“Precaución”, reza el letrero que hay junto a una zanja -profunda y ancha- que impide continuar el paso. “Aguas industriales. No bañarse. No captar agua”, añade el disuasorio cartel.
Si al otro lado de esta montaña de tierra compacta y blanquecina hubiera una cárcel, sería casi imposible escapar de ella. El fugitivo acabaría atrapado en esa fosa que perimetra la desaconsejable instalación que hay sólo unos metros más allá.
Justo al otro lado de este lugar que pisamos, ubicado a 500 metros de las primeras casas de Huelva y a un kilómetro en línea recta del centro de la ciudad, se dispersan cuatro enormes balsas en las que la empresa Fertiberia ha vertido 120 millones de toneladas de residuos tóxicos industriales. Comenzó en 1968. No paró hasta el 31 de diciembre de 2010.
Desde entonces, la ciudad andaluza y sus 143.000 habitantes tienen como indeseable vecino al mayor vertedero industrial de Europa, según los expertos. Hoy en día es una descomunal extensión inerte y radioactiva -aunque no perjudicial para el ser humano, en principio- de 1.120 hectáreas. En ella cabrían, una al lado de la otra, alrededor de 1.770 unidades del A-380, el avión de pasajeros más grande del mundo (73 metros de envergadura y 80 m. de longitud).
Zona de acceso a una de las balsas de fosfoyesos, cuyo perímetro está cercado por una profunda zanja.
Si se ve desde el aire, o desde las azoteas de los primeros edificios de Huelva, se observa una enorme mancha blanca salpicada de varios lagos de aguas oscuras y letales, cargadas de materiales pesados como el cadmio o el arsénico, derivados de la producción de fertilizantes agrícolas. Una inmensidad que ahora el Gobierno pretende sepultar bajo una capa de tierra y arcilla compacta de un metro. Al menos, ese es el camino elegido por el momento. Que se transite todavía está por ver.
En octubre del año pasado, el Ejecutivo, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, avaló el plan presentado por la empresa, obligada por la justicia española a reparar el daño causado. Sin embargo, las dudas en torno al proyecto no han parado de surgir desde que se conoció la noticia. Además, necesita el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la autorización ambiental de la Junta de Andalucía, dos ‘obstáculos’ que el plan todavía ha de superar.
Un comité científico multidisciplinar e independiente en el que participan el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tres universidades andaluzas, entre ellas la de la propia Huelva, o el Instituto Geológico y Minero (IGME), advierte en sus informes que la tierra sobre la que se asientan los fosfoyesos, situada junto al río Tinto y muy próxima al Odiel, y rodeada de una zona de marismas que se anegan con la subida del mar, es inestable en su perímetro, por lo que el sellado no impediría las filtraciones subterráneas.
También alertan de la posibilidad de corrimientos de tierra futuros y trabajan con el riesgo medio-alto de llegada de maremotos a la zona, aunque no de forma inminente. “Hay numerosas salidas de borde que drenan las balsas [limpiándolas] y alcanzan el estuario” del río, señala el último de los estudios hecho público por el citado grupo de expertos, al que ha tenido acceso este periódico. Tiene fecha de diciembre de 2020.
En las conclusiones del mismo, firmado por Rafael Pérez-López, doctor en Ciencias de la Tierra y profesor de la Universidad de Huelva (UHU), se señala: “Pese a eliminar el agua de proceso -vaciar las balsas- y cubrir la superficie con suelo natural, no se garantiza el cese de las salidas de borde que llegan al estuario”. Es decir, las filtraciones seguirían produciéndose sin que se vieran, como hasta ahora.
El investigador advierte de la existencia de niveles de cadmio y arsénico muy por encima de los límites establecidos en un vertedero de residuos peligrosos, según la normativa europea. Varios estudios internacionales vinculan la presencia de estos metales en personas con una mayor posibilidad de desarrollar cáncer de páncreas, entre otros.
En 2011, un estudio en el que participaron Nuria Malats, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), y Miquel Porta, del Instituto de Investigación Médica Hospital del Mar (IMIM), analizó los niveles de 12 elementos en las uñas de los pies de 118 pacientes con cáncer de páncreas y 399 pacientes con otras patologías. Todos los enfermos estaban ingresados en distintos hospitales españoles.
Los resultados de la comparación de los restos encontrados en las uñas de los pacientes con cáncer y los que no lo padecían mostraron que los que tenían niveles más altos de arsénico y de cadmio presentaban dos y tres veces más riesgo de padecer cáncer de páncreas.
Imagen de los fosfoyesos a vista de pájaro.
