Sin recreo o ir al baño por querer estudiar en castellano en Baleares: "Sólo hablan catalán"

Ana acaba de matricular a su hijo pequeño, de tres años, para empezar la educación infantil en un colegio de Palma de Mallorca. En los impresos, ha tenido que aceptar explícitamente que conoce y respeta el proyecto lingüístico del colegio, que usa el catalán como lengua vehicular. El derecho a elegir una educación en su lengua materna no aparece en ningún lado, no está en los papeles, nadie le hablará de él. Ana acaba de descubrir que, en Baleares, estudiar en castellano es prácticamente imposible.

“No hay ningún centro público en todas las Islas que use el español fuera de la asignatura de lengua castellana”, afirma Julián Ruiz-Bravo, secretario de Plis Educación Por Favor, una asociación de profesores baleares que desde hace años batalla, entre otros aspectos, porque los centros cumplan con el deber de ofrecer educación en las dos lenguas oficiales de las Islas. “Hemos analizado todos los proyectos lingüísticos de los centros y la inmersión lingüística en los públicos es absoluta. En los concertados sucede algo similar, aunque hay algunos que sí dan un mayor porcentaje al castellano, aunque son muy pocos los que equiparan la situación de ambas lenguas”, explica Ruiz-Bravo.

“Se habla mucho de Cataluña, pero en Baleares la situación es casi la misma y apenas se dice nada”, apunta Gloria Lago, de Hablamos Español. “Todos los tics de Cataluña se repiten en las Islas: el castellano desaparece como lengua vehicular en clase, la comunicación con los padres es monolingüe en catalán…”, añade.

Este monopolio del catalán en la educación ha sido impulsado fundamentalmente por los llamados Pactos de Progreso, esto es, las coaliciones con nacionalistas y extrema izquierda que el PSOE balear ha necesitado y necesita para gobernar en las Islas desde que Francesc Antich arrebatase por primera vez en 2007 la presidencia a la derecha. La obligación de contentar a sus socios, unida a una cada vez más mayoritaria tendencia catalanista de los socialistas baleares, ha convertido en bandera de la coalición la defensa a ultranza de la lengua catalana, en detrimento del castellano, en todos los ámbitos y, especialmente, el educativo.

Sin embargo, para conseguir una inmersión lingüística de facto, el PSOE no ha tenido que crear apenas nuevas legislación porque, simplemente, le ha bastado con aplicar la heredadas del PP. La más relevante es la Ley de Normalización Lingüística, impulsada en 1986 por el Govern del popular Gabriel Cañellas –el más longevo de la historia, con 12 años en el cargo hasta su dimisión-. Esta norma “ejemplar”, en palabras de la presidenta Armengol, da prioridad al uso del catalán en todos los ámbitos de la vida pública.

En el ámbito de la educación la otra norma clave ha sido el Decreto de Mínimos, impulsado por el Ejecutivo popular de Jaume Matas y que desde 1997 establece el catalán como lengua vehicular en la enseñanza y obliga a que al menos el 50 % de las asignaturas se imparta en esta lengua. Esta normativa impone un mínimo pero no fija un máximo y esto ha permitido que la gran mayoría de los centros públicos hayan optado por la inmersión lingüística arrinconando al castellano hasta dejarlo como una lengua testimonial. De hecho, en todos los centros públicos de las Islas sólo se imparte en español la asignatura de lengua castellana y en muchos de los concertados la presencia de la lengua común del Estado es residual.

Pese a este colchón legislativo brindado por el PP, el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol, que celebra ahora el ecuador de su segunda legislatura consecutiva, acaba de aprobar un proyecto de Ley educativa que consolida con rango de ley este decreto de mínimos y permite, como novedad, ampliar hasta el 100 % la educación en catalán.

Personas 'non gratas'

De este modo, el margen que tienen los padres para conseguir educar a sus hijos en castellano pasa por buscar un colegio privado que sea más flexible en la distribución por lenguas o iniciar una dura pelea legal semejante a “una pesadilla”. “Durante los cuatro años que estuve batallando para que mis hijos dieran más horas de castellano nos sentimos desprotegidos, nos trataron fatal y nos marginaron. Me encontré sola por mucha ayuda que pidiese a todas las administraciones públicas”, relata Irma Ricciardiello, una madre que reclamó cuando el colegio público Can Raspalls de Sant Jordi (Ibiza), adonde llevaba a sus hijos, “aceleró aún más el proceso de inmersión en catalán”. Tras las primeras quejas, Irma denuncia que se les tachó de “personas non gratas, de problemáticas”.

