La ONG Amnistía Internacional ha lanzado una campaña de apoyo al rapero Pablo Hasél. Bajo el título Rapear no es delito, la organización hace una recogida de firmas “para cambiar el código penal y defender la libertad de expresión”. “Nadie debería ser condenado penalmente por tuitear o cantar algo, por muy desagradable o escandaloso que a alguien le parezca, si no constituye un delito de odio, tal y como está definido este en el derecho internacional de los derechos humanos”, asegura la ONG en un comunicado en su web. Ya llevan recogidas 99.395 firmas para cambiar esta ley.
Esta campaña llega en una semana en que las protestas callejeras por el encarcelamiento del rapero han provocado grandes tensiones en muchas ciudades de España. Ha habido detenciones, agentes y manifestantes heridos, destrozo de mobiliario urbano y de comercios. Asimismo, ha tenido su eco en la política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este viernes que "la violencia es lo contrario a la democracia y la negación de la democracia", en referencia a las protestas violentas.
Por otro lado, Podemos, socio del Gobierno de coalición ha defendido las protestas y se ha opuesto a la encarcelación de Hasél. “Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia”, tuiteó el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.
Es en este contexto cuando Amnistía Internacional hace campaña en favor del rapero encarcelado. Daniel Canales, portavoz e investigador de Amnistía Internacional atiende a EL ESPAÑOL para explicar en qué consiste este movimiento de la ONG.
Pregunta: Hasél no está en la cárcel únicamente por rapear. ¿Por qué han escogido ese título para la campaña?
Respuesta: La campaña lo que pide es una reforma del código penal en materia de libertad de expresión. Sobre el título, Rapear no es delito, Amnistía internacional lleva años documentando cómo el artículo 578 de enaltecimiento del terrorismo se ha empleado contra otras personas, artistas, músicos, abogados, periodistas, tuiteros…". Ya alertábamos en un informe de 2018 titulado Tuitea si te atreves de que este artículo se estaba aplicando de forma especialmente preocupante, desde nuestro punto de vista, contra la creación artística. De ahí un poco la razón del título. El caso de Pablo Hasél es lo excepcional en estos casos porque, por norma general, se suele suspender la ejecución de la condena. Pero Amnistía Internacional lleva años alertando de la interferencia que supone este artículo sobre el derecho a la libertad de expresión.
P: ¿El enaltecimiento del terrorismo no está penado en otros países?
R: El delito de enaltecimiento del terrorismo no alcanza los umbrales que se establece en el derecho internacional y de derechos humanos para perseguir penalmente expresiones. Este umbral, resumidamente, lo que dice es que para la persecución penal de expresiones, tenemos que hablar de expresiones que inciten de manera clara y directa a la violencia. Eso requiere un análisis del contexto, de que exista una relación causal entre el mensaje proferido y la comisión de actos violentos o que haya una cierta probabilidad entre que ese mensaje pueda conllevar hechos violentos. También por supuesto, valorar la intención al emitir esos mensajes. El artículo 578 no contiene este umbral.
P: “Que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono”; “¡Merece que explote el coche de Patxi López!”. ¿Cree que estas frases deben estar amparadas en la libertad de expresión?
R: Esas dos frases son de primer procedimiento por enaltecimiento del terrorismo que siguió contra Hasél en el años 2014, cuya sentencia está suspendida. No tiene que ver con el proceso por el que está en prisión. En segundo lugar, lo que tiene que darse es un análisis sobre si esas expresiones han incitado de manera clara y directa a la violencia. Cuando se aplica este artículo 578, se prescinde totalmente de hacer ese análisis.
P: ¿Entonces cree el derecho internacional no interpretaría que estas frases incitan a la violencia?
R: Lo primero que habría que hacer es analizardo de acuerdo con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Y cuando se aplica el artículo 578, ese análisis no se ha realizado.
Amnistía Internacional cuenta actualmente en España con casi 90.000 socios. Estos aportan el 99,1% del presupuesto de la ONG. En 2019, los ingresos de la organización rebasaron los 12,2 millones de euros, según sus propias cuentas. Los gastos de apoyo organizativo suponen un 16,3% del total.
Los salarios de los cargos directivos oscilaron entre 47.317 y 63.351 € brutos anuales. Por su parte, los salarios de los cargos técnicos oscilan entre 26.602 y 41.026 € brutos anuales. Las aportaciones de los socios varían en cada caso: cada uno aporta lo que quiere.
La ONG está dirigida en España por el madrileño Esteban Beltrán desde 1977. El hombre ha formado parte de más de una veintena de misiones de investigación sobre la situación de los derechos humanos en países como Guatemala, Costa Rica y Panamá.
P: ¿Ningún socio se ha mostrado en contra de esta campaña?
R: El trabajo de Amnistía Internacional con el código penal o la Ley de seguridad ciudadana se remonta muy atrás en el tiempo. El trabajo que realizamos sobre libertad de expresión no se ha originado de una día para otro por el caso de Pablo Hasél. Es un trabajo muy continuado desde hace años.
P: ¿La campaña de Amnistía internacional puede estar dando alas a las protestas?
R: No creo que eso esté ocurriendo. La campaña tiene el objetivo de instar a la reforma del código penal en materia de libertad de expresión. Este trabajo se viene realizando por nuestra parte desde hace muchos años. Hoy por hoy, no estamos dando un mensaje distinto al que llevamos dando desde hace años.