De Manuel María García-Castellón García-Lomas (Valladolid, 16 de octubre de 1952) dicen que es “prudente, que analiza y medita las cosas”. Los abogados que “no es hombre de grandes artificios en sus escritos”. Quienes conocen su forma de trabajar y, por lo tanto, de interrogar, apuntan que es “inquisitivo”.
Aquellos que tratan con el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el plano personal cuentan que “lo que más le gusta y a lo que dedica más tiempo es a lectura”. Pero también estira los días de la semana para el deporte: natación, mountain bike y senderismo. Y cuando puede, además, este vallisoletano al que le gusta volver de vez en cuando a su ciudad natal; se escapa con la moto de carretera.
Las escapadas ayudan al juez a desconectar de un trabajo en el centro del huracán político. Sus decisiones de instructor han levantado a veces polvaredas. Unos días de un lado y otros días de otro. Esta semana ha metido el dedo en una de las llagas de Podemos, pidiendo que se investigue al mismo vicepresidente del Gobierno, el líder de la formación, Pablo Iglesias, por la tarjeta del móvil de una de sus asesoras. Frente a quienes quieren tacharle de juez escorado a un lado, otros recuerdan que ahí están sus decisiones ‘contra’ el PP. Es el mismo instructor que ha puesto contra las cuerdas a antiguos dirigentes del PP de Rajoy con por es espionaje de Kitchen, por el que ha imputado a su exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Manuel García-Castellón ha pedido esta semana al Tribunal Supremo que investigue si Pablo Iglesias –aforado ante este alto tribunal- pudo cometer algún delito relacionado con la tarjeta del teléfono de su colaboradora Dina Bousselham. Y eso que Iglesias se había presentado como víctima de un caso que investiga qué paso con la tarjeta en cuestión. Podemos denuncia una conspiración de las cloacas del Estado, relacionada con el multi investigado excomisario José Manuel Villarejo, que tuvo en sus manos una copia de algunos archivos de esa tarjeta de memoria.
Pero la investigación se complica. ¿Qué pasó en realidad con la tarjeta? El líder de Podemos recibió una copia, en enero de 2016, pero no se la entregó inmediatamente a su colaborara. Cuando se la devolvió por fin, parece que estaba dañada. Todo oscuro. Y ante ello, en un duro escrito del juez elevado al Supremo en el que el juez apunta a que Iglesias “simuló un delito", demanda ahora al Supremo que se investigue al político por varios delitos. En las 63 páginas, el juez advierte daños informáticos, revelación de secretos, denuncia falsa y simulación de delito.
En su escrito, García-Castellón no se anda con tibiezas. "Existen elementos de cargos suficientes para poder atribuir al Sr. Iglesias por los daños sufridos por la micro tarjeta SD", escribe el magistrado. Habla de revelaciones hechas "con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad" y de "una consciente y planificada actuación falsaria". Y así, va justificando, uno a uno, los tres delitos que considera que podría haber cometido el líder de Podemos.
El movimiento judicial ha complicado la situación del vicepresidente Pablo Iglesias y del Gobierno en general. Y de hecho, por mucho que quiera desconectar con sus actividades lúdicas, también ha complicado la vida diaria del juez. Ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido amenazas de muerte en las redes sociales. En principio, se relacionan con sus decisiones respecto a Podemos.
Las amenazas son muy variopintas. "Este es un hijo de puta franquista que viene de familia burguesa. A este cabrón hay que cocerlo y ya está", reza una de las publicaciones en Twitter. "Hablar de agredir a un cabrón de juez García-Castellón por sus ideologías del PP es la mejor solución", dice otra, y "yo creo que el juez García-Castellón no puede terminar bien (...) lo único que espero es que sea pronto". Pero no es la primera vez que el magistrado se enfrenta a sustos.
García-Castellón se mueve en coche oficial y con escolta. Desde hace años. En 2019 se estudió reforzar su seguridad: un desconocido entró en marzo en su casa. Ni daños ni robo. Se consideró una especie de “aviso” por los casos que instruye. En aquel momento había un familiar dentro. García-Castellón es el mayor de cuatro hermanos y está casado.
