. Es muy sencillo: test, test y test. Nosotros teníamos asintomáticos en una planta y dejábamos a los que tenían fiebre en otra. Luego nos salía el brote en la planta de los asintomáticos. No tuvimos las herramientas. En algunas residencias aún no hay todos los PCR que hacen falta.

Todo esto pasará factura, al menos psicológica, a los trabajadores de las residencias. Había casos en los que, en una misma habitación, convivían un anciano fallecido con uno vivo.

Ya está pasando. Ya estamos trabajando en ello. Tenemos un daño emocional brutal. Tenemos bajas de gente que dice “yo no puedo volver a pasar esto si vuelve en noviembre, no podré soportarlo”. Todo el sector de las residencias está tocado. Es muy cruel dejar solo a un sector entero y no darle los medios. Llamé a una gran compañía funeraria y le dije que no podía hacernos esto, que llevábamos un montón de años trabajando juntos. Y me dijo, Cinta, no tengo EPI, no puedo mandar a mis trabajadores sin EPI. Nosotros tenemos los difuntos y ellos no tienen EPI…

La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que el Ejército se estaba encontrando con “escenarios dramáticos” en las residencias.

Aquella declaración de Robles nos hizo parecer como si fuéramos bestias o inhumanos. Enfocó la noticia en que nosotros éramos los malos. En todas esas residencias en las que entraban ya habíamos llevado a cabo llamadas de socorro. La gente se puso en nuestra contra, había padres de trabajadores nuestras que les decían que qué estábamos haciendo en las residencias, a modo de reproche. ¡Es que nosotros no podemos levantar a un difunto¡ ¿Usted puede entender la soledad de aquellos días?

Seguramente no. En eso tampoco ayudarían los protocolos para derivar a los enfermos al hospital.

Es que nos han abandonado. Por eso guardamos todas las comunicaciones que hicimos. Hay procedimientos que te decían que una persona con más de 80 años, que tenga pluripatologías, demencia o insuficiencia, o que haya tenido un ictus, no se podían trasladar a urgencias. Esta gente estaba condenada. El perfil de personas que tenemos nosotros son mayores de 85, todas con más de tres enfermedades activas y consumiendo 7 medicamentos al día. El 65% tiene demencias y el 17% insuficiencia respiratoria. Yo veía los protocolos y me ponía las manos en la cabeza porque la mayoría, el 85 o 90%, no tenía acceso al sistema.

“Tenemos todo documentado”

El documento que Cinta Pascual presentó el viernes en el Congreso viene a poner en claro todo esto que ha estado pasando en las residencias. Su relato sorprendió a muchos diputados pero, desde entonces, las distintas formaciones políticas no han dejado de echarse las culpas unas sobre las otras. En todo caso, frente al aluvión de demandas que se espera, la asociación que preside Pascual tiene todo documentado para facilitar las cosas en caso de que haya que dirimir responsabilidades.

Tuvieron un episodio bastante lamentable. Les hacía falta material, lo compraron, pero fue a parar a otro lugar.

Nosotros hicimos una compra conjunta, cuando los expertos en epidemiología nos dijeron que estábamos solos y teníamos que buscar las herramientas. A la compra se unieron algunas grandes empresas funerarias que estaban en la misma situación. Esa compra llegó a un aeropuerto español, el 1 o 2 de abril. El día 9, después de estar cada día haciendo seguimiento, nos dijeron que no estábamos en las listas y que eso se iba para los hospitales. No teníamos EPI y no nos dejaban acceder a los hospitales. Es de una impotencia tan grande… no sabes qué hacer. El dinero nos lo devolvieron, pero yo no quería el dinero, quería los EPI. Lo tenemos todo en correos electrónicos y queda todo para aprender, para que esto no vuelva a pasar.

¿Tienen pensado emprender algún tipo de acción legal?

Nosotros hemos documentado todo por si esto pasaba y teníamos que tomar acciones legales. En estos momentos hemos dado prioridad a lo que hace falta ahora, como la Comisión de Reconstrucción, pero tenemos estos temas y otros encima de la mesa. Lo importante es que hablamos de modelo de futuro y, a corto plazo, ver cómo vamos a trabajar el rebrote.

¿Y qué hay que hacer?

Hay que trabajar la coordinación sociosanitaria, que no falten derivaciones a los hospitales. Llevamos tres años reclamando una mejor coordinación sanitaria y tener una historia clínica compartido. Si esto lo hubiéramos tenido, no habría fallado como lo ha hecho. No se si es por las arrugas o qué, pero no nos hacen el caso que nos deberían hacer. Hemos pedido hora al presidente y al vicepresidente y nos gustaría explicarles los planes de presente para el rebrote y los planes de futuro. Llevamos meses pidiéndolo, ahora debería ser así.