Siempre seguían el mismo modus operandi. Contactaban con un extranjero sin papeles, le pedían 8.000 euros y convencían a un ciudadano español, de origen marginal y con deudas de juego, a cambio de una comisión para que se casase con el primero y consiguiese regularizar su situación en España. Para conseguir a los testigos del enlace hacían lo mismo, los convencían a golpe de talonario e incluso en ocasiones eran familia de los propios contrayentes. Así, durante más de diez años, es como un falso abogado, al que todos conocen como El Zamorano y su hija, Vanesa, han logrado hacer caja nacionalizando ilegalmente a 140 extranjeros.
El ahora detenido era un habitual del Registro Civil y de la Oficina de Extranjería de Granada. Era un señor septuagenario, muy educado, que lucía traje, maletín y un discurso ágil presentándose ante todos como abogado. “Hablaba con nosotros como un compañero más”, corrobora una letrada que conoció a El Zamorano. Solo un detalle en la forma de actuar de este criminal despertó las sospechas entre la abogacía: “Nunca iba a actuaciones judiciales, solo a cuestiones administrativas para las que no se exige colegiación”.
Tal cuestión provocó que diversos abogados comenzasen a sospechar del posible intrusismo profesional que estaba desarrollando este criminal y la Policía Nacional comenzó a indagar sobre la actividad laboral de El Zamorano, de 76 años. “Es un hombre encantador, con mucha formación, yo pensaba que era gestor de trámites de Extranjería”, confiesa con asombro otro letrado del Colegio de Abogados de Granada. Las pesquisas policiales concluyeron en septiembre con su arresto por ejercer como falso letrado y haber regularizado ilegalmente la situación de más de un centener de extranjeros mediante matrimonios o parejas de hecho de conveniencia.
En aquel momento, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales arrestó también a una dominicana, de 52 años, y un español, de 60 años, con antecedentes policiales, que protagonizaron una boda civil ficticia en diciembre de 2019. Además, la UCRIF detuvo a los testigos de aquel enlace: un español con antecedentes que encima era sobrino del contrayente y una dominicana que era hermana de la mujer que se desposó. Todo quedaba en familia.
Durante ese operativo de septiembre se registró el domicilio del abogado falso y se encontró documentación sobre otras regularizaciones ilegales. Todo ello ha permitido ahora cazar a la otra supuesta cabecilla del grupo: Vanesa, hija de El Zamorano, titulada en Derecho y que ejerce como letrada. La investigación ha provocado un terremoto en la abogacía granadina porque la Policía Nacional sostiene que El Zamorano -detenido en septiembre y noviembre- se ha desenvuelto como picapleitos durante una década y en algunos de sus trámites supuestamente le ha ayudado su hija.
Registro Civil
El Registro Civil de Granada era uno de los puntos a los que solía acudir algunos de los detenidos.
Entre 2010 y 2020, este septuagenario trajeado, a veces con cartera bajo el brazo, a veces con maletín, se ha movido como Pedro por su casa por varios registros de la Administración central y autonómica, incluso se ha desplazado al Registro Civil Central de Madrid para inscribir matrimonios de españoles celebrados en el extranjero y nacimientos de hijos ocurridos en ese periodo mencionado. “Iba con frecuencia”, subraya una letrada especialista en trámites de Extranjería. “Nosotros creímos durante mucho tiempo que era abogado, pero ya era vox populi que no estaba colegiado ni titulado”.
Los investigadores sostienen que este señor desarrollaba en cafeterías y espacios públicos de Granada todos sus encuentros profesionales con sus potenciales clientes: inmigrantes en situación irregular, muchos de los cuales residían en barrios del distrito sur de la ciudad nazarí. Por su parte, Vanessa, la hija de El Zamorano, estaba colegiada desde 2009 y ofrecía los servicios profesionales de su bufete en páginas de internet especializadas en servicios legales. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el despacho de la abogada, pero tras varias llamadas no ha podido contactar con ella para conocer su versión de los hechos.