"Deficiencias"
Desde julio de 2020, al frente de dicho comité de expertos está José Rodríguez Quintero, catedrático de Física y vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Huelva. En conversación telefónica con EL ESPAÑOL, advierte que “hay deficiencias en el estudio” avalado por el ministerio. Este grupo no descarta el traslado de los contaminantes a otro punto mediante buques o miles de camiones, unos trabajos que llevarían años.
“Lo primero es estabilizar al enfermo y evitar que se muera. La pregunta es si después de restauradas esas balsas se producirán flujos. Lo ideal sería que no estuvieran ahí, pero otra cuestión es si eso ya es posible”, añade.
“Nosotros tenemos constancia de que hay contaminantes que han llegado, y que están llegando, a la cadena trófica. La Junta tendrá que hacer un estudio de impacto de salud pública. Luego, se verá si sepultar esa inmensidad es o no lo mejor. La empresa piensa que sí. Nosotros presentaremos nuestro primer informe de deficiencias, en base a tres estudios, durante el mes de abril. Hay que actuar. Y hay que hacerlo ya. Se han perdido varias décadas, es suficiente”.
En 1968, el Gobierno de Franco permitió que Fertiberia empezara a acumular montañas de fosfoyesos de hasta tres metros de altura. Lo hizo bajo el argumento de la “existencia de desagües de capacidad ilimitada y reducido costo de acondicionamiento”. A partir de 1993, con el beneplácito de la Junta, los apilamientos alcanzaron los 25 metros.
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La empresa continuó con los vertidos hasta el 31 de diciembre de 2010, beneficiándose de una legislación medioambiental laxa. Al año producía 2,5 millones de fosfoyesos. En torno a una quinta parte, el 20%, se vertía “directamente sin control ni tratamiento al estuario del río Odiel”, se advierte en uno de los informes del comité de 19 expertos.
En 2010, la Audiencia Nacional obligó a la empresa a frenar los depósitos. Pese a que ya no se acumulaba basura tóxica, ésta siguió llegando a las marismas de forma involuntaria por el subsuelo. Ahora, con la justicia española apremiando a Fertiberia para que actúe cuanto antes, el Gobierno ha dado el primer paso. En principio, se sepultarán las balsas.
“Estamos ante un pequeño Fukushima, salvando las distancias”, dice rotundo Juan Manuel Buendía, presidente de la Mesa de la Ría, un movimiento social que nació como respuesta a las actuaciones de Fertiberia y que derivó en partido político.
“Llevamos medio siglo viviendo junto al mayor vertedero tóxico de Europa sin saber si nos afecta o no a la salud. La aprobación dada por el ministerio es una chapuza. Se cubre la basura, no se ve, pero sigue ahí, llegando hasta nuestras aguas, nuestros pescados y nuestros árboles, como ya se ha demostrado. Si la Junta accede a darles la autorización ambiental integrada, que tenga por seguro que acudiremos a los juzgados”, explica Buendía.
Según sus cálculos, para sepultar las balsas se necesitarían alrededor de medio millón de camiones de gran tonelaje cargados de tierra fértil que habría que traer de otro lugar. A Buendía le suena a plan “descabellado”.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico descartó en octubre la posibilidad de trasladar los 120.000 millones de toneladas de residuos tóxicos a balsas impermeabilizadas lejos del mar y de lugares poblados.
Manuel Acosta, de 45 años, reside a 500 metros de las balsas de fosfoyesos.
"Un éxito"
En 2018, el Consejo de Seguridad Nuclear hizo público un listado de las seis áreas en España con "presencia de radiactividad". Se trata de zonas no declaradas como contaminadas porque no existe la norma que lo regule. Sin embargo, el CSN argumentó que no hay un riesgo significativo para la población.
En el catálogo aparecían dos zonas de Huelva: las marismas de Mendaña, en el estuario del río Tinto, donde acabaron los restos contaminados con trazas de cesio-137 tras un incidente de una planta de Acerinox en Cádiz (1998), y los fosfoyesos que hay junto a la capital onubense y el estuario del mismo río, donde se hallaron isótopos de radio-226.
También en 2018, investigadores del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), publicaron otro preocupante estudio. Encontraron asociación entre el arsénico y el número de muertes por cánceres cerebrales, y el cadmio con el de vejiga.
Los investigadores dijeron que las conclusiones se movían en el campo de las hipótesis y de las asociaciones estadísticas, y que los datos tendrían que ser confirmados con futuros análisis para comprobar si la propia composición del suelo tiene su correlato en los marcadores biológicos de los humanos.
