Cuando la Justicia se interpone en la política, los resultados suelen ser catastróficos. Por un lado, un juez con mala suerte puede ganarse enemigos poderosos, enemistarse con un partido concreto o, en las peores, granjearse una fama que desemboque en el acoso militante. Por el otro es incluso más peliagudo, y el político nunca logra quitarse el sambenito de haber sido investigado o, como aclama el sinónimo feo, "imputado". Ya no hablemos si todo termina en condena.
El caso de Mercedes Iglesias (64 años) es de los segundos. Ejerció como alcaldesa de Nuevo Baztán, un pequeño pueblo al Este de Madrid, entre 2001 y 2011, y aprovechó la vara de mando para contratar irregularmente a su hijo como interino. En concreto, enchufó a su vástago dos días después de que acabara otro contrato en un programa financiado con fondos regionales.
Lo hizo como auxiliar administrativo de almacén -a razón de 1.700 euros al mes- obviando el procedimiento regulado para la contratación pública; cuando el Ayuntamiento cambió de signo, perdió el puesto. El acto le supuso a Mercedes, en 2016, una detención mientras visitaba la Illa da Toxa, en Galicia, y ahora, en 2021, una condena por prevaricación que le impide ser alcaldesa o concejala durante dos años.
La entonces alcaldesa, señala la Justicia, se saltó todos los procedimientos de contratación del ayuntamiento para favorecer [a su hijo] "con plena conciencia [...] sin que se respetaran las exigencias de convocatoria pública y obviando el procedimiento regulado para la contratación pública". Estuvo contratado hasta que el siguiente alcalde, Luis Del Olmo (PP), decidió echarle tras solicitar un informe al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.
No obstante, la condena podría no hacerle tanta mella como parece, ya que hace años que no vive de los sueldos públicos. Por lo menos, de los que se ganan mediante el voto. En Nuevo Baztán lideraba la Unión Progresista Independiente (UPI), con quienes accedió al bastón de mando en 2001 tras una polémica moción de censura apoyada por tránsfugas. Revalidó ocho años más y, tras perder la alcaldía, abandonó el municipio.
Mercedes Iglesias, en su candidatura al Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos (2017).
Se arrimó a un Sol que calentaba mejor, el de Podemos, y se mudó a Torrejón de Ardoz. Allí se juntó con la candidatura Sí Se Puede Torrejón, marca morada en la localidad; desde hace seis años está contratada a dedo.
Dedazo a la cartera
La condena de la Audiencia Provincial de Madrid la ha cogido por sorpresa durante su segunda legislatura en el Ayuntamiento torrejonero, que mantiene desde el año 2015 a razón de 20.530,87 euros al año. Se trata de un "puesto de confianza", uno de esos que deciden los políticos para contratar a los suyos. En el caso de Sí Se Puede, Mercedes ejerce de secretaria de grupo municipal para los dos concejales de la formación.
La pregunta lógica, claro, es cómo una exalcaldesa imputada -ahora condenada- de Nuevo Baztán consiguió ganarse la confianza y el sueldo de un grupo en Torrejón de Ardoz, a unos 30 km. La razón es su relación con los altos órganos del partido en la Comunidad de Madrid, concretamente con el equipo del Consejo Ciudadano Autonómico.
Fiel a la línea oficialista de Podemos, Mercedes se convirtió en una de "los carteros", como se conocía a la gente de confianza de Ramón Espinar, secretario general morado en Madrid de 2016 a 2019. El grupo, auspiciado por Pablo Iglesias y el propio Espinar, fue el encargado de velar por ella.
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
Su valedor fue Luis Andrés Pérez Jiménez, compañero en el Consejo Ciudadano Autonómico y, en concreto, concejal y portavoz de Podemos en Torrejón de Ardoz. Cuando Mercedes pasó dificultades políticas, él se encargó de llevarla a Torrejón y dotarla de un contrato público.
La orden ha continuado incluso tras la desaparición de Pérez, que en 2019 dejó la política municipal. El liderazgo del grupo pasó a Olga Jiménez, pareja de Pérez. En las últimas elecciones, en mayo de 2021, consiguió el acta de concejala y, en su puesto como portavoz, renovó a Mercedes como secretaria.
Tras la condena
Aunque la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid la inhabilita para ser concejala o alcaldesa por prevaricación, la condena no hace mención de su actual puesto como secretaria del grupo municipal. No obstante, sí lo hace el Código Ético de Sí Se Puede Torrejón de Ardoz.
En su artículo XIII, el escrito recuerda que cualquier cargo público -"interno del partido o a cualquier candidatura"- que forme parte de la formación deberá comprometerse a dimitir en caso de ser "imputado, procesado o condenado" por delitos económicos o de corrupción.