Los alcaldes de Canarias estallan contra los inmigrantes: “Es la ruina, y una cárcel para ellos”

Canarias se ha convertido, en cuestión de meses, en una cárcel. Las siete islas y, en concreto Gran Canaria, son un auténtico atolladero para los miles de extranjeros que, desde agosto, han arribado en patera a las costas isleñas y, una vez allí, han visto frustrado su objetivo: seguir su viaje a la Península y después a Europa para encontrar un futuro mejor. 

Los que son ilegales, por otro lado, tampoco han podido ser repatriados a sus países de origen. La burocracia y la falta de medios por parte de las fuerzas policiales han retrasado este proceso desde diciembre hasta supuestamente principios de febrero. 

Mientras tanto, los inmigrantes han seguido llegando —este miércoles atracaron 370 más en aguas próximas a Lanzarote—, y concentrándose en las islas. Primero, en el puerto de Arguineguín (Gran Canaria), donde se instaló el denominado campamento de la vergüenza y llegaron a hacinarse hasta 2.600 personas en menos de 100 días. Después, en hoteles turísticos, donde la mayoría están alojados, y por último en siete campamentos repartidos por la comunidad autónoma, en los que deberían instalarse todos ellos según los planes del Gobierno esta misma semana. Una previsión que, según denuncian fuentes políticas locales a este periódico, no parece que vaya a cumplirse tampoco esta vez, después de múltiples retrasos. 

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Este problema, no obstante, no es el único al que se enfrentan ahora los canarios. El embudo migratorio ha tensado la convivencia en las islas como nunca antes había ocurrido. Los inmigrantes que ya no caben en los hoteles o han sido expulsados de estos "por mal comportamiento", viven en la calle, en la playa o en el parque. Y los que están alojados, hartos después de meses sin poder llegar a Europa, han convocado protestas. A lo que también se suman incidentes vandálicos (peleas, robos, agresiones, amenazas...) protagonizados por menores en la mayoría de casos. Una realidad que, ante la falta de seguridad en la zona, tiene atemorizada a gran parte de los residentes de los pueblos turísticos y ha despertado, aunque en menor medida, el discurso xenófobo.  

Esta tesitura ha hecho que los alcaldes de las pequeñas localidades canarias que sufren en primera línea la presión migratoria hayan levantado el hacha de guerra. Cuatro de ellos, con los que conversa EL ESPAÑOL, aseguran sentirse abandonados por el Gobierno de Pedro Sánchez y exigen medidas urgentes para paliar la crisis migratoria, mayores refuerzos de seguridad; y, ante todo, la redistribución inmediata de los inmigrantes de los hoteles a los campamentos para recuperar la paz social y salvar el turismo de Canarias, su principal sustento económico y cuya imagen se está viendo empañada en todo el mundo. 

"El hartazgo es máximo"

Onalia Bueno es la alcaldesa del municipio grancanario de Mogán, localidad que alberga en 10 de sus hoteles turísticos a 2.800 inmigrantes y 600 menores de edad no acompañados (menas) desde que comenzaron a llegar en el mes de octubre. Ante la situación de emergencia, el Gobierno llegó a un acuerdo con varios empresarios de la zona que tenían sus hoteles vacíos por la pandemia para alojar a los extranjeros hacinados en el muelle de Arguineguín. La primera edil, no obstante, no supo de esa decisión hasta que los vio establecidos en los complejos de lujo. Al principio fueron un millar, pero ahora son ya alrededor de 5.000 subsaharianos y magrebíes los que están realojados entre hoteles de Mogán y el municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana. 

"El hartazgo es máximo. Desde agosto hasta diciembre, los incidentes empezaron siendo menos graves, después fueron graves y ahora son muy graves. Tanto que el 60% de los incidentes que se producen en el municipio son protagonizados por menores. El último es que han tirado muebles y piedras a la Guardia Civil. Hablamos de jóvenes de entre 14 y 17 años que están alojados en tres hoteles. Cada uno tiene 200 menas. También han agredido a monitores, educadores... Hay un nivel de inseguridad tremendo", denuncia Onalia Bueno. 

Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria)

Ante tal escenario, la lucha de esta alcaldesa popular ha sido insistir una y otra vez a la Delegación del Gobierno que se refuerce la seguridad en Puerto Rico, la zona más turística y conocida del municipio. En la mayoría de ocasiones, cuenta solo con una patrulla en la calle. Hace una semana, logró que se desplazara a la localidad el Grupo de Reserva y Seguridad número 8 de la Guardia Civil (GRS) que se encuentra en los Rodeos (Tenerife). Sin embargo, la brigada solo podrá estar en el lugar hasta finales de este mes. 

