Fue un asesinato, no un accidente. Es lo que siempre sostuvo la familia de Alejandro Jiménez, el legionario mallorquín fallecido en 2019 al recibir un tiro durante unas maniobras en Agost (Alicante). Algo que la investigación policial también ha demostrado.
Razón por la que ahora su padre, Juanjo Jiménez, quiere acusar de homicidio doloso al sargento que disparó. Sostienen que no fue ninguna imprudencia, como señala en procesamiento del juez militar, sino que fue intencionado. Sin embargo, la justicia castrense no contempla estos delitos, así que han pedido que la causa pase a manos de la justicia ordinaria para que puedan acusar al sospechoso de dicha falta.
En un escrito dirigido este domingo al Juzgado Togado Miliar número 23 de Almería, que investiga los hechos y que ya ha procesado al sargento y a los que supuestamente le encubrieron, un capitán, dos tenientes, un cabo y tres soldados, el abogado de la familia señala que la investigación de la Guardia Civil niega que la muerte del soldado se tratase de un homicidio imprudente.
En el documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el letrado relata paso a paso como el principal acusado gritó una orden que no estaba incluida en la programación del ejercicio ni había sido explicada en las instrucciones facilitadas al pelotón.
Lo ocultó
Reconstrucción de los hechos en el campo de tiro.
"Tras finalizar el ejercicio de tiro tal y como estaba previsto y planificado, es decir, tras reconocer y comprobar los blancos, el sargento G. P. se inventó un nuevo enemigo, ordenando hacer fuego contra el faldón de la montaña que tenían enfrente, subiendo al merlón todos los componentes del pelotón, incluido el sargento S. G., siendo durante la ejecución de estos dispartos cuando el sargento disparó contra Alejandro Jiménez, que se encontraba situado a 90 grados a su derecha", subraya el letrado, de acuerdo con la investigación del Departamento de Balística de la Guardia Civil.
La víctima agotó poco después la munición y se colocó en posición de "guardia baja", con la rodilla en tierra y el fusil orientado al suelo. Fue entonces cuando, según afirma el abogado, recibió en el pecho el impacto de un proyectil disparado por el sargento desde una distancia de unos 12,5 metros, desde donde el superior le daba directrices. Jiménez murió unos minutos después, desangrado.
Una versión que el sargento siempre negó en la reconstrucción de los hechos. No obstante, la Guardia Civil halló en el lugar siete casquillos disparados por este y concluyó que el proyectil que mató al legionario solo podía haber salido del arma del sargento.
En representación de la familia de la víctima, Alejandro Jiménez, el letrado señala que la calificación de los hechos que expone el juzgado militar en el auto de procesamiento al sargento es equívoca. En él le imputan un delito contra la eficacia del servicio en su modalidad de causar la muerte de otro por imprudencia grave durante la ejecución de un acto de servicio de armas. De acuerdo con la investigación policial, la acusación expone que a su entender el principal acusado debe ser investigado por asesinado o, al menos, homicio doloso.
El código penal militar, sin embargo, no contempla este tipo de delitos. Así que la acusación señala que el tribunal castrense no es competente para enjuiciar los hechos y pide que se inhiba en favor de un juzgado penal ordinario, que permita imputar al sargento los delitos planteados.