El Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Valencia ha condenado a un hombre a pagar 3.000 euros a su exmujer por ocultar "deliberadamente" su homosexualidad. La jueza también ha declarado nulo el matrimonio. El acusado, Javier Villalta, no actuó de "mala fe" según el tribunal, pero sí ha quedado demostrado que hubo "ocultación a la que iba a ser su esposa de la relación y práctica homosexual previas al matrimonio”. 

La pareja estuvo vinculada durante cinco años, tres de ellos como matrimonio, que acabó con un divorcio de mutuo acuerdo en 2011. Sin embargo, unos amigos del matrimonio le contaron más tarde a la mujer que su exmarido siempre había sido homosexual y que había mantenido relaciones con un desconocido antes, durante y después de su matrimonio. 

La inició entonces un procedimiento civil para exigir la nulidad matrimonial nueve años después de pactar el divorcio de mutuo acuerdo y ahora una jueza le da la razón, aunque rebaja notablemente la compensación que ella planteaba por los daños morales ocasionados, de 10.000 euros. "Partiendo de que el desengaño personal no es resarcible económicamente, la compensación debe reducirse a la cantidad de 1.000 euros por cada uno de los tres años que duró el matrimonio”, argumenta la magistrada en la sentencia recogida por El País.

¿Relación estable?

El juicio se celebró el pasado 1 de octubre. La demandante esgrimía que había tenido "conocimiento" de que su exmarido "ha sido homosexual desde siempre, desde antes incluso de conocerla", mientras ella "pensaba que había contraído matrimonio con una persona heterosexual". Javier declaró en el juzgado que él es bisexual, una opción que no se ha contemplado durante el procedimiento ni se menciona en el fallo.

Según explicó la demandante, dos amigos íntimos del entorno de de Javier  demandado le confesaron que conocían su homosexualidad desde niño y que había mantenido una relación estable con otro hombre desde la juventud.

Este hombre declaró en el juicio, un relato que la jueza ha considerado con suficiente veracidad. Javier niega esta relación estable, aunque sí reconoce relaciones esporádicas con hombres antes de casarse, pero también de "contactos heterosexuales con otras mujeres". Sobre este punto, el fallo considera "que no hay prueba directa". El condenado ha defendido que fue con el tiempo, tras el divorcio, cuando se replanteó su sexualidad.

La jueza ha considerado "relevante y determinante" a la hora de prestar el consentimiento para casarse la orientación sexual de la pareja. El tribunal no ha conseguido descifrar el porqué de este ocultamiento ni ha dado por bueno el argumento de la demandante de que Javier usara el matrimonio como "pantalla" para ofrecer una determinada imagen social. Pero lo que sí ha quedado probado para la jueza es que hubo un ocultamiento y por eso ha condenado al acusado.  

Contra los derechos LGTBI

El condenado ha querido hacer público el procedimiento pues considera que vulnera los derechos de las personas LGTBI. En una entrevista con eldiario.es, Villalta consideró el que el proceso era "estigmatizante". "Me parece increíble que me haya tenido que sentar en un juzgado en el siglo XXI en España por este motivo. Es un juicio moral y público a mi orientación sexual que parece que acaba retratándome como un estafador", dijo el ahora condenado.  

Varios colectivos LGTBI han mostrado su apoyo a Javier. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha tildado el caso de "un juicio moral a la orientación sexual de una persona" y lamenta "el peligroso precedente que sienta" el fallo en su opinión.

La organización ha señalado que durante el juicio no se ha tenido en cuenta la bisexualidad declarada por Javier durante el procedimiento y denuncia "el desconocimiento en relación a las realidades LGTBI de los jueces que han llevado el caso". “Se trata de una sentencia completamente bifóbica que niega directamente la existencia de la bisexualidad al ni siquiera considerarla una opción”, ha añadido Sangil. En este sentido, la presidenta declara que “estamos ante una sentencia más religiosa que civil que considera la orientación sexual no normativa como fuente de sanción legal”.