La Policía Nacional ha confirmado a este periódico que el falso abogado y la letrada “son familiares” y a la sazón los supuestos cabecillas de este grupo especializado en organizar falsos matrimonios con el objetivo de que personas en situación irregular obtuviesen la nacionalidad española y la residencia legal en España.
“Dicha actividad ilícita llevaba aparejada la realización de una serie de trámites administrativos para simular la existencia real de la relación afectiva, lo que hacía necesaria la participación de otras personas, entre ellas una abogada en ejercicio, que es familiar del falso abogado, en cuyo domicilio se ocupó diversa documentación que implicaba a ambos en el entramado delictivo”, tal y como ha detallado en un comunicado la Jefatura Superior de Policía.
8.000 euros por enlace
El modus operandi era siempre el mismo: los enlaces tenían lugar entre un extranjero sin papeles con un español o ciudadano nacionalizado, cuyo perfil respondía al de una persona que residía en zonas marginales, que padeciese problemas económicos, como deudas de juego. De esta forma se aseguraban que los contrayentes ficticios estuvieran dispuestos a jugarse el tipo legalmente simulando un enlace a cambio de una comisión. Los testigos de las bodas civiles o de las parejas de hecho también estaban untados y en ocasiones eran familiares de los propios contrayentes.
“La actuación policial ha acreditado las distintas funciones, perfectamente establecidas, que realizaba cada miembro del grupo”, según expone una nota difundida por la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental. “El reparto de funciones estaría orquestado por el falso abogado (El Zamorano), con la colaboración de su familiar, la abogada en ejercicio (Vanesa), otros miembros del grupo buscarían españoles con deudas dispuestos a casarse a cambio de dinero”.
Los beneficios obtenidos presuntamente por la organización con cada enlace eran pingües porque fuentes policiales indican que cobraban presuntamente de 3.000 a 8.000 euros a los ciudadanos extranjeros en situación irregular que se desposaban -cuando el coste por la tramitación de un expediente de matrimonio oscila de 300 a 800 euros-. Prueba de ello es que El Zamorano reside en una urbanización acomodada de Granada, a pesar de que tenía que desembolsar la comisión correspondiente a cada falso contrayente fuese hombre o mujer, así como a los testigos ficticios.
En esta operación desarrollada por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) y que supone una ampliación de las pesquisas desarrolladas en septiembre, los policías nacionales no solo han detenido al abogado falso y a su hija la letrada, sino que además han arrestado a otras cuatro personas. EL ESPAÑOL ha podido saber que uno de ellos es un ciudadano sudamericano, en situación irregular, y una ciudadana española: ambos ejercieron de falsos contrayentes en un enlace falso dirigido a que el novio regularizase su situación en el país.
Los pagos
“Entre las gestiones llevadas a cabo por los agentes de la Policía Nacional se advirtió la inexistencia de convivencia entre los contrayentes en el domicilio consignado”. De hecho, los investigadores comprobaron que uno de los testigos de esa boda orquestada previo pago era una mujer colombiana, que en el momento de la celebración del enlace estaba embarazada del hombre que se había desposado. Esta mujer también ha sido arrestada.
La UCRIF ha constatado que los cabecillas supuestamente cobraron distintas cantidades de dinero conforme se iban materializando los trámites administrativos. “Todo ello era supuestamente orquestado por el falso abogado y con la colaboración de la abogada en ejercicio que actuó como representante en el expediente de regularización del extranjero que pretendía regularizarse”.
Los seis detenidos, includos el abogado falso, conocido como ‘El Zamorano’, y su hija Vanesa, abogada en ejercidio, han sido puestos a disposición judicial. Después de prestar declaración, según fuentes policiales, todos los arrestados quedaron en libertad a espensas de lo que depare la instrucción judicial. Un abogado granadino rompía este martes una lanza en favor de su compañera: “Al parecer ella ha hecho poco, ha sido su padre”. La Justicia tendrá la última palabra.