Las mafias de pateras argelinas se ceban con Murcia: el éxodo crece un 74% por el cambio de rutas

“Insostenible, desbordante, aluvión, avalancha...”. Estos son algunos de los términos a los que recurren miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para definir el boom de inmigración irregular que se está viviendo en la Región de Murcia durante 2020: un año en el que la llegada de pateras se ha incrementado un 74% respecto a las cifras registradas durante todo 2019. El porcentaje es doblemente reseñable si se tiene en cuenta que todavía falta un trimestre para cerrar el ejercicio. Para obtener el mencionado dato EL ESPAÑOL ha tenido que recurrir a organizaciones no gubernamentales y fuentes policiales porque a través de las administraciones oficiales no se ha facilitado la estadística recurriendo a distintos argumentos.

El objetivo de la petición de este diario era analizar la presión migratoria irregular que está soportando el litoral murciano en un año de récord fruto del cambio en la actividad de las mafias de trata de seres humanos. Las rutas en patera desde el Estrecho, según fuentes policiales, se han trasladado al triángulo formado por las costas de Argelia con Almería, Murcia, Alicante y Baleares. Prueba de ello es que este martes tomaron tierra en la Región un total de 329 argelinos en una oleada de pateras similar al desembarco del 24 de julio cuando se contabilizaron 454. Todo ello está generando desde motines a fugas en los espacios donde se custodia a los inmigrantes, incluso quejas de los sindicatos y las ONG por las malas condiciones de trabajo de policías nacionales y guardias civiles y la precariedad de la acogida que se está brindando a estos ciudadanos extranjeros.

La Delegación del Gobierno en Murcia asegura que la estadística está centralizada en Madrid y no puede ofrecer la cifra de inmigrantes en situación irrregular que llegaron a las costas murcianas entre enero y septiembre de 2019 y en el mismo periodo de 2020. De forma que este diario se dirigió al Ministerio del Interior ampliando la petición: datos mensuales de ambos años y por autonomías para comparar la situación de la Región con otras comunidades. Desde Interior facilitaron la estadística desglosada de 2019, pero no la de 2020 aludiendo a este motivo: “Al tratarse de datos por consolidar, no dispones de desglose oficial por comunidades autónomas hasta año vencido, menos para Canarias, por motivos obvios”. En teoría, esto supone afirmar que en septiembre todavía no saben cuántos inmigrantes llegaron a tierras murcianas en enero, febrero o marzo (?).

El método de gestión de la estadística de inmigración irregular que realiza el Ministerio no lo comparte el sindicato policial JUPOL y por este motivo ha creado un grupo de trabajo que semanalmente realiza un balance recabando datos de Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valencia, Canarias e Islas Baleares. Tal situación se debe a que al dar los datos por autonomías a año vencido trascienden con retraso problemas específicos de cada territorio. Es el caso del que se está produciendo en el litoral murciano donde a lo largo de todo 2019 se registraron 1.436 inmigrantes irregulares, un dato que contrasta con los 2.500 que ya han tomado tierra entre enero y septiembre de 2020, según datos de organizaciones no gubernamentales y fuentes policiales. El trasiego de pateras se ha disparado exponencialmente en las playas murcianas.

Cartagena: puerto de destino

Desde el ministerio de Fernando Grande-Marlaska sostienen que los flujos de inmigración irregular cotizan a la baja en España gracias a acciones específicas, como la creación de la Autoridad de Coordinación para combatir a las mafias que trafican con personas en el Estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes. También resaltan los catorce viajes de trabajo realizados por el ministro a distintos puntos de África y la colaboración establecida entre las Fuerzas de Seguridad españolas y sus homólogos africanos. “Esta política migratoria ha demostrado su efectividad al haber conseguido reducir las llegadas irregulares un 54,4% entre 2018 y 2019, y consolidar este descenso en lo que llevamos de 2020, con una reducción del 22,1%”. Sin embargo, ese análisis nacional choca frontalmente con la realidad que se está viviendo sobre el terreno en Murcia donde la llegada de ‘sin papeles’ ha repuntado un 74%, tal y como evidencian los datos de fuentes policiales y ONGs.

