Cuánto le costará viajar con las autovías de peaje en España: los 15 trayectos más comunes

Viajar de Gerona a Huelva le costará a los conductores, previsiblemente, 11,80 euros a partir de 2024. También, el precio que pagarán los usuarios de las vías españolas para ir desde La Coruña hasta Almería será de 11,40 euros. O, en un tercer supuesto, el monto a abonar a las arcas públicas por cruzar España desde Bilbao hasta Málaga ascenderá a 9,20 euros. El motivo: a partir del citado año habrá que olvidarse viajar gratuitamente por la red de carreteras del Estado porque el Gobierno estudia cobrar en peajes un céntimo por kilómetro recorrido.

Según refleja el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Ejecutivo y remitido a Bruselas, el Gobierno ha fijado 2024 como el año en el que se aplicaría este nuevo mecanismo de pago por usar las vías en España. “El objetivo de la medida no es confiscatorio, sino que se busca una vía de ingresos que cubra el coste de mantenimiento de las carreteras que en los últimos años no ha sido cubierto por los Presupuestos Generales del Estado”, han explicado este jueves desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Por ello, EL ESPAÑOL ha hecho una simulación de 15 recorridos por España calculando cuál sería el precio a pagar por los conductores para utilizarlas. De esta manera, es posible afirmar que, si la medida anunciada por el Ejecutivo cristaliza, viajar desde Madrid hasta Barcelona por la A-2 costaría 6,21 euros puesto que son 621 los kilómetros que separan a ambas ciudades por la ruta más directa. O, por ejemplo, trasladarse por la A-1 desde la capital hasta Irún (Guipúzcoa) saldría a 4,72 euros al tener que recorrer 472 kilómetros.

Así, según los argumentos del Gobierno de España, los costes de conservación de la red estatal de carreteras —que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad— “son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios”. De ahí que se pretenda aplicar la nueva tasa con el fin de sufragar el déficit en la conservación de las carreteras que en este momento asciende a 8.000 millones de euros.

Esta medida, incluida en la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, ya ha comenzado a andar en el marco de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y tiene establecido un primer hito en el primer semestre de 2021 con la elevación del texto para una primera lectura en el Consejo de Ministros. Por último, su aprobación se espera para el segundo semestre de 2023. Eso sí, la medida sólo saldría adelante si hay un amplio consenso político, económico y social, especialmente con el sector del transporte profesional.

La anomalía de España

La realidad es que España es una anomalía en Europa en la que no existe un sistema de pagos por el uso de las carreteras. Y, según la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras, la conservación de cada kilómetro de la red de carreteras cuesta 80.000 euros al año. Es más, según su último informe elaborado a partir de los datos de 2017, este país está a la cola del continente en el mantenimiento de la red de carreteras.

Un peaje en el País Vasco. EP

De hecho, son 23 países europeos los que cuentan con algún tipo de tasa por el uso de las carreteras públicas similar al que el Gobierno quiere aplicar. Y, a grandes rasgos, son tres las modalidades que emplean los diferentes Estados europeos para cobrar las tasas. En primer lugar, el sistema de peajes en que el el país cobra por el uso de las vías después de que el conductor la haya usado. Lo aplican países como Croacia, Grecia, Irlanda, Italia y Francia. En España, de hecho, este sistema ya existe en algunas autopistas o tramos de autopista, pero no en toda la red.

En segundo lugar, otros países de Europa como Austria, Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Moldavia, Montenegro, Rumanía y Suiza aplican un sistema en el que los conductores compran una pegatina en gasolineras u otros establecimientos autorizados para su venta. Al adquirirlas, los usuarios de la vía pagan por el tiempo que van a pasar en ella —no por kilómetros recorridos—. Y, de hecho, los residentes pueden comprar tarifas anuales.

Un peaje en la frontera con Portugal. EP

Y, por último, el modelo portugués, que funciona desde 2008. En este caso, cada vehículo debe estar asociado a un número de cuenta y las cámaras de las vías, al captar cada matrícula de los coches, calculan el monto a pagar por el usuario. En todo caso, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha apuntado que la reforma para implantar peajes en las autovías españolas es aún prematura porque quedan tres años de diálogo y debate con los sectores para acordar un sistema similar al que ya funciona en los citados 23 países europeos.

Compensaciones a transportistas

Así, el revuelo generado por la medida ha sido tal que este viernes el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, ha salido al paso y ha defendido que el Gobierno está dispuesto a debatir las compensaciones por el pago de los peajes en las carreteras, sobre todo a los transportistas profesionales. En otras palabras, un camionero que viaje desde La Coruña hasta Madrid no tendría que pagar los 6,77 euros que costaría viajar desde la ciudad gallega hasta la capital (677 kilómetros). Esto, sin embargo, está en fase de negociación, pero lo que sí que parece seguro es que un conductor no profesional sí debería abonar la citada cantidad por recorrer la A-6.

En todo caso, Saura ha sostenido que el pago por el uso de las vías previsto es una medida “coherente” porque España está pidiendo fondos a la Unión Europea para infraestructuras y son varios los países de la propia UE los que aplican este tipo de tasas en peajes. De hecho, en los mismos términos se ha pronunciado este jueves Pere Navarro, director general de Tráfico —de la DGT—, que considera necesario este tipo de pagos como hacen otros países europeos. Ha sido rotundo: “El que lo usa, lo paga”.

Tres camiones atraviesan un peaje. EP

Volviendo con los transportistas profesionales, cabe destacar que los españoles ya sufrían un agravio comparativo porque los camioneros de este país pagan los peajes de este tipo ya existentes en otros países de la Unión Europea, mientras que los de otros países, como Portugal, no pagaban debido a que en España no existe un sistema de pago por el uso de las vías. En otras palabras, un camionero portugués no tiene que pagar por recorrer la A-5, pero un camionero español sí debe pagar por continuar por esa misma vía hasta Lisboa.

Voces discordantes

La medida planteada por el Gobierno, en todo caso, ya ha encontrado detractores que consideran que pagar un céntimo por kilómetro de carretera recorrido sería algo así como pagar dos veces. Uno de ellos ha sido Antonio Lucas, presidente del Real Automóvil Club de España (RACE), quien ha explicado que “se quiere hacer pagar de nuevo por algo que ya se paga. Hay que recordar que, entre impuestos directos, indirectos y tasas, los conductores contribuyen con 30.000 millones de euros a las arcas del Estado”.

Además, Lucas no sólo cree que la medida sería un duro golpe para el bolsillo de los conductores, sino que podría incluso aumentar la siniestralidad. “El pago por uso podría generar que muchos conductores opten por circular por las carreteras secundarias, donde se produce el 78% de los accidentes mortales, de manera que se desincentivaría el uso de las vías de alta capacidad”, ha declarado.

Un peaje en una autovía española. EP

De hecho y pese a que el Gobierno se ha abierto a negociar con los sectores de los transportistas, el RACE avisa: “Cuando un transportista vea incrementados los costes por llevar su carga, acabarán repercutiéndolos en el precio final del producto, por lo que la medida no es sólo contra el bolsillo de los conductores, sino el de toda la sociedad”. Aun así, y como se ha apuntado, España pretende unirse al club mayoritario europeo de 23 países que cobra a los conductores por circular por sus vías con el fin de conservarlas mejor. Y lo hará, previsiblemente, para 2024.

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