La desgracia de Paloma: debe 2,6 millones de herencia y Castilla y León suprime ahora el impuesto

La eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) en Castilla y León es prácticamente una realidad. El presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, anunció el pasado viernes que el ejecutivo eliminará el tributo después de su aprobación en el Pleno de las Cortes el próximo 28 de abril. Es decir que, en cuestión de diez días, cónyuges, padres, hijos y nietos dejarán de tener que pagar por recibir una herencia. 

La desaparición de este gravamen, en palabras del líder popular castellanoleonés, supondrá una pérdida de recaudación de 35 millones de euros. Y beneficiará, según dijo también, a entre 5.000 y 15.000 contribuyentes al año, basándose en los datos de mortalidad de la comunidad autónoma. Entre tanto bien, no obstante, Fernández Mañueco se olvidó de hacer mención a los ciudadanos que años atrás no han podido librarse de este tributo. Y que seguirán acumulando deudas millonarias porque dicha medida no tendrá efecto retroactivo. 

Se trata de una larga lista de víctimas que arrastra el impuesto de sucesiones en esta región. Aquellas que tienen deudas estratosféricas con Hacienda y que, después de décadas, no han tenido otra opción que aprender a vivir con ellas. Aislados, sin trabajo y sin poder recibir ayuda de ningún sitio. Dos ejemplos, de entre los cientos que existen, son Paloma Alonso (40) y Pablo Ortiz (55). La primera tiene una deuda con el fisco por la herencia de su padre de 2,6 millones de euros y el segundo, de medio millón, también por el mismo asunto. 

Ambos castellano leoneses perdieron a sus padres en 2004. En ese año, el impuesto de sucesiones en Castilla y León estaba fijado en un 32%, en otras palabras, un tercio de la herencia iba para Hacienda. Paloma y Pablo cumplieron con lo que en un primer momento se les exigió pagar, pero después llegaron las sorpresas, las cartas y una deuda que se iba multiplicando cada segundo. Estas son sus historias. 

Paloma: 2,6M

Paloma Alonso (40) debe 2,6 millones de euros a Hacienda.

Después de 16 años, Paloma Alonso cuenta que definitivamente ha tocado fondo. "Estoy llena de rabia con todo el mundo. Te sientes impotente, muchas veces pienso en hacer una locura, pienso en mis hijos, en el futuro que les voy a dejar...", sostiene, entre lágrimas, esta palentina, en una entrevista con EL ESPAÑOL. 

Tras la muerte de su padre, Paloma tuvo que hacer frente al impuesto de sucesiones. Y lo hizo. Pero pocos después, Hacienda le volvió a pedir dinero. No pudo pagarlo. Desde entonces han pasado 17 años y Paloma acumula una deuda de 2,6 millones de euros con la Junta de Castilla y León. No pudo pagar los 600.000 euros que le pidió en un primer momento Hacienda. Lo que sumado a las multas y a los intereses con el paso de los años le han convertido en la persona que más debe por el impago del tributo en España. Todos sus bienes están embargados, nunca ha tenido nada.

"Ni con cinco vidas podría pagar lo que me piden, me han destrozado la vida. Solo pido una solucion, por favor. Los delincuentes tienen derecho a una segunda oportunidad. ¿Por qué yo no?", denuncia. 

Tanto la afectada como su madre, en 2005, dejaron todo en manos de asesores. "Yo ni cortaba ni pinchaba acerca del tema, era una estudiante", explica la afectada. Seis meses después,  liquidó la herencia pagando 50.000 euros. En un primer momento, Hacienda valoró el legado en 2.000.000 de euros. Esta suma la conformaba un piso en Palencia, algunas tierras y sobre todo un solar que su padre tenía con otros tres hermanos (valorado por la Junta en 8.000.000 de euros) y en el que acababan de firmar un proyecto para construir viviendas, que no tardaría en irse al traste con la llegada de la crisis económica en España.

Tribunal Supremo

Algunas de las multas que recibe casi semanalmente.

Ella heredó esa cuarta parte (dos millones de euros) y al tratarse de un negocio familiar, Hacienda aplicó la bonificación correspondiente  del 95% sobre esa fracción que había recibido, es decir, solo tenía que pagar el impuesto sobre un 5% de esa propiedad (6.0000 euros) y sobre el resto de lo heredado. 

