Chueca, Malasaña y Letras: el triángulo de las locas fiestas ilegales en Madrid desde octubre
Desde el comienzo del segundo estado de alarma, la Policía Municipal ha intervenido más de 5.600 fiestas.
16 febrero, 2021 01:57Noticias relacionadas
El goteo es incesante. Lunes tras lunes, desde el inicio del segundo estado de alarma en el mes de octubre, los medios de comunicación informan de un dato no menos preocupante que los contagios y fallecimientos acumulados del fin de semana por el coronavirus. Las fiestas ilegales.
Cuando llega el viernes, el sábado y el domingo, miles de jóvenes se las ingenian para saltarse las restricciones de movilidad y reunirse en viviendas o locales donde pasar toda la noche bebiendo, bailando y/o consumiendo drogas sin respetar las medidas de sanitarias frente al virus. Al menos, hasta que las fuerzas de seguridad llaman a la puerta.
Donde más preocupa este fenómeno es en Madrid. Desde finales de octubre, la Policía Municipal ha intervenido en más de 5.600 fiestas ilegales. La presión policial, las multas (que ascienden a 600 euros) o simplemente el empeoramiento de la situación epidemióloga ha servido de poco. En las últimas semanas, lejos de reducirse, estos encuentros clandestinos han aumentado.
Este fin de semana, sin ir más lejos, se ha batido un récord: 418 fiestas ilegales. 80, el viernes; 170, el sábado y 168, el domingo. La media de intervenciones policiales en este tipo de reuniones ilícitas se sitúa en unas 250 cada semana. Hasta el momento, los agentes municipales han denunciado a 13.935 participantes en estas fiestas por no llevar mascarilla y a 8.356 por estar en grupos de más de seis personas.
El triángulo
El perfil de los asistentes a estos encuentros, según explican fuentes policiales a EL ESPAÑOL, son jóvenes de 20 a 30 años que conocen cada vez mejor las tácticas policiales y por eso, en muchas ocasiones, ni siquiera se molestan en abrir la puerta a los agentes. Por otro lado, las zonas donde más intervenciones se realizan son tres: los barrios de Malasaña, Chueca y Letras, en el centro de la capital española. El triángulo de la juerga madrileña en plena tercera ola.
La mayoría de estas fiestas se producen en domicilios, pero también en locales cuyos dueños se enfrentan ahora al cierre del mismo. De hecho, la Policía Municipal ha denunciado a 618 locales de ocio por incumplir horarios de cierre y continuar con la fiesta en el interior del establecimiento. Treinta de ellos, según informó El Mundo, han sido ya clausurados definitivamente por reincidencia.
Conscientes de la proliferación de este tipo de encuentros, el Ayuntamiento de Madrid duplicó en verano el número de agentes destinados a controlar las celebraciones. De 115, el Área de Seguridad y Emergencias amplió hasta 220 los agentes destinados a aumentar la seguridad sanitaria en Madrid. Las unidades de distrito se encargan de controlar de sus zonas. No obstante, precisan de la ayuda de los antidisturbios municipales cuando las fiestas son multitudinarias y pueden desencadenar en escenas violentas por parte de los asistentes
Pisos turísticos
Los pisos turísticos, ante su falta de uso, se han convertido en las nuevas discotecas de la pandemia. Por ejemplo, este último fin de semana la fiesta más grave se detectó en el sótano de un local comercial de 50 metros cuadrados en el centro madrileño, una especie de almacén de instrumentos y de vestuario de ópera. No tenía salidas de emergencia y se anunciaba en ofrecía en internet para el alquiler vacacional. Cuando los agentes echaron la puerta abajo, había 66 peronas en el interior del establecimiento y 11 de ellas eran menores.
Otra de las fiestas detectadas por la Policía Municipal ocurrió en un restaurante de la calle de Covarrubias, en el distrito madrileño de Chamberí, donde había 16 personas escondidas y se tramitaron 32 propuestas de sanción por saltarse el toque de queda y por no mantener la distancia de seguridad.
Sin embargo, no solo hubo sanciones, también detenciones. La Policía Nacional desmanteló dos celebraciones, en un local y otro piso turístico, y arrestó a ocho personas, siete varones y una mujer, todos ellos españoles, como presuntos responsables de delitos de atentado a agentes de la autoridad y detención ilegal.