Un juez reprocha a la fiscal antidroga que no pida prisión para 8 narcos y se vea obligado a liberarlos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas de Mar (Almería) ha puesto en libertad provisional a ocho personas detenidas el pasado lunes por su presunta relación con un alijo de 1.300 kilos de hachís al no haber solicitado ninguna parte, incluida la Fiscalía, su ingreso en prisión.

Entre los ocho detenidos puestos a disposición judicial se encuentra un funcionario de la Guardia Civil investigado por facilitar información a los presuntos narcotraficantes para llevar a cabo desembarcos de droga. El hecho de que la fiscal no solicitara prisión para ninguno de los arrestados ha soliviantado a las fuerzas policiales que actúan contra el narcotráfico en Andalucía. "No ha estado a la altura", señalan fuentes policiales consultadas por EL ESPAÑOL.

El juez instructor, a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha eludido toda responsabilidad y ha señalado directamente a la Fiscalía. A través de un comunicado, el TSJA señala que, según el ordenamiento jurídico español, "los jueces no pueden acordar la medida de la prisión preventiva si ésta no es solicitada por el ministerio fiscal".

En este caso, el juez instructor convocó la correspondiente comparecencia de prisión provisional para cuatro de los detenidos con el fin de ordenar su ingreso en prisión o su puesta en libertad provisional.

En esta comparecencia, continúa el comunicado, "la Fiscalía Antidroga de Almería no solicitó el ingreso en prisión para ninguno de ellos", por lo que el juez acordó su puesta en libertad provisional investigados por los delitos de organización criminal, tráfico de drogas, cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. Además, se les han impuesto las medidas cautelares de retirada de pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial. 

La investigación llevada a cabo por el Grupo OCON (Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico) de la Guardia Civil es a un presunto grupo criminal entre cuyas funciones se encontraría no sólo el tráfico y transporte de hachís a gran escala mediante embarcaciones recreativas, sino también labores de logística, abastecimiento y aprovisionamiento de repostaje para embarcaciones de potentes lanchas del narcotráfico para introducir sustancias estupefacientes entre Marruecos y el sur de España.

Se investiga una posible red internacional de origen rumano y su conexión con otras organizaciones para presuntas exportaciones del hachís a otros países, principalmente Reino Unido. Además de incautaciones de hachís de notoria importancia mediante utilizaciones de barcos se detuvo a un agente de la Guardia Civil presuntamente a sueldo de la organización y que se dedicaría a suministrar información para facilitar los desembarcos a cambio de sobornos.

Los investigados, además de un presunto reparto de tareas y funciones, con participación de numerosas personas de manera sucesiva durante la actividad criminal, utilizarían teléfonos satelitales, inhibidores de frecuencias, gafas de visión nocturna y otros dispositivos electrónicos sofisticados para la introducción de droga que han sido aprehendidos. Se han incautado decenas de garrafas de gasolina listas para el repostaje, y un motor de gran potencia para lanchas neumáticas de alta velocidad, así como en torno a 10.000 euros en efectivo.

Se han incautado vehículos de alta gama cuyo valor se encuentra cada uno entre los 50.000 y los 100.000 euros. Los investigados tendrían un alto poder adquisitivo con propiedades en varios países y empresas presumiblemente dedicadas al blanqueo de capitales.

Durante el transcurso de estas investigaciones se identificaron cinco embarcaciones de recreo de alta gama -yates- que habrían resultado en dos incautaciones de cerca de 1300 kilos de hachís, lo que supone una droga incautada en el mercado por valor superior a los dos millones y medio de euros.