Pero dos años después, en 2007, la Junta cambió de opinión. Paloma recibió una notificación en la que le reclamaban 600.000 euros por el impuesto de sucesiones. "Ya he pagado el impuesto", pensó esta palentina. Lo que no sabía es que debía pagarlo al completo, sin rebajas. La cantidad se había multiplicado por doce. El Fisco argumentó que no cumplía con los tres requisitos para reducir el pago del impuesto en una "comunidad de bienes" heredada: que fuera su actividad económica principal, su mayor ingreso y de manera directa. ¿Por qué había cambiado de opinión Hacienda después de tres años?

Fue entonces cuando Paloma Alonso inició una batalla legal para conseguir de nuevo esa bonificación, que creía era su derecho. Su pleito llegó incluso hasta el Tribunal Supremo, pero no consiguió nada. "Cuando vas contra la Administración, es difícil ganar", dice, con resignación, la palentina. De haber sabido que la Junta le iba a pedir esa cantidad años después de la muerte de su padre, jamás habría aceptado la herencia, pero la sorpresa llegó más tarde, claro.

Durante el último año, en plena pandemia, la Junta de Castilla y León ha sacado a subasta todas las posesiones de Paloma para cubrir su deuda:  algunas tierras, la vivienda familiar -de 70 metros cuadrados y sin ascensor- y su parte de los pisos arruinados. Y todos ellos han sido comprados, pero por un precio 10 veces menor al que los valoró Hacienda. Es decir que con lo conseguido, esta palentina no tiene ni para cubrir un año de intereses de la deuda, aproximadamente 90.000 euros. Todo sigue igual. 

Nunca se ha quedado de brazos cruzados. Ha peleado y sigue haciéndolo en la medida que puede. En representación de la plataforma Stop Sucesiones, se reunió con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, quien le prometió su ayuda. Aunque todavía no ha llegado, en su caso. "Sé que la eliminación del impuesto en Castilla y León es gracias a Casado. Pero no me fío de que dure mucho tiempo. Al menos él me atendió. El presidente Pedro Sánchez y la ministra María Jesús Montero me han ignorado siempre. Y, de verdad, yo lo único que quiero es una segunda oportunidad, poder empezar de cero", pide esta afectada. 

Pablo: medio millón

"Es como si sacan la vacuna a la venta, pero no nos la aplican a los enfermos. No se puede hacer apología de la igualdad y que el Partido Popular aplique diferentes impuestos según el distrito postal". Estas son las primeras palabras con las que dispara Pablo Ortiz, sobre la nueva medida de la Junta de Castilla y León. Este castellanoleonés acumula una deuda de 500.000 euros por el Impuesto de Sucesiones, desde que su padre falleciera en 2004. Su progenitor estaba censado en Burgos y él en Madrid, desde hacía casi 10 años. 

Fue entonces cuando tuvo que hacer frente al tributo. Y para ello, ante la falta de liquidez, vendió acciones y pagó todo el dinero que tiene en el banco. En otras palabras, se quedó sin nada. Además, dejó el suelo de los inmuebles heredados en garantía para aplazar el pago. No sirvió de nada. 

"Como la Hacienda de Burgos no informa a la Agencia Tributaria de Madrid de que había dejado suelo en garantía sobre el 2016 me embargan facturas (el afectado es autónomo), escriben a mis clientes, y pierdo alguno, la imagen que doy es pésima porque parezco un defraudador. Después, embargan mis cuentas bancarias, hasta la de mi madre con la pensión, puesto que soy hijo único y administro sus cuentas. Un estrangulamiento económico total", cuenta este madrileño. 

Así, este afectado decide recurrir este asunto por la vía judicial, con la ayuda del informe pericial de un arquitecto, y logra ganar. Pero finalmente salen a subasta los terrenos dejados en garantía y, tras quedar desierta, vuelven a retener las rentas de Pablo y todo el capital que anteriormente "erróneamente" le habían embargado". 

"Es un proceso sin fin, es una extorsión con un objetivo confiscatorio. Me obligan a pagar lo que no tengo y me amenazan estrangulándome económicamente. Es una deuda de 500.000 euros. Y llevo ya más de 90.000 euros en intereses. Y van subiendo. Es una bola que va creciendo, una situación kafkiana ya que es el propio suelo que he dejado en garantía el que genera la deuda. El Gobierno central responsabiliza a las comunidades autónomas y las autonomías al Gobierno central. Necesitamos una ayuda ya, no podemos seguir viviendo así", concluye este burgalés