La familia de Sara pide al juez que inhabilite al cirujano que le hizo la lipoescultura que la mató

El 'impasse' judicial en el que se encontraba el caso de Sara Gómez, a la espera de su evolución en la UCI, se acabó este 1 de enero, cuando pasadas las tres de la tarde llegó el último aliento de esta madre de dos hijos. El dolor y la terrible forma en la que la familia comenzó el año 2022, no evitaron que desde el mismo instante en el que los médicos les confirmaron la muerte de Sara se pusieran manos a la obra reclamando medidas cautelares al juzgado de guardia de Cartagena.

La primera de ellas ha sido solicitar la inhabilitación profesional del cirujano cardiovascular que practicó la lipoescultura que le ha costado la vida a Sara, con solo 39 años. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la denuncia que Ignacio Martínez, abogado de la Asociación del Defensor del Paciente, ha presentado en representación de los padres y de los dos hermanos de esta vecina de Alcantarilla y reputada agente inmobiliaria.

"Por el presente escrito, interpongo denuncia por delito de homicidio de Sara Gómez Sánchez, consumado con su fallecimiento hace escasas horas el día de hoy, 1 de enero de 2022, en Cartagena, contra J. A. M. C., así como contra todos aquellos que tras la práctica de las diligencias puedan resultar corresponsables penalmente, todo ello en virtud de los siguientes hechos", tal y como expone el letrado especializado en derecho sanitario, apuntando ya abiertamente a las dos clínicas implicadas supuestamente en esta negligencia médica con final funesto.

De un lado: la clínica de Murcia a la que Sara abonó 5.700 euros por una lipoescultura y que se publicita en internet como un referente de prestigio internacional en alta cirugía plástica, y medicina estética, con un equipo compuesto por medio centenar de especialistas de varios países. Entre ellos, se encuentra el cirujano con doble nacionalidad -chilena y española- que intervino a esta bellísima agente inmobiliaria. Y de otro lado, está la clínica de Cartagena que puso el quirófano y al personal sanitario que asistió al citado médico durante la intervención.

"Sara, una joven de 39 años, en perfecto estado de salud, fue intervenida de una cirugía meramente estética, una lipoescultura, por el denunciado, el pasado 2 de diciembre de 2021, en el Centro Médico Virgen de la Caridad de Cartagena, y a resultas de ello sufrió tremendas lesiones en sus órganos por las que ha luchado por su vida, hasta el 1 de enero, en la UCI del Hospital Santa Lucía", prosigue Ignacio Martínez para poner en contexto la gravedad de los hechos y justificar las medidas cautelares que solicita.

Damián y Felisa, los padres de Sara, junto a una imagen de la fallecida en el Hospital Santa Lucía de Cartagena.

En su denuncia, la Asociación del Defensor del Paciente recuerda al juzgado de guardia de Cartagena que por tales hechos ya se emprendieron acciones legales contra el cirujano cardiovascular. En concreto, el 15 de diciembre, por un delito de lesiones por imprudencia profesional, donde relataban que este facultativo le causó a Sara lesiones supuestamente compatibles con "una reyerta", pero en este caso el arma blanca sería la cánula que usó en el quirófano de la citada clínica cartagenera. 

De hecho, esta madre de dos hijos, Izan, de 10 años, y Sara, de 18 años, tuvo que ser evacuada del centro privado al Hospital Santa Lucía tras recibir transfusiones de sangre que no evitaron que entrase en shock hipovolémico y llegase a urgencias con el siguiente parte: "Peritonitis fecaloidea y biliar. Necrosis isquémica de colon y de la pared abdominal. Múltiples perforaciones intestinales. Perforación duodenal (...)".

Tras poner en contexto la situación, el abogado solicita al juzgado el archivo de las diligencias por lesiones, sin perjuicio de que la Fiscalía aporte el resultado de las pesquisas que haya desarrollado hasta el momento, y que se incorporen a las nuevas diligencias por un presunto homicidio a la vista del triste final que ha corrido esta vecina de Alcantarilla. "Por desgracia, apenas dos semanas después los hechos se han precipitado: Sara ha muerto y, según informa la familia al letrado firmante, el hospital, de oficio, ha solicitado la práctica de autopsia por parte de médico forense".

Ignacio Martínez, abogado de la Asociación del Defensor del Paciente.

"Indicios de huir"

Ignacio Martínez insta al juez a mover ficha. Todo ello en base a "la gravedad del delito" y "los clarísimos indicios de criminalidad" que supuestamente pesan sobre el cirujano cardiovascular -J. A. M. C.- que intervino a Sara. "Expongo la necesidad de que por parte de la instructora se lleven a cabo dos inmediatas medidas cautelares: la suspensión del ejercicio profesional como médico del denunciado, con objeto de preservar la salud de terceros; y la retirada de su pasaporte, pues según parece es de nacionalidad chilena y hay indicios de que pueda huir de España", según sostiene el experto en derecho sanitario.

