Este jueves, el juez Manuel Piñar, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, acordaba la detención y entrada en prisión de Juana Rivas, después de que el Tribunal Supremo la condenara finalmente a una pena de dos años y medio de cárcel por no haber entregado a sus hijos al padre, el italiano Francesco Arcuri, en el verano de 2017. El fallo, emitido hace un mes, no obstante, también incluía la pérdida de la patria potestad sobre sus dos vástagos y una indemnización a su expareja de 12.000 euros.
Un final amargo para esta madre granadina que, lejos de la lucha heroica que emprendió hace cuatro años por mantener a salvo a sus hijos de su supuesto padre maltratador, ha terminado por dejarla sin lo que más quería y entre rejas.
Juana Rivas contó, al principio, con el apoyo prácticamente de todo el país, incluido el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o la presidenta andaluza, Susana Díaz. "Todos somos Juana Rivas" se escuchaba en manifestaciones o se leía en conversaciones de WhatsApp. Pero el tiempo y todos los reveses judiciales que fue recibiendo tanto aquí como en el país transalpino fueron desvirtuando su figura, la de la madre coraje.
El primero fue el del juez que ahora ha ordenado su entrada en prisión, Manuel Piñar, que la condenó en julio de 2018 a cinco años de prisión por sustracción de menores. Una condena que ocho meses después, el 14 de marzo de 2019, ratificaría la Audiencia Provincial de Granada y hace un mes, el Tribunal Supremo, pero reduciendo la pena de prisión a dos años y medio.
Sus asesores
Juana Rivas, junto a sus hijos.
En paralelo, la Justicia italiana también volvía a quitarle la razón a la madre española. La Sección Civil Primera del Tribunal de Cagliari (Cerdeña, Italia) concedía la custodia exclusiva de los hijos de Juana Rivas a su expareja, Francesco Arcuri, y le exigía que se sometiese a cursos de tratamiento de apoyo a la maternidad. Sin embargo, el tribunal dictaba que los vástagos podían pasar parte del verano y un fin de semana cada cinco con la madre, siempre que viviese en Italia.
En mayo de 2016, Rivas viajó con ellos desde Italia, donde residían, hasta España. Al no devolverlos al país transalpino con su padre, como habían acordado ambos progenitores, ella incumplió diversas órdenes judiciales. Juana Rivas desapareció durante un mes con los niños después de recibir un último requerimiento desde Italia en julio de 2017. Y no fue hasta un mes después cuando devolvió a sus dos hijos a Francesco Arcuri, tras haber liderado una campaña mediática, siempre asesorada por su equipo legal.
Lo cierto es que todas las decisiones judiciales tomadas por Juana y su equipo legal siempre fueron complicando su situación procesal. Desde el momento en el que se escapó de Italia junto a hijos, en mayo de 2016, se puso en manos de Francisca Granados, conocida como Paqui, directora del Centro de la Mujer y responsable de Igualdad en el Ayuntamiento de Maracena (Granada). Tras recibir atención, el 12 de julio de ese año presentó una denuncia de malos tratos contra Arcuri. El genovés ya había sido condenado por un delito de lesiones en el ámbito familiar en 2009.
Desde entonces, Francisca Granados ejercía de asesora legal y portavoz de Juana Rivas. Y cada vez eran más los defensores de la granadina, e incluso sus detractores, los que insistían en el que Juana Rivas estaba mal asesorada. Esas palabras las llegó desde el padre italiano hasta la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, pasando por el exdefensor del menor Javier Urra. "Ha estado aconsejada no mal sino pésimamente", decía Ana María Pérez del Campo, fundadora de la citada plataforma feminista en 1973.
Los mazazos
Juana Rivas.
No hubo uno, sino muchos errores por parte del equipo de Rivas. Desde una carta dirigida a un presidente del Tribunal Constitucional que en realidad ya no lo era, y había fallecido, a los recursos interpuestos a este mismo tribunal y que nunca fueron fructíferos. De hecho, el Constitucional consideró que los abogados de Rivas, Almudena Mendoza y Juan Ramón Montero, eligieron una vía errónea para impugnar el fallo judicial que ordenaba la entrega de los niños. Francisca Granados tildó este revés judicial de "mazazo" y anunció que recurriría a Estrasburgo.
Paqui fue incluso acusada de intrusismo profesional por el Colegio de Abogados. Según este organismo, Granados no constaba como abogada en ningún colegio de letrados en España y "se excedía en sus funciones, desempeñando otras que sólo puede ejercer un abogado, en su labor como asesora de Juana Rivas. Una causa, no obstante, que poco después era archivada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Granada.
La polémica en torno al equipo que ha rodeado a Juana Rivas también afectó al abogado de la madre de Maracena (Granada). De hecho, hasta Manuel Piñar, titular del Juzgado número 1 de lo Penal que emitió la sentencia condenatoria por la sustracción de los menores, le dijo a la acusada durante el juicio que la próxima vez "eligiera mejor a sus abogados" después de que la defensa solicitará su absolución al entender que Rivas actuó sin "dolo" y de "forma errónea" al estar "mal asesorada".
Una estrategia judicial que la defensa de Juana Rivas también mantuvo en el recurso que formalizó ante la Audiencia de Granada por la condena de cinco años mencionada en el anterior párrafo, y en la que apuntaba directamente a los que habían sido sus principales asesores, entre ellos Paqui Granados. Así, su letrado entonces, José Estanislao López, alegaba que Rivas "intentó hacer las cosas legalmente" pero que al ser una mujer "lega en Derecho, y no conocer su proceder, acudió a solicitar orientación al Centro de la Mujer de Maracena.
La acusación
"Actuó siempre siguiendo las recomendaciones de sus abogadas y, cuando éstas le dijeron que finalmente debía entregarlos, así lo hizo pese al desgarro interior que ello le produjo", explicaba el abogado. "Los errores en su defensa (...) muestran que actuó mal asesorada y que ello fue determinante en su errónea, pero no dolosa, actuación de no entregar a los hijos cuando el juzgado así se lo exigía", indicaba.
En cualquier caso, nunca funcionó. Y Juana Rivas era condenada en cada instancia. "De más de 80 resoluciones, penales y civiles, Juana Rivas no ha ganado ni una. Esto no se debe a un mal asesoramiento. Ella sabía plenamente lo que hacía, estuvo 15 meses, desde mayo de 2016 a agosto de 2017 sin dejarles hablar con su padre... Ella era la que salía en las ruedas de prensa, la que era entrevistada en todos los medios de comunicación...", asegura Enrique Zambrano, el abogado de Francesco Arcuri en España, a EL ESPAÑOL. "En las actuaciones, hay más de 4.000 folios, queda claro que sabe perfectamente lo que está haciendo", zanja este letrado.