Si bien es cierto, según admite la propia Bueno, que no se puede generalizar puesto que la mayoría de los inmigrantes se comportan de manera pacífica, "hay un grupo importante que crea el conflicto". "Después de tantos meses, saben cómo funciona todo. Van en grupo. Intentan intimidar... Nosotros no estamos acostumbrados a esto en las calles. Nunca ha ocurrido", añade. El nivel de violencia ha aumentado en los últimos meses, apunta la regidora canaria, porque la última directriz en los hoteles es que se les expulse si tienen un mal comportamiento. "¿Dónde van? A la calle. Lo que al final desemboca en mayor inseguridad", sentencia. 

Sin ir más lejos, Fermín, un empresario que lleva en la zona de Puerto Rico más de 40 años, sufrió tres robos en su restaurante el sábado pasado. "Primero entraron a las 23:30, después a las 02:30 y finalmente a las 06:30 de la mañana. Se llevaron todas las bebidas alcohólicas, cavas, vinos... Estamos desprotegidos. Lo que no he vivido en mi vida aquí, lo estoy viviendo ahora. La gente tiene miedo", denuncia este hostelero. 

"Doblemente golpeados"

Por el momento, la principal exigencia de Onalia Bueno es que "saquen cuanto antes" a los inmigrantes de los hoteles y los reubiquen en los campamentos que está diseñando la secretaria de estado de Migraciones. Allí serán alojadas casi 7.000 personas llegadas a las islas. ¿Cuándo? La primera edil todavía no ha recibido respuesta. 

"En la última junta local de Seguridad me dijeron que en las próximas semanas empezarán a distribuirlos. Este Gobierno de España siempre llega tarde y mal. No tienen un plan estratégico, pero se gastan 10 millones de euros mensuales en alojar a los inmigrantes en hoteles de lujo. Este dinero debería destinarse a crear centros dignos y que liberen a las zonas turísticas. Cuando los lleven a los campamentos van a hacer lo mismo que están haciendo aquí. No hay un plan de choque. Y saben de sobra que los que llegan aquí, no se quieren quedar en Canarias. Esto es una cárcel. Seguiremos almacenando inmigrantes, no puede ser", critica. 

La crisis migratoria y las sucesivas instantáneas que se han difundido por todo el mundo de los hacinamientos en los puertos o de las reyertas entre inmigrantes tampoco han dejado en buen lugar a Canarias, en lo que imagen turística se refiere. "Antes un turista cuando venía te preguntaba si había internet, ahora pregunta si hay inmigrantes. Después de aguantar el chaparrón de la crisis sanitaria, ahora toca la migratoria, el sector hostelero está doblemente castigado. Esto es una ruina", clama Bueno. 

Pero ¿cómo se ve desde fuera lo que está ocurriendo en las islas? "He recibido muchos mensajes y todos me dicen que no reservarán aquí hasta que esto se resuelva. Esto es un problema enorme. En los próximos meses, los británicos e irlandeses reservarán sus vacaciones de verano. Y el impacto negativo que se está dando de la isla es un desastre para los centros turísticos".

Lo dice Russel Mitchell, el representante (o también llamado líder) de los residentes ingleses de Gran Canaria, que viven a caballo entre Reino Unido y el archipiélago. Los últimos altercados ocurridos en la isla, señala, no han dejado en buen lugar al archipiélago y que los hoteles estén llenos de inmigrantes, menos. "Nadie piensa que no se deba ayudar a los inmigrantes. Por supuesto que sí, pero no a costa de la vida, los medios de subsistencia y la reputación de los centros vacacionales para las personas. Los hoteles no son aptos para este propósito. Tienen que solucionar esta crisis, como pasó en Grecia o en Italia. No podemos convertirnos en otro pueblo fantasma turístico", sentencia Mitchell, que vive en la isla desde hace 25 años.  

"Es un error alojarlos en hoteles"

Conchi Narváez, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana.

La gravedad de la situación en Canarias ha conseguido incluso que las siglas políticas hayan pasado a un segundo plano. Es el caso de Conchi Narváez, la alcaldesa socialista de San Bartolomé de Tirajana. Otro municipio turístico donde el Gobierno decidió alojar alrededor de 2.600 inmigrantes en siete complejos turísticos en el mes de noviembre. Ella, no obstante, al igual que Onalia Bueno, se enteró el día que se instalaron. 

"Desde el primer momento trasladé a la Delegación del Gobierno que alojar a personas migrantes en alojamientos turísticos era un error porque no es el lugar adecuado. El Ministerio del Interior tomó esta medida como transitoria y excepcional mientras adecuaba otras instalaciones y aceleraba las repatriaciones y expulsiones. Nuestro enfado es por la lentitud en la habilitación de otros espacios y por tanto, que la solución que era excepcional y transitoria se haya mantenido durante meses y continúe hoy", critica la primera edil.  

