Las condiciones del campamento de inmigrantes irregulares habilitado en el puerto de Escombreras no eran las adecuadas: los argelinos llevaban cinco días durmiendo en el suelo porque no había camas, solo disponían de una ducha para asearse en la acera y de las temperaturas de cuarenta grados se protegían bajo carpas donde se juntaban unos con otros, a pesar de que la Consejería de Salud había detectado 34 casos positivos por coronavirus entre los 454 tripulantes de las 31 pateras que el pasado viernes llegaron al litoral de la Región de Murcia. La tensión iba en aumento y la pasada madrugada se produjo la fuga de un centenar de argelinos aprovechando la inferioridad del retén policial.
“Éramos doce policías para casi trescientos inmigrantes y al final ha pasado lo que tenía que pasar: se han ido amotinando unos cuantos y en milésimas de segundo han tirado las vallas perimetrales y los aseos, corriendo en estampida, y se han escapado”, tal y como narra a EL ESPAÑOL un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. “Llevaban ya varios días y varias noches y no son tontos, han visto que somos muy pocos”, insistía este agente sobre las deficiencias del retén policial dispuesto para custodiar a los argelinos. “Estuvimos todos los indicativos dando batidas por la noche”.
El mencionado puerto se ubica en Cartagena y los zetas no dejaron de patrullar por los alrededores para dar con los inmigrantes irregulares que se habían escapado. “La fuga ocurrió después del cambio de turno”, según precisa a este diario otro agente. En ese momento habían 259 argelinos en el campamento y de una tacada cien se fugaron provocando el caos en las instalaciones portuarias. “Se cogieron a unos 30 o 35: algunos se pudieron tirar al agua y otros estarían por el puerto si no lograron salir”.
Motín en el puerto de Cartagena: 100 argelinos irregulares se fugan
El trabajo de la Policía Nacional ha sido muy intenso en las últimas horas debido a la alerta sanitaria que se podía producir puesto que la Consejería de Salud llevaba reclamando a la Delegación del Gobierno, desde el sábado, la cesión de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete Fuster para poder someter en esas instalaciones a una cuarentena a 150 inmigrantes sospechosos de coronavirus por haber estado en contacto con los 34 positivos de Covid-19. De forma que los agentes se afanaron en localizar a los fugados porque podían ser portadores del bicho y contribuir a expandirlo por las calles de Cartagena en plena oleada de rebrotes en la Región de Murcia donde ya hay 483 casos.
Solo hay quince fugados
La Delegación del Gobierno acaba de confirmar a este diario que en este momento se han localizado a 85 de los inmigrantes irregulares fugados. “No ha habido ningún motín”, según han subrayado fuentes gubernamentales. “Sólo faltan 15 por ser devueltos al centro donde guardan cuarentena”. Las patrullas del Cuerpo Nacional de Policía siguen trabajando para dar con su paradero.
Un miembro de la Policía Judicial equipado con un EPI se adentra en la carpa habilitada para tomar las huellas.
Esta fuga se ha producido después de las duras críticas realizadas por los sindicatos policiales CEP, SUP y JUPOL y la ONG Convivir sin Racismo por las carencias que presentaba el campamento de inmigrantes del puerto cartagenero de Escombreras. Además, esta polémica ha estado aderezada por el tira y afloja entre la Delegación del Gobierno y la Consejería de Salud para ver quién debía encargarse de dar una situación habitacional a los inmigrantes puesto que la Policía Nacional solo podía custodiarlos durante 72 horas y debido a la pandemia de coronavirus todos los inmigrantes deben someterse obligatoriamente a una cuarentena supervisada por un espacio de dos semanas.
El auto del juzgado
La pugna entre la Administración estatal y el Gobierno regional acabó en el Juzgado de lo Contencioso número 4 de Murcia que este martes emitió un auto en el que realizó la siguiente reflexión: “Resulta desproporcionado que en el estrecho margen de este incidente cautelarísimo se decida por el Juzgado sin dar audiencia a ambas partes implicadas (Delegación del Gobierno y Consejería de Salud) cual es el título competencial preponderante que habilite a dar alojamiento si la materia de extranjería o la materia de salud pública: cuando en realidad se trata de competencias superpuestas entre sí, pues el ciudadano extranjero que se encuentra irregular en España está sometido con carácter general a la legislación estatal en materia de extranjería y de forma particular puede o no estar sometido a la legislación de salud pública que limite su movilidad por razón de riesgo a la misma si se encuentra contagiado por Covid-19”.
