Un anciano fallecido en la residencia de mayores por coronavirus. Otro. Otro. Y otro más. Así hasta el enésimo finado encontrado, en un lugar al que acudieron para que les cuidaran desde marzo. Ni un caso igual, aunque muchos parecidos. Órdenes de no derivación y malas praxis que dejaban tras de sí un reguero de decenas de miles víctimas. Y las familias, claro, reaccionaron. Fueron a los juzgados para depurar responsabilidades y se unieron en organizaciones, porque un pleito nunca te devuelve a un familiar querido, pero al menos dilucida lo ocurrido con justicia.
Coronavirus y residencias de mayores. Cinco palabras que, unidas, han supuesto la muerte de muchos ancianos desde que la pandemia llegase a España. De hecho, han fallecido más de 24.000 desde marzo con síntomas compatibles con la Covid. Pero no es lo único que han traído de la mano estas palabras. El coronavirus y las residencias de mayores también dejarán una gran cantidad de pleitos en los juzgados españoles.
Tras un primer envite donde parecía que nadie respondería por las muertes ocurridas, la fiscalía madrileña y el juzgado de instrucción número 50 de Madrid han abierto la puerta: podría haber indicios de delito y se depurarán responsabilidades.
La primera noticia saltaba en la mañana del lunes. El juzgado de instrucción número 50 de Madrid había emitido un auto donde admitía a trámite la querella de V. C. por la muerte de su madre el pasado 27 de marzo. En el mismo, se cita como investigada a la directora del centro la 'Gran Residencia'. Se le imputa un delito de homicidio, debido a que la anciana no fue derivada a un hospital. Como testigo se señala al doctor de tal residencia.
Un anciano saluda a su familia en su residencia.
Que se haya sabido, era la primera querella en la que se aceptaba el inicio de la instrucción con la directora de una residencia en calidad de investigada. Un hito que abría la puerta para los familiares, que pensaban que hasta ahora habían chocado con un muro.
El martes llegó la segunda buena nueva. La Fiscalía provincial de Madrid denunciaba a la doctora y la gerente de una residencia privada de ancianos, cuyo nombre no ha trascendido. Se les acusa de presuntos delitos de homicidio imprudente y denegación del deber de socorro. Se trata de la primera denuncia del Ministerio Público en este asunto. Una puerta más abierta a los familiares que quieren depurar responsabilidades: el muro levantado aparentemente por los casos sobreseídos o archivados no es infranqueable. Y no sólo en Madrid.
Un hilo de esperanza
El primer varapalo judicial a las familias de residentes fallecidos en Madrid llegó en septiembre. Una jueza desestimó por entonces la querella de unos familiares contra los responsables y los políticos en Leganés. Sin embargo, la Audiencia Provincial también ha revocado esto y ha ordenado investigar la muerte de nueve ancianos.
Cuando EL ESPAÑOL se puso en contacto con abogados y asociaciones de familiares, todos acogieron con esperanza la noticia. Concuerdan en la petición de que se investigue, porque quieren llegar al fondo del asunto y depurar las responsabilidades necesarias. Puede ser un ejemplo que sigan otros jueces y fiscales.
Carlos Vila, letrado representante de la primera querella en la que se investigará a la directora de un centro, lo veía claro: "Los familiares de los ancianos fallecidos en residencias en Madrid han visto un hilo de esperanza".
El abogado, en conversación con EL ESPAÑOL, cree que este tipo de delitos se irán depurando poco a poco. "Tras lo ocurrido, habrá más juzgados que intervengan. Las que nos inadmitan, recurriremos".
Su intención es llegar al fondo del asunto: quiénes dieron las órdenes y por qué se actuó así. Vila sostiene que habrá casos en los que se juzgue también por un delito de trato vejatorio. "Por la falta de información que se daba. Hubo personas que llamaron hasta 100 veces", apunta.
Otro letrado inmerso en este asunto es Carlos Sardinero, de Sardinero Abogados. El letrado, que colabora con la asociación Defensor del Paciente, también tiene cientos de procedimientos de este tipo abiertos.
Desinfección de una residencia de mayores en Madrid.
