En el número 401 de la madrileña calle de Alcalá, los vecinos están viviendo un infierno desde hace aproximadamente un año. Todo comenzó cuando los okupas llegaron a la finca. Al principio, no parecía que fuera haber ningún problema con ellos. Eran unos vecinos más, pensaron. Llamaron preguntando por el alquiler de la vivienda, la vieron, les gustó, enviaron sus nóminas al dueño y firmaron el contrato de arrendamiento.
Treinta días después, sin embargo, la realidad era muy distinta. Tras hacer el pago de la fianza y del primer mes de alquiler, los ya indeseados inquilinos no volvieron a pagar nunca más. Y no solo eso, sino que acto seguido subarrendaron ilegalmente la vivienda. Poco después, además, descubrirían que todos los documentos que habían facilitado para el arrendamiento eran falsos.
Así que ya no era solo un grupo de okupas, sino que eran varios los grupos de personas que cada día o cada semana entraban o salían de la vivienda. A ello, se sumaron repetidas fiestas, denuncias continuas de los vecinos por excesivo ruido, trifulcas, amenazas e incluso problemas de humedades, con origen en el piso en cuestión, por los que llegaron a cortar el agua en toda la comunidad de vecinos.
Ante tal situación, el dueño de la vivienda decidió contratar a la empresa de desalojos Fuera Okupas para una intermediación entre ambos con el objetivo de que los usurpadores abandonasen el inmueble mediante un acuerdo. No obstante, el intento que quedó en nada y esta compañía llevó a los tribunales a los okupas. En concreto a la que lo inició todo, Rosa (nombre ficticio). La madrileña que firmó el contrato de alquiler hace un año y que ha desencado casi una guerra civil dentro del edificio.
Coronavirus
Un técnico del Grupo INV instala una alarma antiokupas en un domicilio.
Sin embargo, después de varios meses de litigios, todavía no han conseguido desalojarla ni a ella ni a sus compañeros. ¿La razón? La usurpadora ha alegado en dos ocasiones (mediante un justificante) que ha estado en contacto con un paciente covid y necesitaba hacer cuarentena preventiva para retrasar el lanzamiento judicial, segun aseguran fuentes jurídicas. "Entregó un justificante médico horas antes del juicio y el secretario judicial lo dio por bueno. Lo unico que quería era prorrogar la situación y evitar ser desalojada", añaden.
Lo peor, no obstante, es que esta nueva estrategia okupa no solo es un problema al se están enfrentando los propietarios particulares para recuperar su casa, sino también las administraciones autonómicas con las viviendas públicas.
Por lo visto, este método ha corrido como la polvora entre los okupas y eso está generando que personas que tienen derecho a una vivienda social no puedan acceder a ella. Según la Comunidad de Madrid, este problema se ha producido en 15 viviendas en los últimos tres meses. En la actualidad, el Gobierno regional tiene 2.000 viviendas públicas okupadas y hay casi 800 procesos judiciales para recuperarlas.
El modus operandi que suelen llevar a cabo es el siguiente. Antes del desahucio, los okupas acuden a su centro de salud y dicen que han estado en contacto con un enfermo de Covid. Como no suelen hacerles la PCR, llaman al juzgado correspondiente y alegan que son sospechosos de tener coronavirus sin presentar ningún documento de que están realmente contagiados. En otras palabras, solo la sospecha de contagio hace que todo el proceso judicial se pare ya que, en caso de ser cierto y estar en cuarentena, nadie puede supuestamente entrar al interior del inmueble.
Viviendas públicas
El verdadero problema es que la lista de personas que están esperando a entrar a una vivienda pública es extensa y los okupas están provocando que personas con necesidad no puedan acceder a ellas.
El hecho de que los pisos sociales estén okupados se debe a que los hijos y nietos de los adjudicatorios se quedan con la vivienda tras el fallecimiento del beneficiario, como si se tratase de una vivienda privada y no pública. La realidad es que, en este caso, es propiedad de la Comunidad de Madrid.
En los próximos días, según aseguran desde el Gobierno regional, se reunirán con la Fiscalía y el Tribunal Superior de Jusiticia de Madrid para pedir que se legisle a favor de la administración frente a los okupas y disminuya esta problemática que está afectando no solo a familias desfavorecidas, sino también a la propiedad privada.