Finalmente el juzgado desestimó la petición de la Abogacía del Estado de suspender de forma cautelar la obligación impuesta a la Delegación del Gobierno de proporcionar alojamientos públicos. A día de hoy el campamento sigue desplegado en Escombreras y los representantes del Gobierno de España insisten: “No es un campamento. Es una sola instalación. La responsabilidad de la cuarentena es de Salud, son ellos los que tienen que facilitar la solución habitacional”. Por su parte, la Consejería de Salud ha solicitado ayuda al Ejército para que aporte infraestructuras para cuarentena a los contactos estrechos, pero el departamento del consejero Manuel Villegas todavía no ha obtenido respuesta. De forma que todo apunta a que los argelinos seguirán achicharrándose en el puerto.
Decenas de inmigrantes argelinos durmiendo pegados en el suelo pese a los riesgos de contagios por Covid-19.
En cuanto a los 34 positivos por coronavirus detectados entre los argelinos su pronóstico no reviste gravedad. Dos de ellos se encuentran ingresados en el Hospital Santa Lucía de Cartagena y otros 32 en el centro hospitalario concertado Virgen de la Caridad.
Malestar entre los funcionario
El malestar empieza a cundir entre los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que están destinados en las instalaciones portuarias. “Hay montones gigantescos de coque, clinke, azufre o lo que sea, cerca de nosotros y las ratas son enormes: se ven correr de un lado para otro cerca nuestra”, ejemplifica un agente sobre el panorama con el que están trabajando. “Era de esperar lo que ha pasado, tal y como advertimos: no había ni medidas de seguridad, ni fuerza suficiente”, reflexiona otro funcionario público desde el anonimato para no ser expedientado.
“Además, ha habido revolcones con los inmigrantes fugados para detenerlos y para que luego nos digan que todo esto no es merecedor de un reconocimiento de forma de extraordinaria y que nos hagan las pruebas PCR a todos”.
José Torrano, secretario general regional de la Confederación Española de Policía (CEP), critica que “estos compañeros están poniendo en riesgo su salud por la responsabilidad con la que aceptan su cometido, pero el contagio de algún miembro de su familia será algo que inexcusablemente recaerá sobre la conciencia de un Gobierno que ha dejado a sus policías a los pies de los caballos”. Torrano recuerda que “lo veníamos anunciando, las condiciones en las que estaban los inmigrantes en el campamento improvisado de Cartagena y la actitud mostrada por algunos de ellos acabaría en un motín que podría haberse saldado de manera drástica para alguno de nuestros compañeros”.
Dos policías nacionales custodian bajo un sol a los inmigrantes del campamento de Escombreras.
A juicio de la Confederación Española de Policía (CEP) las administraciones estatal y regional deben dejar de pasarse la patata caliente de quién debe proporcionar una solución habitacional a los inmigrantes irregulares: “Es hora de dejar los intereses políticos de lado y si de verdad quieren una solución al problema, prioricen la defensa de los ciudadanos de la Región de Murcia y por extensión la de los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía”.
Javier Monje, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Murcia, coincide en hacer la misma reflexión: “Mientras los unos y los otros se dedican a pasarse la pelota, los policías nacionales tienen que lidiar con este grave problema sin los medios humanos ni materiales suficientes”. Monje exige que se someta a pruebas PCR a todos los agentes que han pasado por las instalaciones portuarias del Valle de Escombreras.
“Cada día que pasa se hace más urgente la creación de un CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) con una capacidad suficiente para dar respuesta al fenómeno migratorio que viene soportando la Región estos últimos años, con ello conseguiríamos un lugar más seguro para los policías nacionales encargados de la custodia y más digno para los propios inmigrantes”, según ha subrayado el secretario de SUP.