"Esto puede ser el inicio de una investigación más justa", sostiene Sardinero en conversación con EL ESPAÑOL. Piensa que todo ayudará a que realice una investigación más profunda en todos los niveles, ya sean políticos o médicos.
Cree que ahora se ha dado en el clavo. Afirma que llevaba tiempo defendiéndolo: la clave era que cada persona reclamara de forma individual, no de forma colectiva. A lo sumo entre dos o tres casos concretos. Poco más. De otra manera era muy fácil que los procesos fueran sobreseídos, sobre todo por su inconcreción.
En los casos que tiene abiertos, Sardinero cree que hay tres figuras delictivas donde encajan las actuaciones. La primera es el homicidio, que piensa que puede darse por imprudencia o por dolo eventual. La segunda, la omisión del deber de socorro.
Y la tercera, con la que abre una ventana hasta ahora desconocida, es la recogida en el artículo 511 del Código Penal. Se trata de una tipificación nada común que pena a quien deniega a otro el acceso a un servicio público, entre otras, por motivos discriminatorios de salud.
Todo esto podría ser de aplicación no sólo en Madrid, sino en toda España. "Vamos a ver cómo todo esto va a dar mucho más de sí de lo que se espera", asegura Carlos Sardinero.
Los responsables
Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente, celebra las últimas noticias. "Tiene que llegar la justicia", sostiene. Posteriormente señala sin miedo que "hay muchos culpables, por acción y por omisión".
Apunta a los directores de residencias, a los responsables autonómicos e incluso a Pablo Iglesias, vicepresidente de Asuntos Sociales, por no tomar parte en lo ocurrido. "Quien no tiene culpa es el anciano, que se contagió de una manera inverosímil, y los familiares, que han sufrido muchísimo", dice.
También contenta por la apertura de diligencias se muestra Carmen López, de Ademaf y Marea de Residencias. "Está muy bien que se impute a los directores para que se investiguen, declaren y se llegue al fondo de la cuestión", comenta López en conversación telefónica con EL ESPAÑOL.
Enfermera dando de comer a una residente.
La miembro de Marea de Residencias busca culpables en el entorno regional. No cree que haya que llegar al gobierno central, que no tenía competencias para actuar, y realiza una reclamación histórica. "No obstante, sí nos gustaría que el central regulara el sistema de residencias, para que no haya diferencias entre comunidades", pide al ejecutivo de Sánchez.
El letrado Carlos Sardinero entiende que los primeros en ser investigados y, en caso oportuno, responder ante la justicia serán los gestores directos. Es decir, los directores y médicos de las residencias de ancianos. "Con la aplicación del Código Penal, siempre empieza a doblarse la pata más débil".
Sin embargo, establece que "hay que mirar con más profundidad" este asunto. "Esas residencias se han sujetado a protocolos enviados por las CCAA y marcaban una serie de pautas que prohibían e inadmitían. Hay que ver quiénes son los responsables con independencia de qué cargo ocupen".
El caso de la 'Gran Residencia'
La madre de V. C. ingresó en la Gran Residencia el pasado 5 de marzo, según consta en la querella admitida a trámite. Por entonces, no tenía ningún síntoma respiratorio ni fiebre. A partir del 8 de marzo, día en el que se prohibirían las visitas, los familiares llamaron a diario para saber de ella, aunque aseguran que o no les cogían el teléfono o les aseguraban que les llamarían en caso de novedades.
Fue el día 14 cuando les anunciaron por primera vez que su madre había sufrido un problema. La mujer había tenido un episodio con hipoglucemia y fiebre. Los antibióticos y el suero no le hicieron nada, así que el 17 de marzo procedieron a hacerle unas analíticas de sangre y orina. Cuatro días más tarde llegó una peor información: la anciana no comía y había empeorado.
El día 25 de marzo se comunicó a esta familia que su madre tiene un pronóstico grave. Asimismo, se les informa de que no la pueden trasladar a ningún hospital porque, debido a su situación, no la iban a admitir. En aquel momento, los familiares se presentaron en la residencia provistos de equipos de protección y se les denegó la entrada. Dos días más tarde, la mujer fallecería.
