40 años después del 23-F, los papeles secretos del golpe siguen ocultos: ¿a quién le interesa?

Este 2021 recién estrenado nos trae, además de la vacunación masiva contra el Covid-19, la evocación de varios hechos históricos. Así, por ejemplo, el próximo 14 de abril harán 90 años de la proclamación de la II República española. Y dos meses antes, en febrero, coinciden dos significativos aniversarios: el domingo 28 se cumplirán 80 años del fallecimiento en el exilio (Roma) del Rey Alfonso XIII (el bisabuelo de Felipe VI); y el martes 23 hará cuatro décadas de la intentona golpista liderada por los generales monárquicos Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada.

Fueron las horas más difíciles del recién inaugurado Régimen del 78. A las 18:23 de aquel día, alrededor de 340 guardias civiles a las órdenes del teniente coronel Antonio Tejero asaltaron a tiros el Congreso de los Diputados (donde tenía lugar la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, tras la inesperada dimisión de Adolfo Suárez).

Los golpistas secuestraron a todos los presentes (Ministros y Diputados). El objetivo: esperar la llegada de una autoridad “por supuesto militar” que tendría que proponer una salida política a aquella situación violenta: un “SAM (Supuesto Anticonstitucional Máximo)” tal como había sido definido por el CESID (servicio secreto español) meses antes. Pero aquella astracanada, afortunadamente, fracasó.

Los hechos conocidos permanecen presentes en la memoria de todos los españoles. ¿Pero qué ocurre con los sucesos ocultos? ¿Qué pasó aquel 23-F de 1981 que aún, 40 años después, no debamos saber los españoles? ¿Cuáles son y dónde están los documentos, grabaciones de audio y filmaciones de aquellos acontecimientos históricos, en poder del Estado que todavía permanecen clasificados como secretos?

Congreso de los Diputados durante el 23-F. EFE

EL ESPAÑOL ha hablado con los mejores especialistas del 23-F, y con dos testigos privilegiados, por su pertenencia al CESID durante aquellas fechas. Nos han aclarado varias cuestiones sobre este tema: los documentos secretos del 23-F existen (o al menos existieron en su momento); los más importantes y con trascendencia histórica serían las grabaciones de las conversaciones telefónicas mantenidas esa noche entre el entonces Rey Juan Carlos I y el general golpista Alfonso Armada (tendrían que existir muchas otras grabaciones y otros documentos escritos); dicha documentación tendría que estar custodiada en organismos oficiales (Ministerios de Presidencia, Interior y Defensa fundamentalmente); y que ningún Gobierno desde entonces, tampoco el actual de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ha sido partidario de desclasificar. 

Decía Sabino Fernández Campos, hace 40 años secretario general de la Casa del Rey, que “cuando se busca la verdad, se corre el riesgo de encontrarla”. Y algo de lo anterior ocurre con la exactitud de aquel día histórico. Quizá conocer la veracidad de lo ocurrido cuestionaría muchos fundamentos de nuestra historia política. Y eso no interesa. Esa al menos es la conclusión de la totalidad de nuestros entrevistados. Por eso, parafraseando el tango de Carlos Gardel: 40 años no es nada y, con toda seguridad, el 23-F seguirá siendo secreto por mucho tiempo para el conjunto de los españoles.

En poder del CNI

“Todo está en poder del CNI”, esta es la opinión de Fernando J. Muniesa, autor del libro La cara oculta del Estado. Historia Crítica de los Servicios Secretos (Editorial Actas, 2020). “En España, los secretos de Estado nunca mueren. Una ley franquista de 1968 es la caja fuerte que hace imposible que salgan a la luz. Con posterioridad, la ley de 2002, reguladora del CNI ha agravado esta situación: todo lo que tiene que ver con la seguridad del Estado es secreto y su divulgación está castigada con penas de cárcel”.

Para Muniesa esta situación es escandalosa y no tiene parangón con ningún país de nuestro entorno: “En la actualidad, los documentos clasificados (así ocurre con los del 23-F) pueden permanecer secretos para siempre; ya que nadie está obligado a desclasificarlos. Esto no ocurre en ningún país democrático, donde se establecen plazos (normalmente 25 años, prorrogables otros 10, máximo 50) pero con la obligación de adoptar una medida sobre los mismos: se puede prorrogar el secreto de un documento pero justificando la razón y haciéndose responsable de esta decisión”.

Para Muniesa, los documentos relacionados con el 23-F, que deberían seguir custodiados por el Estado, serían fundamentalmente todas las conversaciones telefónicas mantenidas aquel día desde el Congreso de los Diputados y el Palacio de la Zarzuela: “El entonces secretario de Estado del ministerio del Interior, Francisco Laína, ordenó grabar todas las conversaciones telefónicas. Y él me reconoció en su momento que las tenía. Escribió un libro, pero no se atrevió a publicarlas. Él sabrá el porqué”.

