El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el lunes una convocatoria de oposiciones de la Diputación Provincial de Huesca para auxiliar administrativo en la que de las doce plazas ofertadas, por primera vez una estaba reservada para una persona transexual.
Esta novedad, pese a ser un hito en lo que a visibilidad e integración laboral del colectivo se refiere —el 85% de ellos y ellas está en situación de desempleo—, no ha estado exenta de polémica. Han sido muchos los que han señalado que dicha oferta se traduce en una discriminación positiva hacia las personas transexuales al crear una plaza específica para ellas. Y que, aunque sea positiva, no deja de diferenciar y separar a estas personas del resto de candidatos.
Otros, directamente, han criticado al PSOE por la propuesta puesto que el presidente de la institución regional pertenece a dicho partido. Pero, qué hay de cierto en todo esto. ¿Por qué ha decidido la Diputación oscense ofertar esa plaza por primera vez?
El texto remite a una resolución del pasado día 25 de enero en el que la Diputación, presidida por el socialista Miguel García Ferrer, en la que se establece que de la decena de plazas dos son para peronas con discapacidad y una para una persona transexual.
La resolución del 25 de enero de la Diputación de Huesca.
Sin embargo, pese a lo que muchos han sentenciado, no se trata de una decisión partidista. Lo que ha hecho este órgano regional ha sido aplicar la ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación de la comunidad autónoma de Aragón. Una norma que fue aprobada en 2018 por unanimidad en las Cortes y en la que, en el título quinto, se establece que en las ofertas de empleo público realizadas por las Administraciones públicas aragonesas "se reservará un cupo no inferior al uno por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas transexuales" en aras de fomentar su integración sociolaboral.
¿Es discriminatorio?
"Esta oferta no es ningún tipo de iniciativa de la Diputación de Huesca, simplemente estamos cumpliendo la ley que se aprobó en 2018. Y en ningún caso del PSOE, la norma fue aprobada por todos los partidos", han señalado desde la institución regional a este periódico. De hecho, es la única comunidad autónoma que tiene un cupo reservado para este colectivo en sus ofertas de empleo público.
Desde la plataforma aragonesa SOMOS, que se encarga de luchar por los derechos del colectivo LGTBIQ+ y que participó en el diseño de la ley trans en la región, admiten que la norma pueda ser discriminatoria de manera positiva. No obstante, apuntan que es el primer paso para que este colectivo tenga acceso a determinadas plazas a las que le resulta complicado aplicar.
"La visibilidad de estos cupos es muy importante, aunque sea una plaza o dos. Nosotros la apoyamos porque la idea era que la administración diese ejemplo. La medida debería ir acompañada también de políticas de inserción para el colectivo, nosotros seguimos trabajando en ello. Al final, el objetivo es que esto también ocurra en las empresas privadas", señala Juan Diego Ramos, portavoz de la organización.
Por otro lado, entre los requisitos de esta resolución y para optar a la convocatoria, se establece que la persona debe ser española, tener cumplidos los 16 años y no superar la edad de jubilación forzosa. Además, no de padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones y debe contar con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
Asimismo, la convocatoria señala que las personas que participen en la reserva de discapacidad, deberán tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Finalmente, explica la condición para pedir una plaza en caso de ser una persona transexual. Estas deberán aportar declaración jurada notarial en la que se identifiquen con un sexo diferente al que se les asignó al nacer o la presentación del Auto del Juzgado o del Registro Civil en el que se concede la rectificación registral del sexo.