Lo mismo le sucedió a Doris, que solicitó en el colegio Na Caragol de Artà (Mallorca) que su hijo de tres años tuviera alguna hora en español, porque incluso la lengua castellana se impartía en catalán y no se permitía a los niños jugar en castellano en el patio. “Nada más entregar la matricula con la cruz en el castellano, empezaron los problemas. Recibimos todo tipo de presiones, amenazas y mentiras por parte de la directora y del secretario del centro, diciéndonos que no era posible la impartición de horas en castellano, incluso advirtiéndonos que era posible que tuviésemos que cambiar de colegio”, recuerda Doris, que también denuncia “el desamparo de los padres” cuando tratan de ejercer este derecho.

“Es curioso, porque aunque no aparece en ningún proyecto lingüístico de Baleares ni en ningún impreso de matriculación, el derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua sigue vigente porque así lo recoge el artículo 18 de la Ley de Normalización Lingüística”, recuerda Julián Ruiz-Bravo.

Durante su etapa como presidente del Govern José Ramón Bauzá, antiguo líder del PP balear y actual eurodiputado de Ciudadanos, intentó modificar esta situación e insertó en 2013 una casilla en los impresos de matriculación para garantizar a los padres la libre elección de lengua. El Govern de Armengol eliminó esa opción, que permitía a los niños estudiar en castellano los tres años de Infantil –de 3 a 6 años- y los dos primeros de Primaria –hasta los 8 años-.

“Se puede seguir pidiendo, aunque se haya aceptado el proyecto lingüístico del centro, pero no hay ninguna casilla. Hay que indicarlo en el momento de la matriculación poniéndolo en el sobre, pero la mayoría de los padres no saben que pueden hacerlo”, explica el representante de Plis, quien recuerda que el centro “tiene la obligación de concederlo”. “Pondrán mil pegas, dirán que eres el único que lo ha pedido y que tu hijo quedará apartado… pero no tienen más remedio que aplicarlo, eso sí, lo harán yendo a lo mínimo”, señala. Y es que la normativa balear permite una horquilla de entre 6 y 16 horas con el castellano como lengua de primera enseñanza “y los centros siempre optan por dar las menos horas posibles”.

Chocar contra la burocracia

Conseguir esas pocas horas en castellano cuesta a los padres un esfuerzo ingente. Chocan con una burocracia que trata de frenar al máximo cualquier petición similar. “La conselleria de Educación me dejó desamparada y el Defensor del Pueblo me dio la razón después de tener mucha paciencia con el Govern, porque ni siquiera le contestaba. Los padres estamos absolutamente desamparados y ellos hacen lo que quieren”, asegura Irma. Tal y como subraya Gloria Lago, “la administración es lenta y además usa un recurso tan profundamente antidemocrático como es el silencio administrativo”.

Incluso en el caso de conseguirlo, puede que el problema continúe. “La directora del centro determinó impartir esas seis horas de castellano en el horario de patio e higiene personal. Nuestros hijos y los de tres familias más se quedaron sin hora de patio y obligados a recibir las clases en castellano en una mesa al lado de una cristalera desde la que podían ver a los demás niños jugando”, recuerda Doris, que sólo consiguió una victoria pírrica cuando denunció su caso en los pocos medios de la isla que quisieron contar su historia. “Nuestros hijos volvieron a tener derecho al recreo, pero no hubo ninguna repercusión para el centro ni para su directiva, a pesar de que colgaban repetidamente en el tablón de anuncios de la entrada escritos en nuestra contra”, explica Doris, que poco después inició un proceso de mudanza. “La presión y desprecio en el pueblo nos hizo tener que cambiar de colegio, de ciudad, y finalmente en cuanto pudimos nos fuimos de la isla”, señala.

Irma, sin embargo, aguantó. “Muchos profesores me decían que lo que tenía que hacer es irme de Baleares. Yo tengo mi vida aquí y no lo voy a hacer, pero tengo amigos que al final se han marchado porque no lo soportaban”, aseguraba, aunque todavía se indigna cuando recuerda los cuatro años de pelea. “Lo hemos pasado muy mal porque fuimos estigmatizados y repudiados, hasta el punto de que el conseller de Educación visitó el centro para apoyar a los docentes que no respetaban los derechos de mis hijos a hablar en castellano”, subraya esta madre, que denuncia que incluso cuando su hija decía que tenía que ir al baño, el profesor le contestaba que no la entendía porque hablaba en castellano.

