Principios de los años 90. Francisco Javier Iglesias, inspector jefe de Trabajo y de la Seguridad Social en Zamora, ha dejado atrás esa juventud de lucha estudiantil antifranquista por las calles madrileñas y sus primeros tiempos como funcionario en Soria y Guipúzcoa. Ahora tiene un buen sueldo y una estabilidad laboral que le permite no tener que mudarse de una provincia a otra.
Su hijo, Pablo Iglesias, que todavía está en el instituto, vive con la madre, la abogada María Luisa Turrión, en un piso de Vallecas (Madrid). A padre e hijo los separan 250 kilómetros por carretera, pero hablan y se ven con relativa frecuencia.
Cada mañana, Francisco Javier, separado de la mujer con la que tuvo a su único hijo en octubre de 1978, trabaja ocho horas al día buscando fraudes de empresas en materia laboral o como mediador en convenios colectivos.
Vive solo en Zamora y está afiliado a IU. Durante sus ratos libres ve cine, relee clásicos de la literatura como El Príncipe, de Maquiavelo, o libros de Julio Verne, y escucha a cantantes como Paco Ibáñez o Luis Eduardo Aute.
Pablo Iglesias junto a su padre, Javier.
Sin embargo, dos tardes a la semana rompe su rutina de trabajo matutino y se evade del papeleo administrativo acudiendo a la Escuela de Graduados Sociales de Zamora. Allí imparte clase de Historia Social Contemporánea e Historia de Relaciones Laborales durante una hora cada día, de ocho a nueve de la noche. Con ellas se gana un pequeño sueldo extra.
El profesor Francisco Javier es un buen orador. Sus alumnos lo quieren. Incluso otros docentes acuden al aula para verlo impartir la materia.
Pero el 14 de abril de 1994 el Ministerio de Administraciones Públicas le comunica que no puede continuar con su labor docente. Le dicen que es incompatible con su carrera de funcionario, circunstancia que le supone una enorme desazón. Ha de “optar por uno” de los empleos, señala la resolución.
Pero Francisco Javier Iglesias saca a relucir ese carácter luchador de su juventud que, en 1972, lo llevó a unirse al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). El inspector jefe de la Dirección General de Trabajo en Zamora no renuncia a seguir dando clases. Decide recurrir a la justicia. Presenta un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, que lo admite a trámite.
Durante dos años, Francisco Javier Iglesias está alejado de las aulas. El 21 de mayo de 1996, un tribunal compuesto por tres jueces de la Audiencia Nacional vota el fallo. Los magistrados deben posicionarse acerca de la petición del recurrente, que “solicita la anulación de la resolución [del citado ministerio] y que se reconozca su derecho a compatibilizar ambos puestos”.
Francisco Javier Iglesias alega que el artículo 4 de la Ley 53/1984 señala que “se podrá autorizar la compatibilidad (...) para desempeñar un puesto de trabajo como profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a tiempo parcial, es decir, que no supere las 30 horas semanales”.
Ocho días después de que el tribunal debata el fallo, el 29 de mayo de 1996, el magistrado ponente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Eduardo Menéndez Rexach, firma la sentencia por la que se le da la razón a Francisco Javier Iglesias, según la documentación a la que ha accedido EL ESPAÑOL.
Sentencia en la que se la da la razón a Francisco Javier Iglesias.
Pero su vuelta a las clases se retrasará todavía unos meses, hasta el 30 de octubre de 1996, cuando el fallo se publica “para general conocimiento y cumplimiento” en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
“Se desvivía en sus clases”, explica un antiguo compañero en aquella escuela adscrita a la Universidad de Salamanca. “Se le notaba que llevaba la docencia en la sangre y que disfrutaba enseñando a los alumnos. Más que un trabajo, y aunque se tomaba muy en serio lo que hacía, parecía ser una diversión para él”.
Por ese año, 1996, el hijo de Francisco Javier Iglesias, Pablo Iglesias Turrión, acababa de acceder a la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense en Madrid. Hoy, un cuarto de siglo después, aquel joven enjuto y de pelo largo recogido en una coleta es vicepresidente segundo del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.
Su padre está jubilado y enfermo a causa de problemas renales. Sigue residiendo en Zamora, donde lleva una vida discreta pese a que en las últimas elecciones municipales cerró la candidatura de Podemos en la ciudad, un puesto simbólico más que otra cosa ya que sabía de antemano que no iba a ser elegido concejal.
No vio un fraude en aquel centro
Pero Francisco Javier Iglesias no es el único profesor combativo que ha pasado por la actual Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Zamora. Dos docentes denunciaron en 2016 al centro universitario por “infracción continuada en materia de seguridad social”.