La afirmación del Ministerio sobre la “efectividad” de sus políticas migratorias también chirría al confrontarla con las decisiones que se adoptan en los despachos de algunas jefaturas de Policía. De hecho, en la costa murciana se está recibiendo tal cantidad de irregulares desde el verano que se han tenido que pedir refuerzos en varias ocasiones a las Unidades de Intervención Policial (UIP) de Málaga y Valencia. En todos los casos, la UIP han tenido que acudir al puerto de Escombreras en Cartagena. El litoral cartagenero, como la playa de La Azohía, está en la diana de las mafias: es el principal punto de entrada de pateras. “La práctica totalidad llegan a la costa de Cartagena, y algunas, puntualmente, a Águilas o Mazarrón”, admiten desde la Delegación del Gobierno en Murcia.

En la dársena cartagenera hay desplegado un campamento donde se está custodiando a los inmigrantes irregulares, excepto a los que dan positivo en los test de coronavirus que son trasladados a hospitales y sus contactos estrechos son cuarentenados en el Hotel Cenajo de Moratalla. En el citado puerto de Escombreras se viven a diario escenas lamentables: en plena pandemia de coronavirus hay grupos de argelinos sin mascarilla, tumbados en colchones, bajo una misma carpa; su ropa la tienden en la valla perimetral; los policías nacionales equipados con un EPI realizan las reseñas y la toma de hullas sentados en una mesa plegable en medio de una carretera; la zona donde los agentes se retiran los equipos de protección está junto a una escommbrera de palés; una de las carpas para que los agentes se protejan del sol es de las Fiestas de Carthagineses y Romanos...

Unidad de Acción: frente común sindical

Otro dato que desmiente el triunfalismo del Ministerio del Interior y pone de manifiesto la preocupación que existe en la Región de Murcia por este boom de inmigración irregular es la creación de Unidad de Acción: el frente común constituido por las organizaciones sindicales que representan a la Policía Nacional (JUPOL, SUP, SPP, CEP y UFP). “El campamento del puerto de Escombreras en Cartagena empezó en agosto como un parche, el delegado del Gobierno nos dijo que en septiembre estaría desmantelado y a fecha 26 de septiembre se siguen habilitando más carpas para inmigrantes”, según denuncia Alfonso Gálvez, presidente del SPP y que ejerce como portavoz de Unidad de Acción.

“En ese campamento no se daban las circunstancias apropiadas en verano, con inmigrantes hacinados y funcionarios soportando temperaturas de 40 grados centígrados, y ahora tampoco está preparado para afrontar el otoño: es un dique con carpas a merced de las rachas de viento, el oleaje, las tormentas y de donde se pueden fugar con facilidad”, alerta el portavoz de Unidad de Acción al tiempo que justifica la necesidad de crear este equipo de trabajo compuesto por JUPOL, SUP, SPP, CEP y UFP. “Este compromiso de aunar fuerzas entre las cinco organizaciones sindicales parte de encontrar una solución al problema de las condiciones de trabajo de los policías nacionales en el puerto de Escombreras, con cada oleada de pateras que llega a las costas de Murcia”.

El portavoz sindical no exagera en sus afirmaciones porque en la dársena de Escombreras se han producido episodios como el motín que en la madrugada del 28 al 29 de julio protagonizaron un centenar de irregulares: tiraron las vallas perimetrales de seguridad y los doce policías que los custodiaban no pudieron evitar que se fugasen porque les superaban en número. “Nuestra principal reivindicación es la creación de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para ofrezcer una recepción digna a los inmigrantes y donde los funcionarios puedan custodiar y realizar los trámites administrativos en unas condiciones laborales aceptables”, subraya Alfonso Gálvez.