Quien coincide con esta apreciación es la periodista Pilar Urbano, una de las mayores especialistas del 23-F, publicó su primer libro en 1982 Con la venia. Yo indagué el 23-F (Editorial Argos Vergara) y, desde entonces, no ha dejado de investigar un solo día. Su última aportación, por el momento, aparece en su libro de 2014 “La gran desmemoria: lo que Suárez ha olvidado y el Rey prefiere no recordar” (Planeta).

Respecto al tema de las grabaciones, Urbano tiene datos exactos y nombres precisos de lo que ocurrió: “El delegado del Gobierno en Telefónica en aquel momento era Julio Camuñas Fernández de Luna y, desde el Congreso secuestrado, Salvador Sánchez Terán, que era diputado de UCD y presidente de Telefónica, pudo contactar con él para ordenarle que grabase desde una sede que tenían en la calle Huertas. Y me consta que así se hizo. Se grabó todo lo que se habló desde el Congreso, desde la Zarzuela, desde la Junta de Jefes de Estado Mayor en la calle Vitrubio. Lo que hablaron entre ellos y con las Capitanías Generales. Había líneas de teléfono secretas: la línea verde, la roja y la negra, pero todas podían ser intervenidas por el propio Estado desde Telefónica”.

Jamás verán la luz

El periodista y escritor Jesús Palacios.

Para el periodista Jesús Palacios, el autor que desveló la implicación del CESID en la intentona golpista de 1981 en sus libros “23-F: el Golpe del CESID” (Planeta, 2001) y “23-F, el Rey su secreto” (Libros Libres, 2010), este dato es fundamental: “Porque podríamos acceder a la conversación que mantuvo primero desde la sede de la JUJEM Armada con la Zarzuela, cuando salió rumbo al Congreso para proponerse como presidente del Gobierno (a título personal, según la versión oficial) y, posteriormente, las llamadas telefónicas de Armada desde el Congreso, una vez que Tejero se negó a admitir su Gobierno de concentración con socialistas y comunistas".

Conversaciones que mantuvo con el palacio de la Zarzuela (yo estoy seguro que habló con el Rey, no únicamente con Sabino) y con el capitán general Milans del Bosch en Valencia”. Además para Palacios, la existencia de estas grabaciones es una realidad “A mí me lo reconoció el entonces ministro de Interior, Juan José Rosón, que enfatizó la importancia de su contenido: jamás podrán ver la luz, me dijo”.

Palacios señala como documentos que nunca saldrán a la luz, el conjunto de Decretos, borradores e informes redactados por el CESID destinados a ser utilizados una vez que el general Armada hubiera sido investido “constitucionalmente” como presidente del Gobierno. “Se destruyeron todos” nos aclara, pero tengo la esperanza de que alguien se quedara con copias”, expresa Palacios. 

Quienes son más escépticos respecto a la existencia, a día de hoy, de documentos y de grabaciones son los antiguos miembros del CESID, los coroneles Diego Camacho y Juan Alberto Perote.

Diego Camacho era capitán de los servicios secretos hace 40 años y llegó a entrar físicamente en el Congreso de los Diputados aquel 23-F, en su misión de informar respecto a lo que allí estaba ocurriendo. Y así lo hizo: denunció internamente la implicación de mandos y agentes del Servicio de Inteligencia en la intentona golpista. Su acusación tuvo efectos, el CESID se vio obligado a realizar una investigación (una especie de auditoría interna que terminó siento un lavado de cara respecto a la implicación de “La Casa” dentro del Golpe) que se conoció bajo el nombre de “Informe Jáudenes” (nombre del coronel, Juan Jáudenes que lo redactó).

“Ese Informe nunca se ha publicado completo. Durante el juicio, al juez instructor le mandaron una especie de conclusiones que nunca trasladó a las partes y, años después unos periodistas publicaron una versión mutilada. Pero la versión completa, con el testimonio personal de todos los agentes que estábamos adscritos al CESID hace 40 años, nunca ha sido publicada. Yo firmé con mi puño y letra 4 folios con mi testimonio, y al igual que yo lo hicieron el resto de agentes. El Informe completo debería permanecer en los archivos del actual CNI en la carretera de La Coruña y, 40 años después, cuando todos los posibles delitos han prescrito, ya es tiempo suficiente para que los españoles conozcan la verdad de lo que ocurrió. Son hechos muy graves y reveladores de un régimen de poder, y tanto que se habla ahora de memoria histórica, democrática y transparencia en las instituciones, qué menos que conocer la verdad respecto a lo que ocurrió entonces”.

