Los médicos, contra Irene Montero por las listas de objetores antiaborto: "Es una caza de brujas"

“Muchísimos ginecólogos no están en contra del aborto, defienden que cada mujer pueda hacer lo que quiera con su cuerpo pero, en muchos casos, están en contra de pasar por un procedimiento que no quieren practicar”. Son palabras de Rocío Belda, una médico obstetra que, hasta hace poco, desempeñaba su profesión en el Hospital General de Valencia. Ahora trabaja en la medicina privada. Belda considera que la intención del Ministerio de Igualdad y de su titular, Irene Montero, de hacer listas con médicos objetores a practicar abortos es “una caza de brujas”. 

“Pretenden desviar un problema estructural hicia los médicos objetores, señalándolos como unos radicales antiaborto que se niegan por motivos ideológicos o religiosos cuando, en realidad, no es así”, dice la doctora en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Según Igualdad, la creación de registros de médicos objetores no tiene otro objetivo que garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública en todo el territorio. En la actualidad, en los hospitales públicos de Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón, Ceuta y Melilla no se practican abortos. Igualdad señala que la causa es que los médicos se niegan. Con el registro, podrían saber qué médicos estarían dispuestos a paracticar abortos para así, asegurar que en cada hospital hubiese profesionales que garantizasen este derecho. Pero la medida, según los facultativos, derivaría en una “lista negra”. Que, por salvaguardar el derecho al aborto, se terminase con el derecho a la objeción de conciencia.

Rocío Belda, ginecóloga de Valencia. Cedida

Belda explica que los médicos se dedican los 365 días del año “a salvar vidas y a mejorar la calidad de vida de los pacientes”. Para ella, que salgan adelante estas “listas negras” supondría criminalizar a muchísimos médicos que se “juegan la vida y la salud todos los días”, y que tienen el derecho constitucional de negarse a prácticas “física y emocionalmente desagradables”.

“Estamos hablando de que, según la semana de gestación, algunos abortos implican aspirar un feto completamente o partirlo en trozos dentro del útero para sacarlo. Negarse a esto no es incomplatible con estar a favor del derecho al aborto y de que una mujer pueda elegir libremente interrumpir su embarazo, que es lo que pretende la ministra Montero: ponernos como una barrera entre la mujer y su derecho a abortar”, asegura Belda.

La ginecóloga añade que el plan de Igualdad solo tapa las carencias del sistema poniendo al médico en la diana. Exige que no se les señale a ellos y que se apliquen soluciones estructurales: “Por ejemplo, cuando una mujer acude a interrumpir el embarazo no se le hace un seguimiento ni se le practican procedimientos anticonceptivos de larga duración, con lo cual muchas vuelven a abortar y hay compañeros que se niegan, a quienes entiendo perfectamente”.

¿Objetores siempre?

El registro de objetores de Montero, además, establecería listas de objetores y no objetores “en todos los casos”. Es decir, que quienes registren su objeción no practicarían nunca abortos, mientras que quienes sí lo hiciesen, serían favorables a practicar abortos siempre. Y esto, según Enrique Alfonso, presidente de la asociación Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), no es así: “Muchos médicos objetan en casos concretos pero están dispuestos en otros. Otros, sin embargo, no objetan la mayoría de las veces, pero se les estaría negando su derecho a hacerlo cuando consideren que una intervención no está alineada con su ética”.

Alfonso fue uno de los médicos más visibles durante la pandemia. Arrancó con su asociación para defender los derechos de un colectivo que cree que está bajo un nuevo ataque. “Se pone la carga en el médico en lugar de ver dónde se pueden practicar abortos y dónde no, y ver qué se puede hacer poniendo soluciones concretas”, apunta el médico a este periódico.

Eva Martín es farmacéutica y presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC). Bajo estas siglas se asocian miles de profesionales de toda España que se oponen a prácticas como la eutanasia o el aborto. “La objeción de conciencia debe estar por encima de cualquier ideología, es un derecho inalienable”, advierte.

Eva Martín, presidenta de ANDOC. Cedida

El registro de objetores sobre el aborto se inspira en el que ya prevé la Ley de la Eutanasia, dependiente de las comunidades autónomas, y donde los profesionales que no quieran ejecutar la práctica, pueden inscribirse de forma voluntaria. Para Martín, que la administración esté en poder de estos datos se trata de un “discurso amenazante”.

Médicos señalados

Hasta ahora, en el caso del aborto, los objetores tenían que presentar un impreso o una carta en su Colegio de Médicos correspondiente, lo cual garantizaba su privacidad en sus registros generales. Pero que el registro esté en las administraciones es diferente. “Que los departamentos de Salud de cada comunidad sepan qué médicos son objetores implicaría médicos señalados y vetados, con dificultades y trabas para desarrollar sus carreras profesionales por motivos que el gobierno de turno considera ideológicos”, dice Martín.

La farmacéutica afirma, además, que muchos de los profesionales asociados en ANDOC defienden que ven ni siquiera la necesidad de registrarse en los Colegios de Médicos. “Ellos ya juraron en su día salvar vidas a través del juramento hipocrático y, en caso de no poder hacerlo, facilitar los cuidados paliativos necesarios”, prosigue Martín.

Para ella, la solución a que se garantice el derecho a la libre interrupción del embarazo pasa, además de medidas estructurales como defienden Belda y Alfonso, por un registro voluntario de quienes sí están dispuestos a abortar: “Habría que tener un registro de quienes sí quieren hacerlo”. 

Enrique Alonso, médico presidente de la asociación MUD. Cedida

También defiende que el debate necesita sosiego y descender a los matices. “La ministra Montero parece que te va a pegar un tiro cada vez que habla. Cree que por culpa de los objetores no se puede abortar en España y pretende convertir un derecho constitucional en un delito. Es necesario calmarse y sentarse a dialogar las mejores soluciones, sin pisotear algo tan sagrado como la objeción de conciencia”, concluye.

El objetivo de Igualdad es, para diciembre, poner fin al obstáculo que suponen los objetores. Pero según María Jesús Barco, una ginecóloga de mediana edad de Aragón, donde no hay abortos en la pública, no es un buen momento. “No encontrarán a médicos que quieran abortar. La mayoría, al menos de mi generación, no quiere. En Aragón solo quería uno y lo hacía por motivos políticos”, dice a este periódico. Con esto quiere dar a entender que la medida que persigue garantizar facultativos que practiquen abortos no surtirá efecto, pero sí que logrará señalar a quienes se opongan. “La gente no se lo plantea y solo lo harían en caso de que les obliguen. Entonces, tendríamos un problema muy serio”, concluye Barco.