En el caso de uno de ellos, quien llegó a exponerle su situación al Defensor del Pueblo, la escuela no lo tuvo dado de alta en la Seguridad Social desde 1984, cuando empezó a impartir clases allí, hasta el 1 de julio de 2015. Es decir, 31 años.
Curiosamente, durante alrededor de dos terceras partes de ese período de tiempo Francisco Javier Iglesias, que ya era profesor en la escuela, ostentaba el puesto de inspector jefe de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en Zamora.
El hombre encargado de velar por el cumplimiento estricto de la legislación laboral en la provincia no fue capaz de detectar aquel fraude que se estaba dando en el lugar donde él también impartía clases.
El 2 de marzo de 2017, Raúl David Ramos, el funcionario que sustituyó al padre de Pablo Iglesias como inspector jefe de Trabajo en Zamora, dio la razón a uno de los dos profesores que denunciaron -también se la daría después al otro docente-.
Ramos obligó a la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales a pagar las cuotas de la Seguridad Social de los cuatro años últimos, ya que la infracción cometida durante los anteriores había prescrito.
El 25 de febrero de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revocó una sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Zamora. De nuevo ganaba ese mismo docente, cuyo trabajo principal era el de funcionario en una diputación de Castilla y León que compaginaba con su labor universitaria.
El TSJCL obligó a la escuela a reincorporar al profesor, que en febrero de 2016 solicitó una excedencia voluntaria, y a abonarle los 728 euros mensuales que había dejado de percibir durante tres años.
Su paso por prisión
El 26 de abril de 1973, un joven de 19 años llamado Francisco Javier Iglesias Peláez repartía propaganda -por entonces ilegal para el Régimen de Franco- para la celebración del 1 de Mayo.
Ese día, la Policía franquista lo arrestó en Madrid. Desde un año antes, el padre de Pablo Iglesias formaba parte del comité que había creado el FRAP y de su rama estudiantil, la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE).
Entre él y sus camaradas repartieron hasta 400.000 octavillas en fábricas, barrios, institutos y facultades. Además de combatir en la calle contra la dictadura, Francisco Javier estudiaba Derecho en la Universidad Complutense.
Aquel Día del Trabajador lo vivió dentro de la prisión de Carabanchel, donde había ingresado el 28 de abril, dos días después de su detención. Allí fue a visitarlo en dos ocasiones un joven abogado llamado José Bono, que ejercía de pasante en el despacho laboralista de Enrique Tierno Galván. El Franquismo consideraba al FRAP un grupo terrorista.
“Mi recuerdo de aquellas entrevistas en la cárcel de Carabanchel con el padre de Pablo Iglesias es el de un joven antifascista”, explicaba a este periódico el exministro socialista José Bono el pasado 28 de mayo. “En él no había nada que sugiriera actividad terrorista. Hay que recordar que el régimen de Franco acusaba de terrorista a quien le convenía”.
“Estuve en la cárcel hasta junio”, dijo hace dos años al diario Público el padre del hoy vicepresidente. “Éramos unos críos, y o pagabas 100.000 pesetas o te tirabas un mes de cárcel”.
En 1975, el FRAP dio su verdadero salto al terrorismo. En el verano de aquel año sus miembros asesinaron a un policía, a un guardia civil y a un peluquero de la Policía Armada.
Uno de los cuatro condenados por aquellas muertes fue amnistiado. A los otros tres se les fusiló el 27 de septiembre de ese año. Se trató de las últimas ejecuciones ordenadas por Franco, que moriría dos meses después.
Fuera del FRAP
Por ese tiempo, Francisco Javier Iglesias ya había dejado la militancia en el FRAP. “Yo abandoné la organización a principios de 1974”, comentaba también a Público el pasado 28 de mayo, horas después de que la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo llamara al vicepresidente del Gobierno “hijo de terrorista”.
En esa entrevista, Francisco Javier Iglesias no sólo hablaba de su pasado. También comentaba acerca de su presente. Decía: “Solo soy un funcionario jubilado y enfermo, que vive en Zamora y no molesta a nadie”. A sus 66 años, Francisco Javier Iglesias milita ahora en Podemos, donde tiene un papel muy secundario aunque asiste a sus asambleas. Atrás queda aquel tiempo, allá por 1986, cuando se presentó a las elecciones por IU en Soria.
Portada de 'Stalin en España. La gran excusa', escrito por Francisco Javier Iglesias.
Hace 12 años, el padre de Pablo Iglesias publicó el libro Stalin en España. La gran excusa (Editorial Raíces). Pese a no querer convertir el título en “una defensa de Stalin”, asegura que “el mito” de éste como “malvado ogro comunista” sirvió de excusa en España para el alzamiento de Franco y para la “vergüenza” de la no intervención de la URSS en la Guerra Civil.