En la denuncia se subraya que pertenecen al mismo fondo de capital extranjero, tanto la clínica de Murcia donde la agente inmobiliaria abonó los 5.700 euros por la 'lipo', como la clínica de Cartagena que puso el quirófano y al personal sanitario asistente: anestesita, instrumentista, enfermeros... Aunque matiza que entre los presentes en la sala de operaciones estaba la pareja sentimental del cirujano cardiovascular "y se sospecha que no tiene ninguna cualificación profesional para ello".

El abogado justifica la petición de la inhabilitación profesional del médico, de forma cautelar, con el objetivo de "salvaguardar la salud" de otros pacientes porque este facultativo trabaja -o colabora- para otros dos centros. Para ello argumenta que "es vox populi y consta públicamente que el denunciado no es especialista en cirugía plástica y reparadora, sino en cirugía vascular". De hecho, aporta como prueba enlaces de reportajes publicados por EL ESPAÑOL.

"Los hechos acaecidos han causado un gran revuelo entre los cirujanos plásticos, y al respecto es la propia la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) quien ha informado que no tiene la especialidad. Ahora bien, esto es solo el hecho de partida o accesorio, pues lo que fundamenta la petición es que un médico no especialista haya causado semejantes lesiones a una paciente que se escapan del margen de cualquier error admisible".

Prueba de ello, según recuerda la denuncia, Sara ha pasado reiteradamente por el quirófano desde que el jueves 2 de diciembre ingresó en la UCI del Hospital Santa Lucía: "Por estas múltiples perforaciones y traumas en vísceras Sara ha sido reintervenida varias veces y ha luchado hasta hace unas horas en UCI por salvar su vida, a pesar de lo cual ha fallecido en la tarde de hoy, siendo que como antes he referido el propio hospital ha solicitado la autopsia judicial".

Homenaje con farolillos

Este domingo, Ezequiel, el portavoz de la familia, ha confirmado que los restos mortales de Sara han llegado al Tanatorio de San Roque en Alcantarilla. Allí, decenas de personas han soltado farolillos en memoria de esta madre que este lunes será enterrada en su pueblo. El portavoz ha justificado la petición de inhabilitación del facultativo, a la vista del triste final que ha corrido esta madre de dos hijos y de las conversaciones de WhatsApp que la víctima mantuvo con el cirujano donde le aseguró que podía someterse "perfectamente" a una lipoescultura, a pesar de que en 2019 se practicó una abdominoplastia. 

Tal situación lleva al letrado Ignacio Martínez a realizar una reflexión lapidaria en su denuncia: "La cuestión clave no es ya que el denunciado, en lugar de introducir la cánula para extraer grasa entre la piel y el músculo, lo hiciera dentro del peritoneo, sino que una vez hecho esto, lo que extraía ya no podía ser grasa, sino sangre o materia fecal, por lo que se escapa a cualquier explicación que siguiera una y otra vez causando múltiples perforaciones y traumas a los órganos de Sara ante esta evidencia".

"Según lo anterior, el denunciado, cautelarmente, no puede seguir operando ni ejerciendo como médico como si nada hubiese pasado, pues otros pacientes corren el riesgo de que se repita lo aquí denunciado, siendo imprescindible que al menos hasta que se practiquen las diligencias que luego pido no ejerza la medicina".

Test de drogas

A la hora de dar argumentos para justificar la segunda medida cautelar, la de la retirada de la documentación del médico para que no abandone el país, el letrado insiste en la gravedad del delito de homicidio que lleva aparejadas penas de cárcel: "La retirada de su pasaporte, pues según parece es de nacionalidad chilena y hay indicios de que pueda intentar eludir su responsabilidad huyendo de España".

En esta denuncia, como en la presentada a mediados de diciembre, hay otras peticiones de prueba al juzgado que se repiten por parte de la Asociación del Defensor del Paciente. Una de ellas es un test de estupefacientes para los tres responsables de lo que ocurría en la mesa de operaciones aquel 2 de diciembre: el cirujano que dirigía la intervención, el cirujano ayudante y el anestesista. "Tomen muestras biológicas de los anteriores por análisis toxicológico por posible consumo de drogas".

También solicita que se aclare cuál es la acreditación profesional de la pareja del facultativo denunciado y su relación contractual con los dos centros privados implicados en la lipoescultura con final trágico, a la vista de que A. L. estuvo dentro del quirófano aquel trágico día y de que existen fotos que ella misma difundió en redes sociales donde aparece con la indumentaria de la clínica de Cartagena.