Preguntado Diego Camacho al respecto de sí tiene esperanza de su existencia en la actualidad, se muestra tajante: “Yo creo que lo habrán destruido todo”.

División de criptología 

El coronel Juan Alberto Perote.

El coronel Juan Alberto Perote, permanecía de guardia aquella noche en la sede de la AOME (Agrupación de Operaciones de Misiones Especiales) del CESID y coincide con la tesis de Camacho: “Yo creo que quedarán muy pocas cosas. La mayoría de los documentos habrán desaparecido o las tendrá alguien en su poder para que no aparezcan”. Perote, que publicó en 2001 el libro: 23-F: ni Milans ni Tejero. El informe que se ocultó” (Editorial FOCA) coincide con la tesis de Diego Camacho: “En el Informe Jáudenes que yo publiqué, después de una serie de incidentes judiciales, falta el testimonio personal que realizaron los agentes. Soy muy escéptico respecto a que siga existiendo algo relacionado con lo anterior”.

De lo que sí tiene más detalles el coronel Perote es respecto a lo relacionado con las grabaciones de las conversaciones: “Yo de lo que hizo Laína y el Ministerio del Interior no tengo ni idea. Pero sé que el CESID tenía un Centro de Comunicaciones donde, a través de la División de Criptología del ministerio de Defensa, se podía tener acceso a todas las comunicaciones secretas que se establecían entre el Estado Mayor, la Zarzuela y las Capitanías Generales. Esas comunicaciones si se realizaron a través de ese sistema pudieron haber sido intervenidas”.

Fernando J. Muniesa no tiene dudas al respecto: “El CESID de entonces controlaba todas las comunicaciones que, en concreto, salían del palacio de la Zarzuela. Unas eran a través de un aparato previo al Fax, Radiofonema era su nombre, que dejaba por escrito el contenido de las comunicaciones oficiales orales. De haberse realizado comunicaciones esa noche bajo ese sistema permanecerán archivadas”.

Los denunciantes expulsados 

Emisión en directo de Juan Carlos I el 23-F.

A la pregunta de dónde puede guardarse todo esta documentación escrita, sonora o gráfica, los entrevistados no se ponen de acuerdo. Jesús Palacios y Pilar Urbano señalan la sede del CNI en la carretera de la Coruña. Fernando Muniesa indica que primero estuvieron guardados en una Unidad de Contrainteligencia que tenía su sede en la calle Menéndez Pelayo de Madrid y ahora deberían de estar en la sede de la Cuesta de las Perdices.

Camacho y Perote nos dan más detalles: “En los Servicios de Inteligencia existía una División de Archivo. Cuando en el año 1996, tras el triunfo de José María Aznar, regresan al Centro el general Javier Calderón y el coronel José Luis Cortina, nos expulsan a 28 agentes que habíamos denunciado su actuación el 23-F. Entre ellos estaba la encargada del Archivo del CESID. Con eso te digo todo” nos aclara el coronel Camacho.

Perote sitúa otro lugar en el plano de España como posible emplazamiento de la caja fuerte de los secretos del 23-F: “En la provincia de Ciudad Real existe una finca propiedad del ministerio de Defensa donde los Servicios Secretos tienen su almacén y Centro de Archivo. “La casa del doctor” y “La finca de los alemanes” eran sus nombres. Hay que recordar que, hasta dos años después del 23-F, el Centro no empieza a filmar y microfilmar toda su documentación. Antes se guardaban todos los papeles físicamente. De existir algo estará ahí guardado”.

40 años han pasado y más de 40 secretos siguen enterrados bajo siete llaves sobre el 23-F. En junio de 2020 el grupo parlamentario del PNV presentó una Proposición de Ley para reformar la Ley franquista sobre secretos oficiales de 1968. Era su cuarta propuesta en cuatro años. Pero siempre pasa lo mismo, inicialmente se admite pero luego su tramitación choca con todo tipo de obstáculos. En esta ocasión contaron con el voto afirmativo del PSOE, Podemos, ERC, JxCat, Bildu y Más País. PP y Ciudadanos se abstuvieron y únicamente votó en contra Vox. Para Fernando J. Muniesa “Aunque la intención de los nacionalistas vascos se centra en conocer más la llamada “guerra sucia” del Estado contra ETA que el Golpe de 1981, es un paso necesario modernizar nuestra ley de secretos oficiales. Y de paso, conocer toda la verdad de lo que pasó el 23-F”. Ojalá que así sea. Los españoles seguimos teniendo esta asignatura pendiente.