“La segunda reivindicación es la creación en Murcia de una Unidad de Intervención Policial (UIP) dotada con un centenar de efectivos porque como comunidad autónoma tiene entidad suficiente: tanto por población como por flujo migratorio”. La otra alternativa que los representantes de Unidad de Acción plantearon esta semana al delegado del Gobierno, José Vélez, fue ampliar la Unidad de Prevención y Reacción (UPR): “Podrían constituir dos nuevos grupos, uno en Lorca y otro en Murcia, cada uno dotado con cincuenta agentes para atender las avalanchas coyunturales de pateras”. Cualquiera de esas dos fórmulas es válida para las organizaciones sindicales porque respondería a la falta de efectivos que a su juicio existe para atajar el actual panorama migratorio.

A tales reivindicaciones respondió el delegado anunciándoles que ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Cartagena la cesión de un solar vallado, asfaltado, con puntos de luz y agua para habilitar un CATE modular que acabaría con el campamento de ‘sin papeles’ que colma de carpas uno de los diques de Escombreras. Este diario se interesó por los planes que tiene el Ministerio del Interior para atajar la creciente llegada de pateras a la costa murciana y esta fue la respuesta del departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska.

- EL ESPAÑOL: En el caso de la Región de Murcia, ¿está previsto construir un CATE como ya se hizo en Almería o alguna infraestructura alternativa al actual hospital de campaña desplegado en el puerto de Cartagena?

- Ministerio del Interior: Por el momento y a corto plazo no se contemplan infraestructuras nuevas permanentes relativas al ámbito competencial del Ministerio del Interior en materia de inmigración.

- EL ESPAÑOL: ¿El Ministerio va a reforzar próximamente el contingente de policías nacionales y guardias civiles para gestionar la ingente llegada de inmigrantes que este verano se está registrando en la Región de Murcia?

- Ministerio del Interior: Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dimensionan y actualizan sus dispositivos en función de las circunstancias concretas y necesidades.

Ninguna de las dos respuestas ministeriales concreta nada. Desde Unidad de Acción advierten al ministro que no están dispuestos a acabar el año en el puerto de Escombreras: “No descartamos ejercer ninguna medida de presión”. En Interior son conscientes del problema que se está produciendo en el litoral murciano y la mejor prueba de ello es la visita que esta semana ha realizado el General de División Juan Luis Pérez Martín: la autoridad de coordinación para la inmigración irregular en el Estrecho de Gibraltar, Mar de Alborán y aguas adyacentes.

El general se reunió con el delegado del Gobierno en Murcia, José Vélez, y el encuentro se saldó con un comunicado: “El responsable nacional para la inmigración irregular y el delegado del Gobierno estudian el refuerzo material y humano del dispositivo de control de inmigrantes en la Región”. La nota de prensa no precisaba si habrá incoporación de agentes para atajar el enorme repunte de la inmigración irregular, tal y como reclaman sindicatos policiales y de guardias civiles. Este diario ha interpelado a la Delegación del Gobierno sobre la cifra de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se destinan a combatir a las mafias que coordinan las pateras, pero no ha sido posible obtener el número concreto de efectivos. Otro dato oficial que como la estadística de ‘sin papeles’ llegados a Murcia durante 2020 es una incógnita sin resolver desde las administraciones.

- EL ESPAÑOL: ¿Cuántos agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional había destinados en 2019 y cuántos en 2020?

- Delegación del Gobierno: No tenemos esa cifra, pero podemos confirmar que son más que en 2019 y bastantes más que en 2018. Es importante destacar que una supuesta falta de recursos humanos y materiales, que no es tal, sea la causante de un incremento en la inmigración irregular. Ésta es un fenómeno cíclico sometido a variables muy cambiantes y complejas. Queremos destacar el trabajo y el compromiso de los cientos de miembros de Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Policía Nacional y Cruz Roja, que se juegan a diario la vida por rescatar y salvar la vida de estas personas que huyen del drama humanitario que vive su país.

