Este pasado viernes, horas después de que la Guardia Civil detuviera al narcotraficante Antonio Tejón cuando se disponía a salir en libertad de la prisión de Albolote (Granada), agentes del Instituto Armado arrestaron a Trinidad S. P. y a su pareja sentimental, Maite A. A.
De nuevo, por enésima vez en los dos últimos años, se producía el sobresalto entre los compañeros de la comandancia de la Guardia Civil en Algeciras (Cádiz), donde desde el verano de 2018 se han detenido a 23 de sus miembros.
A Trinidad S. P., destinada en el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), se le acusaba de facilitar la actividad delictiva de ‘el Castaña’ y de proporcionarle un canal para blanquear su dinero a través de la empresa de su novia, María Teresa A. A. Lo que era un secreto a voces entre los agentes de Algeciras, según las fuentes consultadas, pasaba al terreno de la justicia.
Al día siguiente -este pasado sábado-, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras, Carmen Martínez Perza, permitía que Antonio Tejón y la agente de la Guardia Civil a la que presuntamente corrompió quedasen en libertad con cargos si pagaban 12.000 euros de fianza. El narco lo hizo esa misma noche.
La magistrada pidió 8.000 euros a María Teresa A. A. si quería eludir la prisión. El debate en la comarca del Campo de Gibraltar volvía a estar servido a causa de una controvertida medida judicial, cuando la Fiscalía Antidroga había solicitado prisión incondicional para el narco y 25.000 euros de fianza para Trinidad y María Teresa.
Pero más allá de la polémica, el auto emitido por la jueza Martínez Perza arroja luz sobre los mecanismos que los traficantes de droga usan para blanquear el dinero que obtienen de su venta. Además, descubre un submundo de corrupción, de rumores de supuestas implicaciones y de favores casi siempre muy bien pagados.
La reunión con 'el Castaña'
Finales de 2014. El cabo primero Miguel Ángel F. trabaja con Trinidad S. P. en el EDOA de Algeciras. Son compañeros en la lucha contra el narco. Miguel Ángel es manipulador de fuentes, dice la documentación a la que tiene acceso EL ESPAÑOL. Trata con delincuentes que quieren facilitarle información sobre el negocio del hachís.
Antonio Tejón, el menor de los dos hermanos conocidos como ‘los Castañas’, y Miguel Ángel F. entablan una relación cercana. “La amistad [entre ellos] llegó a tal magnitud”, que el cabo primero “se corrompió y comenzó a facilitar información” al clan de Antonio y Francisco Tejón, “la cual manejaba gracias a su trabajo en el EDOA”. “Todo ello, a cambio de una remuneración económica”, sostiene la jueza.
Pero, por un motivo que no aclara la jueza, el cabo primero Miguel Ángel F. decide dejar el cuerpo y solicita una excedencia voluntaria. Antes de dejarlo, “puso en contacto” a Antonio Tejón con su compañera en el EDOA Trinidad S. P. Así, los tres, más la pareja de Trinidad y un gestor, Emilio M. M., mantuvieron una reunión.
“El objeto de ese contacto”, dice la jueza, “era el de inyectar dinero en efectivo procedente del narcotráfico” en Talleres Goyma, la empresa de Maite A. A. y pareja de la agente Trinidad S. P.
A cambio, Antonio Tejón recibiría información privilegiada sobre las investigaciones del EDOA. Tras aquella reunión, el EDOA de Algeciras “no llegó a culminar ninguna operación de narcotráfico contra la organización” de ‘los Castañas’.
A su vez, en ese encuentro se acordó que la por entonces pareja de Antonio Tejón y madre de varios de sus hijos, Zaraida L., empezaría a trabajar en Talleres Goyma “con el único objetivo de cotizar” ante la Tesorería General de la Seguridad Social. “No desempeñó ningún tipo de actividad” allí, dice el auto. En total, Zaraida L. apareció como empleada de la citada empresa cinco meses, aunque de manera discontinua en el tiempo.
En ese momento, Talleres Goyma “atravesaba una profunda crisis” que la llevaba a “no poder hacer frente al pago de sus deudas contraídas”. Sin embargo, tras aquella reunión y la llegada de la pareja de Antonio Tejón a la empresa, “las cuentas bancarias” vinculadas a Maite A. A. “mostraron un aumento exponencial”.
Antonio Tejón, acompañado por agentes de la Guardia Civil, el viernes de la semana pasada.
A raíz de aquel encuentro, la guardia civil Trinidad S.P. y su pareja sentimental empezaron a viajar y a frecuentar lujosos hoteles. Además, entre febrero y junio de 2016, Maite A. A. desembolsó 10.000 euros como señal para adquirir el local al que acabaría trasladando su negocio, y se gastó 30.000 euros entre maquinaria y herramientas, además de 75.628 euros en las obras para adecuar la instalación, según las facturas presentadas por el constructor que hizo la reforma.
Los investigadores policiales y la Fiscalía Antidroga sostienen que, al menos, se movieron al menos 2,23 millones entre las cuentas de los distintos investigados. “Durante el período analizado, se ha observado que las investigadas han movido una cantidad de dinero que asciende a 11,15 millones, de los cuales 2,23 son de origen desconocido y, por consiguiente, considerados ilícitos”.
El capitán que conoció algunos detalles
Otro agente que podría salir mal parado en próximas fechas, según se deduce del auto de la jueza del número 4 de Algeciras, es Pablo L. C. S., hoy capitán de la Guardia Civil destinado fuera de Algeciras, antiguo teniente del EDOA en la ciudad gaditana y por ese entonces jefe de Trinidad S.P.
En base a varias intervenciones telefónicas efectuadas por los investigadores, éste mantuvo una “estrecha amistad” con Maite A. A. -la pareja de Trinidad-. En uno de esos pinchazos, Maite A. A., la propietaria de Goyma, llega a reconocer al antiguo jefe de su novia que sabe que a ambas se les está investigando desde hace un año. También le cuenta que mantuvieron una reunión con el cabo primero Miguel Ángel F. para contratar a Zaraida L., la mujer del narcotraficante Antonio Tejón.
Finalmente, Antonio Tejón cayó detenido a principios de junio de 2018. Tras haber ingresado, presuntamente, en las cuentas de Maite A. A. más de dos millones de euros en pequeñas cantidades en efectivo durante años, una vez 'el Castaña' “desaparece de la vida pública” debido a su entrada a prisión, “los ingresos caen en picado”, no superando los 40.000 euros en 2019.