Finalmente, Irma tuvo que sacar a sus hijos de la escuela pública y llevarlos a un concertado “donde sigue predominando el catalán, pero de otra manera porque respetan asignaturas en castellano, y con otro tipo de ambiente que en la pública, donde los profesores están más politizados”. Incluso ha descubierto que sus hijos tienen altas capacidades. “A mí me da igual, porque lo que me importa es que sean felices y los valoren, pero me duele porque los niños me decían que en el colegio público les trataban como si fueran tontos”.

Sin libros en castellano

Por su parte, el conseller de Educación, Martí March, mantiene que el objetivo es que los estudiantes de Baleares acaben la educación obligatoria con "un conocimiento lo mejor posible del catalán y el castellano", pero recuerda que el catalán, por su condición de “lengua propia” según el Estatuto de Autonomía, “debe ser más importante en la educación como lengua vehicular”. Educación siempre subraya que los proyectos lingüísticos se adaptan a la realidad de cada centro, aunque Plis recuerda que “el resultado siempre es el mismo”.

“Si el entorno es castellanoparlante, hace falta la inmersión en catalán; y si es catalanoparlante, la inmersión en catalán es lo que mejor se adapta. Es un dogma”, explica Ruiz-Bravo, que recuerda que el sistema no tiene piedad con alumnos con necesidades especiales y apenas facilita la situación de los recién llegados. “La escuela debe asegurar que los alumnos dominen el registro culto del idioma, pero la inmersión lingüística pretende desculturizar el castellano. Un alumno que vaya a la universidad apenas habrá usado el castellano en clase y puede que no haya leído apenas libros en esa lengua, como ocurría en la época de Franco, pero con el catalán”, afirma Ruiz-Bravo que recuerda que, paradójicamente, hay centros que sí consideran el inglés como lengua vehicular.

Los socialistas baleares no defienden la inmersión como tal y, de hecho, la presidenta Armengol siempre ha mantenido que nunca se ha aplicado en Baleares donde, según el PSIB, se ha recuperado el “consenso lingüístico”. Sin embargo, la jefa del Ejecutivo balear considera necesario “institucionalizar” el catalán como lengua “oficial” en “todos los niveles educativos” y como lengua vehicular “mayoritaria” en la enseñanza con el objetivo de que sea el idioma de “uso normal” en la escuela. Cabe recordar que en 2015, en la campaña electoral previa a su primer gobierno, Armengol y sus socios de Podemos y los nacionalistas de Més firmaron un decálogo con la entidad catalanista Obra Cultural Balear (OCB) por el cual reconocían que la lengua catalana necesitaba “restitución, fomento e impulso” y se comprometían a tomar una serie de medidas políticas y presupuestarias.

Este refuerzo de la inmersión lingüística en Baleares provoca que si los padres no piden más horas de castellano, la práctica totalidad de la educación sea en catalán. “En Infantil no hay asignaturas, así que todo es en catalán. Y en Primaria, sí hay, pero la de lengua castellana es oral al principio, así que lectoescritura en español no se empieza hasta 2º de Primaria (7 años) y en algunos casos hasta 3º (8 años)”, explica Ruiz-Bravo, que recuerda que las sentencias del Tribunal Supremo sobre Cataluña, que obligan a dar como mínimo el 25% de la enseñanza es castellano tampoco se aplican en Baleares “pese a ser jurisprudencia”. “Las sentencias no se cumplen porque no pasa nada. La veda se abrió en Cataluña cuando se permitió que un colegio incumpliese la normativa por primera vez”, añade Gloria Lago.

Y mientras tanto, los padres sólo tienen la opción de pagar, callar o pelear. Quienes batallaron, lo volverían a hacer pese al “enorme coste personal y emocional”. “Tuve mucha paciencia y ojalá lo hubiera denunciado muchísimo antes. Esperé cuatro años porque no me atrevía, porque al final te sientes acorralada porque forman una piña entre la conselleria, los profesores, la Apima…”, afirma Ricciardiello. “Entiendo que no se denuncie porque nadie quiere complicarse la vida enfrentándose al sistema, pero así las injusticias se perpetúan”, reconoce Doris que, sin embargo, concluye: “Si no luchamos contra las injusticias que sufren nuestros hijos, ¿cuándo lo vamos a hacer?”.