Por París y Roma
Si se han fijado al principio en la fecha de nacimiento, calculen: García-Castellón tiene 67 años. La edad no es esencialmente un problema: de complexión alta, mantiene una buena forma física. Una pregunta sin contestar es de dónde puede sacar horas al día al tener sobre su mesa los principales casos de corrupción, intrigas políticas y delincuencia financiera de España. Del macrocaso sobre Villarejo, Tándem; Púnica, que indaga en la financiación del PP de Madrid; el caso Dina, que nace del robo de una exasistente del líder de Podemos, Pablo Iglesias… Sumarios, interrogatorios, diligencias…
Indudablemente, debe gestionar bien su tiempo. Apuntada como pregunta para una posible entrevista al juez que no suele concederlas. De frases concisas y pocos circunloquios, huye de los focos, de las entradas y salidas de la Audiencia Nacional, quizá por eso de las fotos. Habla lo suficiente con los medios. Y entrevistas largas sólo las ha concedido por temas de corrupción, a la que ha dedicado, como juez de enlace en París y Roma, buena parte de su carrera.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, García-Castellón, que ingresó en la carrera judicial con 29 años, “no es un juez estrella”, repiten en todas las puertas. Es más bien tímido, analiza y medita las cosas y suele consultarlas con personas de confianza. Así le define un abogado, antes juez: “Debe dormir con la conciencia tranquila, como la figura del buen juez de Azorín”. Seguro que a García-Castellón le gusta la referencia a los clásicos. Los suele buscar. Es un ávido lector que aprovechó el confinamiento para leer un poco más. También es un habitual de los libros de Historia.
Para afrontar todos los capítulos de la historia reciente de España en su juzgado, García-Castellón cuenta con la ayuda de dos jueces: uno como refuerzo, Alejandro Abascal y otro en funciones de apoyo, Joaquín Gadea. La actividad de ambos es fundamental para resolver el enigma del tiempo que estira el juez protagonista de la semana.
Los sumarios del juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional incluyen personajes tan variopintos como Villarejo y la llamada princesa Corinna, investigada en Suiza por hechos en los que estaría relacionado Juan Carlos I, con quien mantuvo una relación sentimental.
Sobre su tablero judicial aparece, como decimos, importantísimos personajes de la vida pública. Este septiembre se desató la revolución en el PP cuando García-Castellón levantaba el secreto de la Operación Kitchen, pieza número 7 de la macrocausa Tándem. Se investiga un supuesto "operativo parapolicial" de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para, "aparentemente", localizar, si tenía "material documental comprometedor para altos dirigentes" del partido.
También en su juzgado, se ha producido la declaración del que fuera abogado de Podemos José Manuel Calvente, sobre el caso Dina, centrado en el robo del móvil de la asesora del partido Dina Bousselham. Es un tema que no hace más que enredarse. En los últimos tres años, los que lleva en su segunda etapa en la Audiencia Nacional, ha interrogado a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes.
Con Miguel Ángel Blanco
Poco se sabe de su vida personal. Su padre, ya fallecido, era, según la prensa castellano-leonesa, ingeniero agrónomo funcionario del Ministerio de Agricultura. En las pocas entrevistas que ha concedido en su larga carrera, el magistrado ha hablado casi siempre de terrorismo. Una cuestión a la que ha dedicado gran parte de su carrera. García-Castellón ha sido magistrado de enlace con Francia (2000-2012) y con Italia (2012-2017). Desde Francia, sobre todo se decidió a fomentar la relación judicial precisamente en el área de terrorismo. Él lo conoció de primera mano en uno de los episodios más negros de la banda terrorista ETA: el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997.
García-Castellón fue el instructor. En 2012, cuando se cumplieron 15 años de la muerte del edil, Manuel García-Castellón recordaba ante las cámaras de Televisión Española cómo el edil popular asesinado por ETA todavía estaba vivo cuando lo encontraron. Él estaba allí. Había llegado en avión militar el día anterior. Aún estaba con vida: “Me emocioné muchísimo, estaba agonizante, no había muerto aún, fue una sensación de una tristeza espantosa”, explicaba el juez ante las cámaras.
