Judith M., de 30 años, ha vivido las peores semanas de su vida. El pasado 24 de septiembre denunció que tres hombres magrebíes la asaltaron en plena noche, la introdujeron en una furgoneta y, después de golpearla, la violaron. La increparon, según dijo, por llevar una camiseta de Vox. El caso se politizó, hasta el punto que la ministra de Igualdad, Irene Montero, no condenó públicamente la agresión y Judith ha recibido amenazas, acusada de inventarse lo que le ocurrió.
Además de pasar por el trauma de la violación múltiple, tuvo que enfrentarse a la culpabilización de decenas de anónimos. “Lo he pasado muy mal y no quiero recordar otra vez lo sucedido, ni que se me vuelva a hacer todo el daño que se me ha hecho después”, dice en una breve nota de voz enviada a este periódico.
El caso sucedió en Reus, provincia de Tarragona. Junto a Lleida, son las dos provincias españolas con más denuncias por violación en lo que llevamos de año: 7 por cada 100.000 habitantes; 57 en Tarragona y 31 en Lleida. O lo que es lo mismo: una violación cada cinco días y una cada nueve, respectivamente. La alarmante cifra afecta a todas las provincias catalanas: en Girona se han denunciado 44 violaciones con penetración (5,6 por cada 100.000 habitantes) y, en Barcelona, 330 (5,8 por cada 100.000).
Así, en total, en Cataluña se han producido el 30% de las violaciones denunciadas en toda España, 462 de un total de 1.601 desde enero a septiembre. La cifra global se traduce en seis violaciones diarias, una cada cuatro horas. El número, extraído del Balance de Criminalidad que trimestralmente publica el Ministerio del Interior, supone un aumento de las denuncias de un 30%, en comparación con el mismo periodo de 2020.
Fuentes policiales consultadas por este periódico aseguran que el incremento es notable debido a que, el año pasado, por el confinamiento y las restricciones, se redujo este tipo de delito. Sin embargo, la estadística en lo que llevamos de 2021 es un 14% superior a los nueve primeros meses de 2019.
Y no solo esto. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, donde se incluyen todas las tipologías en las que no existe penetración, también se han disparado: de enero a junio se han interpuesto 11.037 denuncias, un 26,5% más que en el mismo período de 2020 y un 8,6 % que en los mismos meses de 2019. Esto supone 46 denuncias diarias. Ambos delitos, el de violación con penetración y el resto de agresiones y abusos sexuales, son los que más crecimiento han registrado respecto a todos los demás.
Sin embargo, Interior relativiza los datos y señala que el aumento de las denuncias no guarda una relación directa con que hayan aumentado los casos. El ministerio interpreta que la sensibilización social en los últimos años y, en especial, después del sonado caso de la manada de Pamplona, han provocado "una mayor disposición de las víctimas a denunciar estos delitos y a poner sus casos en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, reduciendo de esta forma los niveles de infradenuncia que pueden existir en estos tipos penales".
El bajo nivel de denuncia de este tipo de delitos quedó plasmada en la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, con fecha de 2019. El estudio señaló que, en España, solo se denuncian el 11% de las violaciones, siendo los motivos para no hacerlo la vergüenza (40,3%), el haber sido menor cuando ocurrió el hecho (40,2%), el temor a no ser creída (36,5%) y el miedo al agresor (23,5%).
Pornografía y post-pandemia
Graciela Atencio, responsable de la página Feminicidios.net y del proyecto Geoviolencia sexual, dedicado a localizar y cuantificar las violaciones múltiples en España, sin embargo, tiene otras claves de interpretación. Aunque da por válido que los casos mediáticos hayan empujado a más víctimas de violación de denunciar, señala que la estadística muestra inequívocamente que este tipo de delitos han aumentado.
“El levantamiento de las restricciones y la vuelta gradual a la normalidad ha influido en el aumento de las agresiones sexuales con penetración. Venimos de un período donde el consumo de pornografía ha crecido de manera alarmante y ahora lo estamos viendo reflejado en las calles. No solo aumentan los delitos, sino también el nivel de violencia y agresividad, con secuestros y actos atroces cercanos al sadismo y a la tortura”, explica Atencio.
El caso más reciente que ha sacudido al país por su extrema violencia sucedió en la madrugada del 20 de octubre al 1 de noviembre en Igualada (Barcelona). Allí, una joven de 16 años fue hallada inconsciente en la calle de un polígono por un camionero: sufrió una violación múltiple que le dejó con graves lesiones en los genitales, además de un traumatismo craneoencefálico, por lo que fue ingresada en la UCI con pronóstico grave.
