El problema de Marlaska por una 'carta tipo': el etarra Unai vuelve a prisión al no arrepentirse

Así de tajante se han mostrado tres magistrados de la Audiencia Nacional en un auto en el que han revertido el tercer grado otorgado por Instituciones Penitenciarias al etarra Unai Fano, siguiendo las peticiones de la Fiscalía del mismo juzgado.

Detenido en 2008, fue condenado por integración en organización terrorista, tenencia de explosivos y tenencia ilícita de armas, a los que se le suman falsificación de documento oficial y delito continuado de hurto de vehículo de motor, todos ellos con finalidad terrorista. Han pasado trece años de aquello, todos tras las rejas, pero todo sigue igual.

Para conseguir el tercer grado, el máximo permiso penitenciario antes de la libertad, los presos etarras deben, entre otras cosas, mostrar arrepentimiento por sus crímenes pasados. Él estuvo a punto de conseguirlo -de mentir-, pero le han pillado. Ahora volverá a ingresar en la prisión de Bilbao-Basauri, donde se encontraba desde febrero de 2019 cuando fue trasladado por el Ministerio del Interior, puede multiplicarse en el futuro. 

De los 187 presos de ETA que todavía están entre barrotes, sólo queda uno en primer grado, según las cuentas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). El resto pueden empezar a solicitar permisos y beneficios penitenciarios.

Arrepentimiento sincero

El acceso de Fano al tercer grado tuvo el visto bueno de Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, y del juez de Vigilancia Penitenciaria. El criterio adoptado por la Justicia podría ser un toque de atención a todos aquellos beneficios que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha otorgado a los presos terroristas que hayan firmado textos parecidos a los de Fano.

Porque lo expuesto por los tres magistrados marcan la “línea de trabajo” puesta en marcha desde la Fiscalía del mismo juzgado: no vale con presentar una ‘carta tipo’ en el que no se muestre un arrepentimiento sincero y en el que no se pida perdón a sus víctimas directas o a las que pudieran haberlo sido si no es por la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Esta ha sido la forma de actuar de muchos etarras. Lejos de mostrar un arrepentimiento claro, simplemente se han dedicao firmar declaraciones escritas muy similares para poder acceder a beneficios penitenciarios.

Lo que ha dicho la Justicia es que, acorde a la legislación vigente, la concesión de terceros grados no puede ampararse en escritos generalistas, sino “que tienen que asumir individualmente lo que han hecho, pedir perdón a sus víctimas individuales y mostrar repudio expreso de la violencia que han ejercido”, explica a este medio la abogada de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara.

Fotografía de archivo de los etarras Unai Fano y María Lizarraga. EFE

“Sabemos de al menos dos recursos más que están presentados”, explican desde la asociación. Pero la realidad es que los etarras en segundo grado pueden empezar a pedir la flexibilización de su condena. Será la Fiscalía, única capacitada para recurrir, la que deba estar atenta para que los condenados no se dediquen a firmar a pie de hoja un escrito que igual valdría para cualquier otro reo.

No a las ‘cartas tipo’

Este golpe a las ‘cartas tipo’ de etarras no es el primero producido este año. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya revocó en febrero la redención extraordinaria de 45 días otorgadas a Sebastián Etxaniz por su trabajo en prisión.

Igual que ahora, la magistrada Concepción Espejel entendió que su texto contenía “manifestaciones significativamente idénticas” a las de otros etarras y que no exisitía “petición expreso a las concretas víctimas”. La misma justificación que ahora con Fano.

La postura de la Sala y de la Fiscalía es celebrada por las asociaciones. “Esta noticia es positiva en el sentido de que quiere decir que la Fiscalía de la Audiencia Nacional está atenta y está fiscalizando los terceros grados que concede el Ministerio del Interior”, explican fuentes de Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), aunque precisan que desconocen “si esto es una tendencia general o si con la transferencia de prisiones se va a seguir así”. 

El pasado 1 de octubre, el Gobierno Vasco se hizo con las competencias para gestionar las prisiones de la comunidad autónoma. El País Vasco cuenta con tres cárceles, una en cada provincia. Entre los barrotes vascos duermen 71 presos de ETA de los 187 que todavía están a la sombra, el 40%.

Audiencia Nacional

Esto se debe a que la política penitenciaria del Gobierno central ha supuesto un goteo incesante de acercamientos de miembros de la banda terrorista. Cada viernes, como si de un reloj se tratase, Instituciones Penitenciarias ha ido anunciando los desplazamientos de los etarras, unas veces cerca del País Vasco y otras a las propias cárceles de la autonomía. “Viernes negros” los ha llamado la oposición.

El temor de las asociaciones de víctimas es que los terceros grados se multipliquen una vez sea el Gobierno Vasco el que controle las cárclees: “Lo que han anunciado es que se van a potenciar, pero no sólo para los etarras. Ya no habrá que justificar por qué alguien debe pasar a tercer grado si no explicar las razones por las que no debe acceder a él”, manifiesta la abogada de la AVT.

Aunque la Fiscalía los podrá seguir recurriendo, la clave estará en ver qué exigencias pone el Gobierno Vasco sobre la mesa para otorgar estos beneficios. Dicho de otro modo, si las ‘cartas tipo’ que se redactan valdrán o no: “Ahí la Fiscalía todavía podrá recurrir si ve que no se ajustan a la legalidad, pero dependerá también de lo que el Gobierno Vasco empiece a aceptar como válido”.

La legislación vigente establece que son las juntas de tratamiento de cada prisión las que deciden proponer traslados o la progresión de grados, todo ello bajo la supervisión del juez de vigilancia penitenciaria.

Traslado de competencias

El Gobierno Vasco asumió el pasado viernes la competencia de la gestión de las tres cárceles ubicadas en Euskadi, "en un día histórico al hacerse realidad, cuarenta años después, una muy significativa competencia del Estatuto de Gernika", según dijo la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazaba.

Desde este 1 de octubre, las cárceles de Basauri, Martutene y Zaballa, pasaron a denominarse prisiones de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. El acto para “celebrar” la asunción de las competencias se desarroló en la prisión vizcaína, que abrió sus puertas en 1964 y acoge a 326 reclusos, mientras en Zaballa hay 778 y 283 en Martutene. Los tres centros penitenciarios vascos suman a día de hoy 1.387 personas, según informó Efe.

Del total, 80 son mujeres -56 en el centro alavés y 24 en el guipuzcoano- y en cuanto al régimen abierto, en Martutene son 99 condenados, en Zaballa 90 y en Basauri 185.

Sospechas y reinserción

Hace diez años, en octubre de 2011, ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad terrorista y precisamente el tratamiento penitenciario a los presos de la banda en el País Vasco ha sido el punto que más polémica política ha causado por las sospechas de partidos, como el PP, en torno a que esta transferencia les pudiera beneficiar.

El Gobierno Vasco ha rechazado esas sospechas y ha insistido en que su intención es potenciar la reinserción de todos los reclusos, objetivo que figura en la Constitución.

La transferencia ha generado también "incertidumbre" entre los trabajadores de esos centros que han denunciado que aún hoy no conocen cómo va a afectar a sus condiciones laborales. La plantilla actual de prisiones es de 593 personas, de las que 469 son hombres y 124, mujeres.