La DGT anula hasta el 50% de las multas que pone: estas son las sanciones y los pasos a seguir

Cada vez son más numerosas las resoluciones judiciales que anulan total o parcialmente las multas impuestas por la Dirección General de Tráfico y también son cada vez más frecuentes las sentencias que condenan a este organismo de la administración al pago de las costas por apreciar temeridad o mala fe, según un estudio elaborado por la organización de defensa de los conductores, Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que ha analizado la litigiosidad de los conductores españoles frente a las multas de tráfico.

En los últimos veinte años, la DGT ha formulado 70 millones de denuncias en las carreteras de su competencia, con una recaudación en torno a los 6.500 millones de euros. Y muchas han sido anuladas. Por ejemplo, recientemente el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo, anuló una multa de un helicóptero-radar Pegasus. La sanción se le había impuesto a un coche "por circular detrás de otro sin dejar espacio libre que le permitiera detenerse, sin colisionar, en caso de frenada brusca del que le precede". 

Los Tribunales, entonces, dictaminaron que el Pegasus no acreditaba la distancia de seguridad que separaba los dos vehículos ni ninguna de las otras circunstancias que se acreditan en la multa. 

Además, la DGT, recientemente, también tuvo que anular una multa por velocidad. ¿El motivo? El radar tan solo mandó una foto al conductor sancionado y los tribunales dictaminaron que se anulara por ser dos las fotos que se deben adjuntar. 

Incremento

Durante este periodo, las sanciones se incrementaron un 122% y de las 2.105.024 denuncias formuladas en 2001 se ha llegado a la cifra de 4.684.286 en 2019, a pesar de que el parque creció en menor proporción (42%). 

Sin embargo, los recursos planteados por los ciudadanos contra dichas multas ha sufrido un proceso inverso, especialmente a raiz de la reforma operada en la Ley de Seguridad Vial en el año 2009, en la que se redujeron las posibilidades de defensa de los ciudadanos y se aumentó el descuento por pronto pago del 30 al 50% del importe de las multas, a aquellos conductores que no planteaban recurso alguno.

"Ello ha dado lugar –según indica AEA en su informe– a que en la actualidad, el 64% de los conductores prefieran pagar con descuento a plantear ningún tipo de recurso aunque consideren que la denuncia formulada sea injusta". 

Multas anuladas

No obstante, el estudio de AEA advierte que en el ámbito judicial son cada vez más frecuentes los casos en los que los tribunales están dando la razón a los conductores frente a las multas impuestas por la DGT, especialmente las que se refieren a excesos de velocidad “porque no se está aplicando correctamente el margen de error de los radares”.

Así, el informe recoge que en los últimos tres años el número de sentencias judiciales favorables a los conductores sancionados se ha incrementado en catorce puntos porcentuales, llegándose a anular en la actualidad cerca del 50% de las multas impuestas por la DGT.

Aumentan las condenas 

Otra consecuencia negativa que AEA también advierte en su estudio, respecto a la irregular imposición de multas de velocidad por parte de la DGT, no sólo se refiere a la pérdida de confianza del ciudadano en las instituciones sino que también afecta al interés general por el aumento de la expresa condena de las costas judiciales a la Administración “por su temeridad al no haber rectificado la resolución impugnada, pese a conocer que todos los juzgados contencioso-administrativos de la ciudad (…) mantienen el mismo criterio sobre el margen de error, y que otras Administraciones ya lo están aplicando desde tiempo atrás sin problema alguno”, tal y como recoge una reciente sentencia dictada por un Juzgado de Pontevedra.

La última sentencia obtenida por los servicios jurídicos de AEA en defensa de los derechos de unos de sus miembros, condenó a la Administración a pagar 400 € de las costas judiciales que, a juicio del presidente de AEA, Mario Arnaldo, “si se aplicará en todos los procesos judiciales que pierde, seguramente la DGT dejaría de ser un organismo recaudador tal y como, sin pudor alguno, ha reconocido ejercer esta función su director general.”