“Casos como el de Igualada cada vez se producen más, es un patrón que se repite y está copiado del porno ‘gangbang’. Debemos preguntarnos por el consumo de pornografía y de pornografía violenta cuando abordamos el aumento de violaciones y, en concreto, de violaciones múltiples con una agresividad terrible”, apunta la activista feminista.
Para Atencio, la educación sexual de los adolescentes “ha quedado en manos de la pornografía” y lo señala como uno de los principales factores de riesgo en el aumento de este tipo de delitos: “Estamos educando a generaciones enteras de jóvenes violadores”, subraya.
Por otro lado, la tesis de Miguel Lorente, médico, profesor universitario y Delegado del Gobierno para la Violencia de Género entre 2008 y 2011, es que el aumento de las violaciones está también relacionado con un mecanismo generalizado de control sexual sobre las mujeres. “Las mujeres han avanzado en Igualdad, pero los hombres muy poco, y las violaciones representan una forma de control social contra la libertad sexual que han adquirido las mujeres”, señala Atencio, parafraseando a Lorente.
Tras casos como el de Igualada, Atencio afirma que “la respuesta social es que los padres deben cuidar a sus hijas, o que estas no salgan de casa”. “El mecanismo de contra la libertad sexual de las mujeres funciona, porque ese es el discurso que se instala”, continúa.
El caso de Cataluña
Dentro de la estadística de Interior, la cifra más llamativa es la que afecta a Cataluña, donde se concentran el 30% de las denuncias por violación. En concreto, en las provincias de Lleida y Tarragona.
En los últimos meses, varios casos ocurridos en ambas provincias han trascendido a los medios: un hombre de 45 años era detenido esta misma semana por violar brutalmente a una mujer de 40 en la ciudad de Lleida. Cuatro jóvenes entre 19 y 31 años también fueron arrestados en Rosselló, en la misma provincia, por una violación grupal a una menor discapacitada el pasado septiembre. En Tarragona, el caso de Judith en Reus, el de una menor de 13 años, víctima de un hombre senegalés de 17 años en octubre o el de otra de 16, víctima de un joven de nacionalidad española de 21 durante un botellón en Montblanc, han pasado a engrosar la estadística.
Atencio contextualiza el alto porcentaje de violaciones en Cataluña, nuevamente, por una mayor predisposición a denunciar. Pero también señala que la comunidad mantiene “políticas permisivas con la prostitución y la pornografía”, lo cual, es algo que explica en parte el número de agresiones sexuales que registra.
“Las políticas públicas tienen un impacto en los comportamientos que se manifiestan socialmente. Cataluña da vía libre a la prostitución y a la pornografía. Ambas no se clasifican ni enseñan como violencia contra las mujeres en los programas de atención a víctimas y, de nuevo, cuando una sociedad admite como naturales estos fenómenos, inequívocamente convive con una mayor violencia sexual”, dice la activista.
¿Endurecer las penas?
Tras la violación de Igualada, La Sexta reveló que la madre de la menor brutalmente agredida se dirigió a Pedro Sánchez en una carta en la que le pedía más contundencia en las medidas contra los violadores, para evitar unas agresiones sexuales que calificó como de "salvajadas". Entre ellas pidió un listado de "los violadores, delincuentes y asesinos" para evitar que entren en las zonas donde se reúnen los adolescente, o un endurecimiento de las penas.
Las penas, sin embargo, por muy severas que sean, no parecen corregir estos comportamientos. Atencio señala que algunas condenas por violación múltiple con violencia extrema han recibido sentencias “ejemplares” con más años incluso que homicidios. “Pero eso no parece echar para atrás a quien comete un acto así”, apunta.
Para ella, sí que tendría sentido una regulación del acceso a la pornografía por parte de menores, así como la abolición de la prostitución, planteada recientemente por el Gobierno. Además, aboga no tanto por un endurecimiento penal, sino por una reforma de la justicia que evite a las víctimas “pasar por episodios de revictimización, donde tengan que reconstruir y revivir constantemente los hechos para demostrar ante jueces poco sensibilizados que han sido violadas”.
“Muchas víctimas retiran la denuncia para no pasar por el calvario judicial que implica una violación. Están en estado de estrés post-traumático y se las cuestiona”, concluye la activista.