El director industrial de Fertiberia y miembro de su consejo de administración, David Herrero, atendió durante media hora a EL ESPAÑOL la tarde de este viernes. Sostiene que el proyecto presentado por la empresa es el "idóneo" y que va a ser una "referencia internacional en materia de recuperación" de apilamientos de fosfoyesos.
"Hemos recurrido a una empresa estadounidense, Ardaman and Associates, que es referente a nivel mundial en este tipo de proyectos. Ya ha llevado a cabo 60 proyectos similares al de Huelva. Cuando se restauren las balsas, la radiación va a ser inexistente", explica Herrero. "Para evitar posibles filtraciones a las aguas próximas se va a hacer un sellado perimetral. En el caso de las zonas con canales mareales, se hará un sellado doble. Este plan de Fertiberia va a ser un éxito".
La ejecución del proyecto se alargará durante 10 años. Durante los 30 siguientes la empresa se hará cargo del seguimiento y la vigilancia ambiental de la zona.
Reciclaje
Al año, a nivel mundial se producen en torno a 280 millones de toneladas de fosfoyesos derivados de los fertilizantes fosfatados que se usan en la agricultura. Alrededor de 42 millones se reciclan. Esa, precisamente, es la opción que prefieren desde la Mesa de la Ría. “El reciclado de los materiales tóxicos nos parece la vía mejor. No queremos que trasladen nuestra basura tóxica a otro lugar de España”, insiste Buendía, de Mesa de la Ría.
La decisión de soterrar las balsas por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico llegó tras dos años y medio de estudio del plan presentado por Fertiberia, al que se le plantearon 1.348 alegaciones.
Desde este departamento explican a EL ESPAÑOL que la declaración de impacto ambiental publicada en el BOE se remitió a la Dirección General de Costas y ésta, a su vez, a la Audiencia Nacional.
Una de las balsas de fosfoyesos vista desde un edificio del barrio onubense de Pérez Cubillas.
“Hay trámites adicionales pendientes que corresponden fundamentalmente a la Junta”, subrayan desde el ministerio. Desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía no respondieron a una serie de cuestiones planteadas este pasado viernes.
Sin fecha
De seguir adelante el proyecto, la cuestión siguiente es cuándo comenzarán las obras. Ninguna de las fuentes consultadas se atreve a dar una fecha concreta, ni siquiera aproximada. Fertiberia asegura que está en disposición de iniciar la ejecución del plan este mismo año. El comité de expertos advierten que “hay que actuar con celeridad”. “Si es en medio año, mejor que en uno”, señala José Rodríguez Quintero, presidente del grupo de investigadores.
Si el plan de soterramiento de las balsas consigue los avales de la Junta y del Consejo de Seguridad Nuclear, será el Ayuntamiento de Huelva el que deberá conceder después los permisos urbanísticos.
Desde el Consistorio onubense, cuya voz se escucha a través del comité de expertos, señalan que hay que “dar pasos adelante en un asunto que no puede esperar más tiempo y que requiere liderazgo desde la función pública”. Añaden que se ha de buscar “una solución eficaz y segura con garantías para la salud de los onubenses”.
Mientras tanto, la población de Huelva desconfía de ese tóxico vecino que tiene al otro lado de una autovía y de unos raíles de tren. Quienes viven más cerca de las balsas de fosfoyesos son los habitantes del barrio Pérez Cubillas, a las afueras de Huelva. Desde la azotea del primer edificio que hay junto a dicha carretera se ve una de las enormes balsas contaminantes.
“Da miedo, la verdad”, dice Manuel Acosta, un hombre de 45 años que reside en Pérez Cubillas. “He pasado mi vida entera con eso ahí al lado. Mi padre murió de cáncer de pulmón sin fumar siquiera. Nadie sabe si los fosfoyesos pudieron tener algo de culpa, pero entre los onubenses existe ese recelo a las balsas desde hace mucho tiempo”.
En 2014, el Centro Nacional de Epidemiología sacó a la luz pública el mayor atlas del cáncer publicado hasta la fecha en España. Vino a constatar lo que ya intuían los epidemiólogos: que el código postal es más importante que el genético para desarrollar un tipo u otro de cáncer. Para el estudio se usaron datos de un millón de muertes por cáncer registradas en el país entre 1989 y 2008.
Ese mapa, por ejemplo, exponía que hubo más de 340.000 muertes por cáncer de pulmón en el periodo de estudio. Las zonas con mayor riesgo de mortalidad por este tipo de tumores en los hombres se localizaban en Extremadura, Andalucía occidental (Huelva, Sevilla y Cádiz), Asturias y Cantabria. En el caso de las mujeres, los mayores riesgos se concentraban en algunos pueblos de Pontevedra y Ourense (Galicia).
