Así ayuda la ley al okupa: cómo la retuercen y cómo puedes evitar la okupación hasta que cambie la norma

El fenómeno de la okupación crece cada día en España. Según los últimos datos, anualmente, 12.000 propietarios sufren okupaciones en sus domicilios, sean segundas residencias o no. Esto significa que, de media, cada día 33 viviendas son okupadas. Esta cifra, de hecho, ha crecido desde 2013, el primer año en el que existen datos al respecto. Entonces, sólo hubo 7.700 denuncias. En estos años han aumentado un 58% las okupaciones en todo el territorio. El incremento, en este sentido, tiene que ver con que la legislación dificulta el desalojo de estos usurpadores. En muchos casos, los inquilinos ilegales se instalan con menores, por lo que la ley complica el desahucio de familias con niños.

Pero, ¿cómo actúan los okupas para poder establecerse durante largos periodos en un domicilio ajeno sin que el propietario pueda echarles de su casa? La manera de actuar es siempre la misma. Los usurpadores allanan un domicilio, que normalmente ya tienen estudiado, de un modo sigiloso. De este modo, evitan que cualquier vecino o persona cercana al propietario se dé cuenta de que el okupa se ha colado en la casa.

Su objetivo es pasar inadvertido durante las primeras 72 horas establecidas por la ley para poder demostrar que ya están establecidos en la propiedad. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya no podrán expulsar a los indeseables inquilinos de la vivienda, ya que sólo lo podrían hacer durante las primeras 48 horas. Habrá que esperar a una orden judicial.

Y es que los okupas saben perfectamente cómo deben actuar para lograr su objetivo de establecerse en la casa. EL ESPAÑOL, en este sentido, se ha puesto en contacto con Marino Fernández-Bravo, abogado del despacho Fernández-Bravo, para que explique qué hacen los okupas para evitar su desahucio.

“Emplean todo tipo de técnicas dilatorias para alargar al máximo el procedimiento de desahucio, evitan que sean identificados en la vivienda haciendo que el procedimiento se alargue no acudiendo cuando son requeridos judicialmente, de tal forma que se prolongan en la posesión de la vivienda mucho más tiempo del que desearía el propietario. Otras veces, llegan a falsificar documentos de titularidad de la vivienda”, explica el letrado.

La cerradura de una puerta reventada por okupas, en una vivienda de Marinda D'Or. E.E.

De hecho, una de las técnicas más usadas por los okupas es la de establecerse con un menor, por lo que entra en juego la amplia protección a la infancia con la que cuenta España y dificulta la pronta expulsión. “Se utiliza como eximente de estado de necesidad. Lo que puede rebajar las condenas y alargar el procedimiento”, argumenta Fernández-Bravo.

Así, pasadas las primeras 48 horas de okupación, será cuando empiece el quebradero de cabeza del propietario. Jurídicamente, el dueño de la vivienda okupada tendrá dos vías legales para que le sea devuelta su casa, según explica el abogado Fernández-Bravo.

Por un lado, la vía civil en la cual el propietario deberá “formular una demanda de desahucio contra ignorados ocupantes”. Y, por otro lado, la vía penal en la que también se ha de formular la denuncia para intentar probar un “delito de usurpación, recogido en el art. 245 del Código Penal” y cuyas penas son de uno a dos años de prisión “si la ocupación se realiza con violencia o intimidación en las personas que ocuparan el inmueble” o “una pena de multa de tres a seis meses, cuando se okupe, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio” en el caso de que no se logre probar si la okupación fue con violencia.

Dilatados procesos judiciales

El problema es que el litigio entre propietario y okupa puede dilatarse en el tiempo. De media, según el abogado, los procesos pueden durar hasta “unos cinco o seis meses. Aún así, depende del Juzgado y del colapso de la justicia que se ve agravado por la situación sanitaria actual”. Un tiempo en el cual el usurpador, en compañía de su familia, o de otros inquilinos ilegales disfrutan de la casa. De la luz, del gas, del agua… de todo.

Una casa okupada en el municipio gallego de A Zapateira.

Es más, una vez resuelto el procedimiento, si la vivienda ha sufrido desperfectos, el dueño de la casa será quien deba hacer frente a las pertinentes reparaciones, ya que los okupas se suelen declaran insolventes a la hora de indemnizar. Pese a la tardanza, normalmente, la justicia da la razón al propietario. Sin embargo, Fernández-Bravo, destaca la “indefensión del propietario, dado que en realidad los procedimientos se demoran bastante debido a la carga de trabajo de los juzgados y a que no hay medios suficientes para agilizar estos procedimientos. Más aún, el hecho de iniciar un procedimiento judicial, está suponiendo un gasto para el propietario”.

Pese a ello, el Gobierno de España en junio de 2018 aprobó una ley de desahucio exprés, la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que ha agilizado de alguna medida la desokupación. Sin embargo, algunos juristas siguen pensando que la norma es insuficiente y que provoca indefensión para el propietario porque la primera notificación del juzgado suele llegar a los seis meses de inicio del procedimiento. Demasiado tarde, porque el okupa llevará ese tiempo en la vivienda.

“Pese a que la Ley 5/2018, de 11 de junio, pretende que el proceso dure lo menos posible, la carga de trabajo en los juzgados hacen inviable ejecutarla de forma adecuada. Lo que falla, desde nuestra opinión, es la falta de recursos en la justicia y, sobre todo, no contar con procedimientos especializados para estos supuestos especiales”, argumenta el abogado Marino Fernández-Bravo a este periódico. En otras palabras, la norma ha quedado coja por el colapso en los tribunales, por lo que las okupaciones no han parado de aumentar.