El magistrado explicó que sintió en aquel momento: “un plus de responsabilidad. Había un clamor nacional, en Ermua pude observar cómo se alentaba a la familia, me impresionó durante la situación”. Habla de las horas fatídicas de búsqueda. “Cada minuto que pasaba era un minuto menos para encontrarlo. La sensación cada vez que fallaba un registro era de frustración horrible. Miraba continuamente el reloj”.
Tras el asesinato, la frustración continuó: tuvo que archivar el caso al año siguiente porque no había rastro de los autores. Pero quiso el destino que García-Castellón participara en la entrega a España de dos de los asesinos. Entonces ya estaba en París.
El gobierno francés reconoció en 2006 su labor con el galardón de la Legión de honor, la máxima distinción que otorga el país galo. Pascal Clément, entonces ministro de Justicia galo, en el discurso de entrega de la condecoración recalcó que la llegada de García-Castellón a París había marcado un antes y un después en las relaciones judiciales entre España y Francia.
La distinción de la Legión de honor fue creada por Napoleón en 1802 para reconocer los servicios a Francia. García-Castellón entraba así en las páginas de la historia gala. También en la de España. En 2005, José Luis Rodríguez Zapatero le había concedido la encomienda de la Orden de Isabel la Católica.
Hasta Jesús Gil
De trato amable, aseguran en la Audiencia Nacional, antes de sus casi dos décadas en Europa fue también el juez del caso Atlético, por el que se procesó a Jesús Gil. Miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, de corte conservador, antes de llegar a este tribunal pasó por Marquina en Vizcaya y por Medina del Campo (Valladolid). Fue brevemente juez de Vigilancia Penitenciara en Palma de Mallorca antes de volver a su ciudad natal. En su etapa en Valladolid llegó a ser decano de los jueces y en 1992 le tocó instruir un durísimo caso: la violación y asesinato de la joven Olga Sangrador, una de las páginas más negras de los sucesos en España. Tenía 9 años.
García-Castellón se ha referido en alguna ocasión a este caso como uno de los momentos más difíciles de su carrera. Su instrucción escribía una página en la crónica negra de España: hizo una reconstrucción de los hechos en la que participó el asesino que terminó por confesar. Había engañado a la niña en unas fiestas. Fue condenado a 63 años de cárcel. La doctrina Parot le permitió salir pasados los 21. Tras obtener la libertad, fue condenado a cuatro años más por abusos a otra menor.
Aterrizó en la Audiencia Nacional en 1994, en principio, para sustituir a Baltasar Garzón, en el Congreso como diputado del PSOE por Madrid. En aquellos tiempos ya señalaba que le gustaba más instruir, investigar, que juzgar. Al año siguiente pasa al Juzgado Central de Instruccion numero 3, entonces especializado en delitos económicos.
En 1994, García-Castellón tenía 42 años y no tardaría mucho en cruzarse con uno de los nombres del momento: Mario Conde. Era el caso Banesto que acabó llevando al flamante banquero a la cárcel. Más páginas para la Historia de España.
Mario Conde, en su libro Memorias de un preso, habla pródigamente. El día que entró en prisión. En las 650 páginas del mismo le nombra casi 30 como el juez que instruyó su caso y que le había enviado a prisión. “Muchas personas querían un lugar en la pequeña historia contemporánea de nuestra maltrecha España con relación a Mario Conde. García-Castellón, hoy olvidado por casi todos, fue el hombre que metió en la cárcel a Mario Conde, el primero a quien correspondió tanto honor”, dice el exbanquero en su libro publicado en 2009. Once años después, el juez está más en primera línea que nunca.
Volvió a España con 64 años, en 2017. Tras ser abandonr el puesto en Italia como juez de enlace, pidió recuperar su plaza en la Audiencia Nacional. Justo había salido de ella el juez Eloy Velasco. Se llegó a convocó la plaza, pero se tuvo que anular el procedimiento tras pedir su vuelta su titular. Hubo quien quiso ver suspicacias en ese regreso. ¿Por qué volvió a un puesto de vértigo?
Esto sería otra pregunta para el juez instructor. Aunque él, más que responderlas, las hace. Dos años le quedan, en principio, para ello. Tiene 67, a un mes de cumplir los 68. Los jueces pueden pedir jubilarse a partir de los 65, pero la edad establecida son los 70. Así que todavía le quedan dos años en activo para seguir escribiendo su historia, protagonistas no le faltan.