Gomas de narcotraficantes y pesqueros

La próxima semana reabrirá sus puertas el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera la Verde, pero para los sindicatos policiales esta medida no aportará mucho al panorama actual por dos motivos. El primero porque no funcionará al máximo de su capacidad y no podrán ocuparse sus 120 plazas debido a que se impondrán restricciones para evitar contagios de coronavirus. La segunda razón es el efecto que puede causar la noticia de la apertura del CIE en el campamento de inmigrantes del puerto de Escombreras: “Cuando sepan que pueden ser internados sesenta días en el CIE, a lo mejor se plantean escapar y se produce otro motín”. Lo cierto es que a los inmigrantes no les costaría mucho volver a amotinarse ya que, según fuentes policiales, este martes había 329 argelinos para un máximo de 19 agentes: cada efectivo policial debía custodiar a diecisiete ‘sin papeles’.

El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, y el senador popular, Francisco Bernabé han exigido al delegado del Gobierno “el refuerzo con más efectivos en las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil”. El Partido Popular ha solicitado al Senado que se ubique en Cartagena una compañía de los Grupos de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil (GRS) para disponer de 200 agentes más en la lucha contra la inmigración irregular, entre otras áreas de trabajo.

Esta petición se hizo pública tras la reunión que mantuvieron Segado y Bernabé con representantes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC): otro sindicato preocupado por el enorme repunte de la inmigración irregular que está registrando Murcia a lo largo de este año. Una de las claves es que las mafias se han sofisticado empleando gomas similares a las que usan los narcotraficates. En todos los casos sus tripulantes son argelinos, que huyen del deterioro socio-político de Argelia para buscar un futuro mejor en España, Bélgica y Francia. También recurren a embarcaciones de mayor envergadura: como el pesquero de veinte metros de eslora que fue interceptado frente a la costa de Cartagena y en el que dos pateristas trasladaban a 79 argelinos.

Crisis migratoria politizada

El incesante trabajo de las Fuerzas de Seguridad no evita que la Región de Murcia siga pulverizando récords en 2020 como puerto de destino de las pateras. Para darse cuenta de ello tan solo basta con comparar la evolución del mes de septiembre en los últimos tres años: en 2018 se registraron 408 ‘sin papeles’; en 2019 un total de 445 y en septiembre de 2020 la cifra ya va por 622, lo que supone el 43% del flujo migratorio irregular registrado durante todo 2019.

En el Ministerio del Interior son conscientes de la presión que está soportando esta comunidad uniprovincial y aunque el discurso oficial es que hay menos inmigración en términos nacionales, lo cierto es que los hechos demuestran que existe preocupación por la nueva ruta de las mafias: en los dos últimos meses el ministro Fernando Grande-Marlaska ha retomado su agenda de viajes internacionales desplazándose a Mauritania y Argelia donde está el origen del problema.

Entretanto, en la esfera política arrecian los cruces de reproches a todos los niveles. Tanto el portavoz parlamentario popular Segado como el senador Bernabé han expresado su malestar “por la nefasta gestión del Gobierno de España y del delegado del Gobierno que han puesto en el punto de mira de las mafias, que trafican con seres humanos, a la Región a la que han situado como objetivo preferente en el desembarco de inmigrantes irregulares".

Por su parte, el consejero de Presidencia en Murcia, Javier Celdrán, ha enviado una carta al ministro del Interior solicitándole que los argelinos que guardan cuarentena en el Hotel Cenajo de Moratalla sean reubicados en el CIE de Sangonera la Verde. Esta petición se produce después de que el delegado José Vélez criticase al consejero: “Ha dejado bien claro que no sabe de lo que habla cuando hace declaraciones referidas a la llegada de migrantes, hace discursos vacíos, sin ningún sentido, en los que demuestra un profundo desconocimiento del trabajo que se está haciendo”.