La posición de los partidos

La problemática, en la actualidad, sigue sobre la mesa. Y la opinión de las cinco fuerzas parlamentarias con mayor representación en el Congreso (PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Cs) sigue, a día de hoy, siendo muy diferente. Por un lado, los partidos de centro derecha apuestan por el endurecimiento de las penas para los okupas tanto a nivel penal como civil. Por otro lado, las fuerzas de centro izquierda ponen su foco en la alternativa habitacional de los okupas para poder explusarlos. EL ESPAÑOL repasa la posición de los partidos en torno a la cuestión.

Una de las propuestas más recientes de una ley antiokupas la ha planteado Ciudadanos. Este partido, PP y Vox han registrado hasta cuatro proposiciones de ley este mes de julio con el fin de luchar contra la lacra de las okupaciones y que se debatirán este mes de septiembre. Así, el pasado 10 de julio, la formación naranja registró una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para endurecer el delito de usurpación, regulado en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También, el partido liderado por Inés Arrimadas plantea agilizar las expulsiones de los okupas que se adueñen de una casa ilegalmente.

Edmundo Bal, portavoz del grupo Ciudadanos, en una intervención en el Congreso.

El portavoz de la formación, Edmundo Bal, explicaba que endurecer la legislación daba herramientas a los jueces para expulsar a los okupas, a más tardar, en seis meses. Lo harían a través de una vista previa si los usurpadores no pueden demostrar su derecho de uso de la vivienda. Así, se agilizaría el proceso de desokupación que puede demorar hasta dos años, en función de la saturación de los tribunales. Además, esta formación prevé aumentar la prescripción del delito de usurpación de un año a cinco.

El Partido Popular, por su parte, quiere regular la desokupación en una línea similar a la de la formación liberal. Este mismo mes de julio, de hecho, hizo una proposición de ley, cuyo fin principal era “agilizar la desokupación de las viviendas” y “dar fuerzas a los tribunales ante una demanda de un particular”, ya que, según sus cálculos, se producen hasta 40 okupaciones cada día en España.

Pero, ¿qué propone el principal partido de la oposición? Agilizar tanto los procesos penales como civiles para que, cuanto antes, el okupa sea expulsado de la vivienda usurpada. También, el partido de Pablo Casado se ha inclinado por endurecer el delito de usurpación, eliminando la sanción de multa para las okupaciones sin violencia para modificarla por una pena de prisión de uno a tres años.

“Con una patada en el culo”

La posición de Vox frente al problema de la okupación es la más radical de todas. Santiago Abascal, por ejemplo, en la campaña electoral previa a las elecciones generales del 28 de abril de 2019, defendía que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberían poder desalojar a los okupas “con una patada en el culo” y sin necesitar que se inicie un proceso judicial. ¿Cómo? Mediante la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que el partido entiende que se está cometiendo un delito flagrante incluso pasadas las 48 horas actuales.

Así, la formación de derecha radical defendía que la casa okupada debería poder ser desalojada “inmediatamente”. Su posición, en la actualidad, ha variado poco. Su portavoz adjunto de justicia, Eduardo Ruiz, afirma que el problema de los okupas es que “tienen sensación de impunidad”. Por ello, además de defender el uso la fuerza policial como una solución fundamental para la desokupación exprés, proponen aumentar la pena de dos a seis años de cárcel para el delito de usurpación sin violencia, actualmente sancionado con una multa.

El PSOE se ha pronunciado menos respecto al problema de la okupación y siempre se ha inclinado por promover la vivienda de alquiler social. Ahora, confía también en fortalecer una renta básica de emancipación. De hecho, se verá en las dicotomía de admitir a trámite o no la recientes proposiciones de ley de PP, Ciudadanos y Vox o mantenerse del lado de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, que defiende prohibir el desalojo de usurpadores “sin una alternativa habitacional”.

La medida estrella de prevención

Mientras que sigue habiendo tira y afloja en la política sobre cómo se debe afrontar el problema de la okupación en España, los propietarios pueden tomar medidas previas para evitar que sus viviendas sean okupadas. En ese sentido, lo primero que debe  hacer el propietario es poner una alarma. “Si tienes este dispositivo y entran en tu casa, se interpreta como una tentativa de robo, se registra el aviso y la policía saca a los delincuentes a la calle en el 99,9% de los casos”, explicaba a este medio la empresa Fuera Okupas, que ha crecido durante los últimos años en paralelo del aumento de okupaciones.

Un agente de la empresa Fuera Okupas. Jorge Barreno

De hecho, es la medida estrella, ya que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen la competencia de desalojar, sin orden judicial, una casa okupada durante las primeras 48 horas desde el inicio de la okupación. De ahí que los usurpadores, los primeros días quieran pasar desapercibidos, para que no se denuncie y la Policía pueda echarles de buenas a primeras. Así, una alarma de aviso directo a los cuerpos policiales, quienes se personarían en la vivienda con la potestad para desalojarla, puede evitar que los inquilinos ilegales se establezcan en un domicilio más de lo que desea el propietario.

La primera entrega: (I) 100 españoles con su casa okupada: las víctimas impotentes de la patada en la puerta

La segunda entrega: (II) El drama okupa de los 35 vecinos de Colmenar de Oreja: Juan ha perdido hasta las cenizas de su hijo