La vida con el certificado Covid en Galicia, donde ya es obligatorio: "No hay forma de controlarlo"

Galicia fue la primera comunidad, junto con Canarias, en exigir tener la pauta completa de vacunación, haber superado la Covid-19 o someterse a una prueba diagnóstica para acceder al interior de los locales de hostelería, una iniciativa a la que se han ido sumando otras comunidades. 

Esta medida, que se aplica desde el pasado sábado 24 de julio en todos los municipios en nivel máximo y alto de restricciones -lo que incluye las siete grandes ciudades de Galicia- ha recibido tanto elogios de los que la entienden como "lógica" hasta críticas de los que consideran que es "injusta", toda vez que obliga a los hosteleros a solicitar documentación de carácter sanitario a los clientes.

Normalidad

En todo caso, la normalidad ha sido la nota característica en las dos primeras semanas de aplicación: los hosteleros destacan la comprensión de la clientela, que suele estar al tanto de la medida, con la excepción de algunos peregrino que, tras semanas en el Camino de Santiago, han desconectado y no están al tanto de las últimas actualizaciones.

"Lo estamos llevando con mucha normalidad: la mayoría vienen con su papelito preparado, lo enseñan y no hay mayor problema; ha habido mucha comprensión por parte de los que acudían sin documentación", explica a EL ESPAÑOL Curro Medina, propietario del restaurante Tarará, ubicado frente a la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela y con un público compuesto en su práctica totalidad por turistas.

De hecho, la petición de este certificado no ha afectado a la afluencia en el local, donde lo que sí se nota es la limitación en el aforo. "No entiendo cómo se limita el aforo y se pide el certificado a la vez: la gente se pregunta por qué no pueden estar diez personas juntas dentro, con sus diez certificados", añade.

Los turistas se han adaptado a esta normativa: aquellos que proceden de otras comunidades no han tenido ningún problema a la hora de presentar sus respectivos documentos, ya sean certificados de vacunación o pruebas PCR negativas, para acceder a los locales.

"La medida nos parece lógica y no hemos tenido ningún problema", explica Víctor, procedente de Cádiz, quien también se muestra favorable a la medida anunciada recientemente por la Junta de Andalucía, que pedirá el certificado Covid un test negativo para acceder al ocio nocturno.

Unidad de criterios

La principal crítica llega por la diferencia de criterio de un territorio a otro. "Sería importante que hubiese unidad de criterios para no volvernos todos locos: si todas las comunidades fuesen iguales sería más cómodo para viajar y facilitaría el movimiento", apunta Marisa, procedente de Sevilla.

Los locales que cuentan con mucho público procedente de la propia comunidad no se encuentran con demasiados problemas: las elevadas tasas de vacunación, con el 71,5% de los gallegos habiendo recibido la pauta completa, hacen que la mayoría de los clientes puedan entrar utilizando únicamente la aplicación del Servicio Gallego de Salud (Sergas).

"Hay mucha gente con la pauta completa de vacunación y, aunque se cayeron algunas reservas de personas que no podían hacerse una PCR a tiempo, es una época de mucha rotación de clientes", explica Eloy Cancela, de A Horta d'Obradoiro, situado a escasos metros de la Catedral de Santiago.

En todo caso, los hosteleros apuestan por "no darle más vueltas" y limitarse a "adaptarse a la normativa que se nos pide en la situación que vivimos", una actitud compartida por los clientes. "El trámite más complicado es el de las reservas, a las que tenemos que dedicarle algo más de tiempo", apunta Cancela.

Difícil comprobación

Más allá de la comprensión por parte de la clientela y del esfuerzo de los hosteleros para controlar el acceso a los locales, el problema llega a la hora de verificar la documentación, algo prácticamente imposible.

"Aunque la mayoría de la clientela es comprensiva, también hay quien no lo es y nosotros no podemos estar haciendo de policías", lamenta el presidente de la Asociación Hostelería Compostela, Thor Rodríguez, quien también alerta de la "confusión" generada por esta medida.

"Dudamos de la legalidad de estos requisitos y de si nosotros los podemos aplicar: no hay forma de comprobar los documentos la intromisión en datos tan personales como los sanitarios o la comprobación de la identidad y la veraciad no pueden ni deben ser obligación de la hostelería", lamentan desde la Asociación de Bares, Pubs y Discotecas de Compostela.

El sector incluso teme que esta medida sea contraproducente y, al dificultar el acceso a la hostelería, "lleven el ocio a espacios no seguros, aumentando la interacción social en ámbitos donde no se cumplen ningún tipo de medida higiénico-sanitaria".

"Una amiga presentó un certificado en el que indicaba que sólo tenía la primera dosis de la vacuna, pero pudo pasar sin problema", relatan a EL ESPAÑOL una joven que también se encontró con un local donde dijeron que no estaban dispuestos a pedir ningún tipo de documentación. "Que venga la Policía si quiere", afrimaban.

Esta medida, al igual que tantas otras restricciones, se está encontrando con la dificultad para detectar infracciones: no hay agentes suficientes para verificar que se está cumpliendo la normativa en todo momento.

Independientemente de las dificultades que presenta para el sector la petición del certificado Covid, la Xunta de Galicia sigue llevando esta medida por bandera: el propio Alberto Núñez Feijóo insistió en la Conferencia de Presidentes en, siguiendo el ejemplo de países como Francia, extenderlo a toda España.

Mientras tanto, la Junta de Andalucía ya se ha sumado a esta iniciativa, a la que tampoco descartan unirse más adelante comunidades gobernadas por el PP como Madrid o Castilla y León, aunque abogando por esperar a que toda la población haya recibido la pauta completa de vacunación.

El futuro de esta medida también depende de los tribunales, que la han rechazado tanto en Canarias como en Cantabria. En Galicia, el Tribunal Superior de Justicia (TSXG) ha avalado hasta ahora todas las medidas propuestas por el Ejecutivo autonómico desde la finalización del estado de alarma.