Aunque pueda parecer duro, sólo es un relato más de los muchos que se han producido de marzo a esta parte. Por eso fueron muchos los familiares que decidieron tomar la iniciativa judicial.
Esta querella, de hecho, parte de una reclamación similar conjunta. Fue presentada por los familiares de fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid ante el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid. Sin embargo, como pedía depurar las responsabilidades de los responsables geriátricos y de los políticos, fue elevada al Tribunal Supremo.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
El motivo no era otro que el aforamiento al que están sometidos Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y los consejeros de Sanidad y Justicia, Enrique Ruiz-Escudero y Enrique López, respectivamente. En la querella se les acusaba de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante.
Pero el alto tribunal devolvió el balón al tejado de los Juzgados de Instrucción. Son ellos los que deben realizar la investigación y, en caso de que entiendan que los aforados pudieron cometer delitos, entonces tomarían el proceso.
El Juzgado de Instrucción número 39, ante la complejidad del caso multitudinario decidió repartir la causa a sus homólogos. Aquí puede estar la clave que algunos abogados, como Carlos Sardinero, han venido señalando: en los procesos colectivos es difícil instruir una causa conjunta, pero por separado es más fácil dilucidar responsabilidades.
La denuncia de Fiscalía
Este martes también se conocía que la Fiscalía Provincial de Madrid ha visto indicios de delito en las actuaciones de la doctora y la gerente de otro centro sanitario madrileño, argumentando que hicieron caso omiso al protocolo de actuación enviado para pacientes Covid-19 a las residencias. Esto, entiende el Ministerio Público, habría provocado la muerte de una mujer de 85 años pocos días después de haber ingresado al centro.
A pesar de ello, la gerente del centro no era conocedora de lo que ocurría en las instalaciones, según la denuncia. Sin embargo, estima que "nada dispuso para asegurar la cobertura sanitaria de la usuaria durante los periodos en que la doctora contratada se ausentaba de la residencia, ni para alertar a las autoridades, con las que se mantenía en comunicación para requerirles medios materiales y personales para la gestión de la pandemia, de la necesidad de tratamiento urgente de la usuaria".
Por otra parte, sostiene la denuncia que la doctora no contactó hasta ocho días después de lo debido con el servicio de geriatría del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. La anciana había comenzado a tener problemas respiratorios el 22 de marzo, pero hasta entonces creen que la doctora "desatendió todas las previsiones" de los protocolos que "le eran -y debían- ser conocidas".
El día 23 de marzo, la doctora encargada de esta residencia se puso en contacto con la doctora del centro de salud Isla de Oza, para que fuera ella la que tramitara la derivación hospitalaria. Al día siguiente le indicaron que no había sido posible realizar el traslado porque el 061 aplicaba protocolos de priorización de pacientes.
A partir de aquí, según la fiscal, la doctora, "lejos de llamar a la Fundación Jiménez Díaz para activar el protocolo de derivación que le correspondía, procedió a tratar a la usuaria en la residencia, donde no disponían de servicio de enfermería y a pesar de que su propio turno de asistencia terminaba a las 13 horas".
Fue el 26 de marzo, tres días más tarde, cuando comenzaron las consultas a la geriatra de referencia, expone la denuncia. Incluida también la del marido de la paciente, quien también contrajo la enfermedad y acabó sobreviviendo.
Durante el fin de semana tampoco se evaluó a esta mujer. La doctora y la gerente no estaban esos días en la residencia, donde únicamente estuvieron los gerocultores. Según relata la denuncia, el motivo es que era fin de semana "y no dejó solicitada la visita de los médicos de urgencia del centro de salud, por lo que, aunque los hijos de la fallecida intentaron reiteradamente que acudieran a examinar a su madres, éstos señalaron que no procedía, ado, además, que la habían evaluado durante la semana".
La familia logró contactar con el geriatra de la Fundación Jiménez Díaz y consiguieron que se trasladara a la mujer el 30 de marzo. El fin de semana se había constatado un "notable" empeoramiento de la paciente. La mujer falleció.
Con circunstancias similares podría haber miles de casos en España. Los abogados creen que puede haber un aluvión de denuncias y querellas admitidas. Las decisiones judiciales de Madrid han abierto la puerta.