Dos años después, en 2016, científicos del Centro Nacional de Epidemiología detectaron una “asociación estadística” entre la concentración de arsénico en el suelo -uno de los materiales pesados de las balsas- y una mayor mortalidad por diferentes tipos de cáncer en España.
El arsénico es un conocido carcinógeno en tejidos como piel, pulmón, vejiga, hígado y riñón. Aquel atlas del cáncer ya decía que en determinadas zonas de la provincia de Huelva la probabilidad de padecer un tumor de pulmón, laringe o tejido conjuntivo era hasta tres veces mayor que en otras zonas de la Península.
Impacto sobre la salud
Pese a estos datos, los registros oficiales no muestran un mayor número de casos a nivel global en la capital onubense que en otros puntos del país, aunque sí una mayor mortalidad en determinados tipos de cáncer. En este hecho pueden influir hábitos de vida como el consumo de tabaco y alcohol, el sedentarismo, la calidad médica asistencial o la renta.
Juan Alguacil, miembro del comité de expertos, es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública. Coordina la parte del estudio sobre el impacto de salud pública que tienen los fosfoyesos. Él y su equipo analizan si los contaminantes de las balsas han llegado a los seres humanos y si es posible que los onubenses estén más expuestos a determinadas enfermedades.
"Es lo que estamos estudiando", explica a este reportero. "Primero hay que hacer un estudio de dispersión, para saber hasta donde llegaría el material de la balsa, en el caso de que alcance alguna población". Las conclusiones de su estudio dependerán de la celeridad con la que la Junta le entregue una serie de datos y "de cómo responda la población teniendo en cuenta la situación de pandemia actual".
El barrio onubense de Pérez Cubillas tiene una pequeña asociación vecinal en el bajo de un edificio pegado a la autovía que separa la ciudad de las balsas de fosfoyesos. Allí, este pasado martes, están Isabel Escudero, de 60 años, e Isabel Osuna, de 63. Son voluntarias en el centro.
Isabel Osuna (izquierda) e Isabel Escudero, vecinas del barrio onubense Pérez Cubillas.
Durante un descanso, hablan del cáncer en sus familias como una enfermedad sumamente extendida, pero sin darle importancia a unas cifras que resultan, cuanto menos, chocantes. “En mi familia directa he perdido a nueve personas por cáncer. Mi abuelo, mi abuela, un tío, una tía, mi padre… Ahora una de mis hermanas está muy enferma. Tiene cáncer cerebral”, explica Isabel Escudero. "Todas vivían en Huelva".
Su amiga relata una lista similar. En el caso de Isabel Osuna son ocho los seres queridos que han muerto por un cáncer. Cuatro tías, dos hermanos, un sobrino… “Aquí todo el mundo da por hecho que esas balsas nos han perjudicado a la salud. Si no estuvieran, ¿aquí habría menos muertes por tumores o por otras enfermedades? Pues no lo sé. Y creo que nunca lo sabremos”.
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* Rectificación de FERTIVERIA:
1) Tilda como “Fukushima onubense” a un apilamiento de fosfoyesos derivado de la producción de fertilizantes, cuyas dimensiones son iguales o incluso inferiores que las que tienen los existentes en más de cincuenta países del mundo. La actividad radiológica de estos apilamientos es de origen natural y no alcanzan niveles que perjudiquen a la salud humana, frente a la resultante del accidente nuclear provocado por un tsunami en Japón.
El apilamiento de fosfoyeso es reconocido como la mejor técnica por las autoridades europeas y en cuya generación y gestión se cumple de manera escrupulosa con la legislación vigente en materia de seguridad.
2) Sostiene que son 120 millones de toneladas de residuos tóxicos industriales. Más allá de que son realmente 76 millones de toneladas, se trata de un subproducto derivado de la producción de fertilizantes que está compuesto en más del 90% de yeso y que no está considerado como peligroso por parte de las autoridades competentes en materia medioambiental (la empresa de EGMASA, hoy integrada en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, dependiente de la Junta, califica el subproducto fosfoyeso como “Residuo NO PELIGROSO”).
3) Relaciona los niveles de arsénico y cadmio en el agua del estuario con el apilamiento de fosfoyesos y estos, a su vez, con su incidencia en el cáncer. El arsénico y el cadmio que, en su caso, pudiera haber en las aguas de la ría de Huelva provienen principalmente de los ríos Tinto y Odiel y no se pueden relacionar actualmente con la actividad de Fertiberia ni con los apilamientos de yeso.