En cuanto al incremento de la violencia, según Narváez, la realidad es la contraria, al menos en su localidad. Lo que sí es cierto, no obstante, es que la llegada de los inmigrantes "ha generado una preocupante situación de inseguridad ciudadana". "La mayoría son respetuosos, pero también existen algunos están desesperados por su situación, no quieren quedarse en esta isla, y se crea el caldo de cultivo para que proliferen los altercados y los hurtos, casi siempre entre ellos mismos", matiza.

En cualquier caso, a pesar de la sintonía política, a la primera edil socialista no le cuesta afirmar que las decisiones tomadas por el Gobierno con esta crisis están siendo tardías e inadecuadas. "La administración central gobierne quien gobierne nunca ha entendido la realidad de Canarias, como si nuestros problemas fueran lejanos, actualmente con la crisis migratoria no terminan de entender cómo se desarrolla nuestro día a día, los problemas que causan a vecinos o la mala imagen que se está creando de un destino turístico, un daño a la marca canarias con consecuencias económicas incalculables".

El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancourt.

A 300 kilómetros de San Bartolomé de Tijarana, se encuentra el municipio costero de Teguise, en la isla de Lanzarote. Otro puerto canario de entrada para la inmigración por su corta distancia con Marruecos (90 kilómetros).

En este municipio, los lugareños están acostumbrados a ayudar a quienes llegan a sus costas. Aunque lo que ha ocurrido en el último año, según cuenta el alcalde del municipio, Oswaldo Betancourt, "es para echarse a llorar". "La crisis migratoria no solo está afectando al turismo, está afectando a la sociedad. Hay un revulsivo social. No tenemos medios y el estado y Europa nos tienen abandonados. Este miércoles entraron 370 inmigrantes. Llevamos 1600 en lo que llevamos de año. En 2021 tiene pinta de que se va a duplicar la llegada de inmigrantes. Esto solo va a ir a peor", critica este alcalde. 

Betancourt, que además es diputado por su región del parlamento autónomico por Coalición Canaria, asegura que ha hecho todos los esfuerzos posibles para que Canarias no fuese la puerta de entrada de la inmigración. Lo ha hecho enviando hasta 40 cartas como alcalde a la Comisión Europea de Pueblos, también al Gobierno. Pero nunca ha recibido respuesta. "Hemos sufrido mucho con el tema migratorio. Pero aquí tenemos a un Gobierno sumiso y en Madrid a quienes les interesa que los extranjeros se queden aquí y no toquen el territorio nacional, aunque saben que los inmigrantes quieren ir a Europa. Esto se parece cada vez más a una cárcel", sentencia. 

Vulnerabilidad

La alcaldesa de La Oliva (Fuerteventura), Pilar González.

Cuando Pilar Domínguez, la alcaldesa de La Oliva (Fuerteventura) se enteró de que el Gobierno central estaba incentivando que los inmigrantes ocuparan plazas hoteleras, se echó las manos a la cabeza. Pero cuando se enteró de que una parte de ellos serían alojados en su localidad en noviembre, todavía fue peor.

"Yo me enteré cuando ya venían de camino, en un autobús. Sesenta inmigrantes, que aún sigue aquí, de Puerto del Rosario a la La Oliva. Nos quedamos paralizados. No tenía ningún sentido. Somos un municipio turístico y traerlos aquí no nos ayudaba. Por otro lado, se trataba de una provocación con toda la que estaba cayendo. En 2020, dimos más de 3500 ayudas a personas en situación de vulnerabilidad. Mientras tanto, se estaba dando cobertura a inmigrantes en hoteles de cuatro estrellas. ¿Cómo le explicas esto a los ciudadanos?" se pregunta la primera edil. 

Lo cierto es que, dejando a un lado la crisis migratoria, la crisis turística, como ocurre en La Oliva, ha dejado en situación de pobreza a cientos de canarios. Los datos hablan por sí solos. La destrucción de puestos de trabajo multiplica por cuatro la media nacional y la dependencia de su economía respecto a la afluencia de visitantes ha hundido el PIB local en un 26,4%. 

Para colmo, Canarias ya partía con un serio hándicap: unos índices de pobreza y exclusión social superiores en 10 puntos a la media nacional, según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Cifras que alertaban de que uno de cada tres canarios estaba en riesgo de sufrir esta situación de penuria, incluso antes de que surgiera el virus.

Una situación agónica que, al igual que ha ocurrido en muchas ciudades españolas, ha dejado colas visibles del hambre en varios puntos de las islas. Por ejemplo, en la zona de Costa Calma, en el sur de Fuerteventura. Allí, un grupo de residentes alemanes y visitantes asiduos se han aglutinado en torno a la ONG La Caja de la pequeña Silvia y han podido dar alimentos a más de 500 familias. 

Crisis sanitaria, social, económica y migratoria. Así es como el Gobierno deja morir a las islas españolas más famosas del mundo.