Pedro Manuel B. F. se encontraba ebrio y carecía de titulación para pilotar embarcaciones semirrígidas el 14 de mayo de 2018, cuando sobre las 17 horas su lancha embistió el barco en el que murió un niño de nueve años que pescaba junto a su padre y a un amigo de éste en la playa de Getares, en Algeciras (Cádiz). El piloto realizó maniobras peligrosas en una zona de baño balizada y en la que estaba prohibido navegar por tratarse de los primeros 200 metros de costa.
La lancha que conducía el acusado, que también iba acompañado por un amigo, pasó por encima del menor. El niño murió en el acto “a causa de un shock traumático”. El causante de su muerte tenía vínculos con el narco y antecedentes penales por tráfico de drogas. “Gobernó la embarcación durante más de una hora de una forma gravemente temeraria” y “a gran velocidad”, subraya la Fiscalía.
De aquel suceso han pasado ya dos años y siete meses. Pedro Manuel B. F., al que se le prorrogó la prisión provisional el pasado 18 de mayo de 2020, se encuentra encarcelado desde entonces a la espera de juicio. La fiscal Aurora Andrés Fernández, que lo acusa de un homicidio agravado, solicita para él una pena de 15 años de prisión y que abone a la familia una indemnización de 280.000 euros, según el escrito de acusación al que tiene acceso EL ESPAÑOL.
El juicio, que será con jurado popular, debería haberse celebrado ya, pero la pandemia lo ha retrasado, explican fuentes judiciales. Si no sufre otro retraso, se prevé que pueda llevarse a cabo entre finales de verano y principios del otoño de 2021.
Huyó de la playa
En su escrito, la fiscal señala que, segundos antes de arrollar al barco en el que estaba el menor, el acusado, “de forma enérgica y agresiva, activó la palanca de aceleración de la embarcación que pilotaba perdiendo el control de la misma”.
“Esto originó -prosigue el escrito de acusación- que arrollara la parte central de la embarcación de recreo donde se encontraba el menor, pasando aquella por encima de su cuerpo (...), momento en el que el acusado intentó huir del lugar, no consiguiendo su propósito”.
La Fiscalía sostiene que Pedro Manuel B. F. “era consciente del altísimo riesgo que estaba produciendo con su proceder y la alta probabilidad de colisionar” con las embarcaciones que navegaban esa tarde en la playa de Getares.
“Asumió la posibilidad de causar un grave riesgo en la integridad física o en la vida de cualquiera de los usuarios de dichas embarcaciones o bañistas”, añade la fiscal.
Además de los 15 años de prisión, la Fiscalía pide que el acusado indemnice a cada uno de los padres con 120.000 euros, mientras que a los dos hermanos del crío fallecido tendría que hacerlo con 20.000.
El acusado había recogido la lancha del depósito de la Guardia Civil la misma tarde del siniestro. Se la habían decomisado tres semanas antes. Fue el 26 de abril de 2018. Se le dio el alto mientras navegaba junto a otro hombre sin la documentación de la 'goma' -como en el argot del narco se conocen a las lanchas- y transportando cinco garrafas de gasolina.
Este hecho levantó las sospechas de los agentes, que saben que las bandas de traficantes usan semirrígidas secundarias, de menor eslora y potencia que las que cargan la mercancía, para suministrar víveres y combustibles a los tripulantes de las lanchas que se encuentran en alta mar moviendo toneladas de hachís entre Marruecos y las costas andaluzas.
Los agentes de la Benemérita no pudieron retener la embarcación durante más tiempo debido a que no encontraron una prueba sólida que relacionase a los dos hombres que iban a bordo con un banda organizada de traficantes de droga, aunque para ellos resultaba evidente.
Tensión en Algeciras
El entierro del niño se celebró entre fuertes medidas de seguridad. La Policía Nacional desplegó un fuerte dispositivo en los alrededores del cementerio de Algeciras. Se temía un baño de sangre en la ciudad.
El progenitor del crío muerto también contaba con antecedentes policiales -aunque no por narcotráfico- y varios miembros de su familia están vinculados a la organización de Abdellah El Haj, apodado Messi, un marroquí afincado en la ciudad desde la adolescencia y considerado, hasta hace dos o tres años, rey del hachís en la zona. Ahora está prófugo de la justicia española. Las fuerzas policiales lo ubican en Marruecos.
El anterior Gobierno, con el ministro Juan Ignacio Zoido al frente de Interior, quiso restarle gravedad a la situación que se vivía por ese tiempo en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar pese a que la muerte del menor llegó sólo 48 horas después de que nueve guardias civiles fuesen agredidos por una turba de 40 personas.
Zoido se afanó en desmentir que la semirrígida que mató al menor fuera una 'narcolancha', cuando sus vínculos con el tráfico de hachís eran evidentes y la persona que la pilotaba tenía antecedentes penales por tráfico de drogas.
Seis meses después de los hechos, el padre del menor fallecido presuntamente apuñaló en el pecho a otro hombre que estaba esperando a declarar por un asunto de narcotráfico a las puertas de la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz.
La víctima era realmente el verdadero propietario de la lancha que mató al crío, pese a que el día de los hechos él ni la pilotaba, ni estaba presente. Como contó en su día este periódico, la Policía Nacional abrió una investigación para saber si se debía a "una venganza o a asuntos relacionados con el narcotráfico". La víctima fue dada de alta pocos días después.