Murcia

En nuestro país un licenciado en Medicina y Cirugía tiene carta blanca para meterse a un quirófano para llevar a cabo cualquier intervención sin importar la especialidad. Desde hace año y medio, la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética trabaja en una proposición no de ley (PNL) para regular las operaciones de estética que ahora están en la diana de la Justicia, a raíz de la denuncia por homicidio que ha presentado la Asociación del Defensor del Paciente por la muerte de Sara Gómez tras someterse a una lipoescultura por la que abonó 5.700 euros a una clínica de Murcia.

El médico que llevó a cabo la intervención es un cirujano cardiovascular, con másteres y postdoctorados en varias universidades, pero sin la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora que se consigue tras terminar Medicina, superar el examen MIR, y pasar cinco años como residente en el servicio de cirugía plástica de un hospital. El hecho de que la lipoescultura fuese desarrollada por un facultativo sin especialidad y que le costase la vida a esta madre de dos hijos, no solo ha desembocado en una investigación judicial, sino que ha despertado un hondo debate en la profesión médica porque la autopsia señala a la 'lipo' como causa de la muerte:

"Etiología médico-legal: Violenta. Accidental. Causa inicial de la muerte: Complicaciones derivadas de tratamiento quirúrgico estético. Causa inmediata de la muerte: Fallo multiorgánico irreversible. Data estimada de la muerte: a las 15 horas del 1 de enero de 2022". 

El presidente de la SECPRE, José Luis Vila, explica a EL ESPAÑOL que en distintos foros políticos y sociales, la sociedad que preside viene reivindicando que cualquier cirugía estética sea "realizada exclusivamente" por facultativos con el título oficial de especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Por ese motivo, el doctor Vila subraya que la SECPRE ha solicitado la "implicación" de todos los partidos políticos del arco parlamentario para sacar adelante la citada proposición no de ley.

—¿Cuál es el objetivo de la PNL en la que trabaja la sociedad que usted preside?

—Doctor Vila: Sin ninguna duda, la seguridad del paciente y la defensa de las titulaciones oficiales. Lo que se busca es una modificación legislativa que ampare la legitimidad de las titulaciones oficiales en cada especialidad, buscando eliminar las prácticas irregulares, consiguiendo una mayor calidad en la información y tratamiento que se les da a los pacientes.

El presidente de la a Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, José Luis Vila. SECPRE

Desde los servicios jurídicos de la SECPRE detallan de manera didáctica que "ahora mismo, en España, un cirujano general puede realizar cualquier tipo de intervención". De modo que el objetivo de esa PNL es impulsar "una iniciativa legal que permita que solo los especialistas, en base a su formación y a la troncalidad que han estudiado, sean los que deban acometer ciertas operaciones". Tal iniciativa que ya ha sido abordada en varias reuniones de la comisión de sanidad del Congreso de los Diputados, en la práctica, vendría a regular que clínicas privadas como a la que recurrió Sara para someterse a una lipoescultura, cuenten en plantilla con médicos con el título de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora para llevar a cabo las intervenciones estéticas que ofertan. Algo que en la actualidad no exige ninguna norma ni el Ministerio de Sanidad.  

¿Cirujano estético?

La proposición no de ley todavía es un borrador y su aprobación conllevaría introducir cambios en la legislación del Sistema Nacional de Sanidad, así como en reales decretos para evitar que las clínicas estéticas sigan alquilando sus quirófanos a cirujanos que llevan a cabo lipoesculturas, rinoplastias, abdominoplastias, liposucciones, o aumentos de pecho, sin tener la especialidad de los miembros de la SECPRE.

En la actualidad, no existe una limitación legal para que cirujanos generales lleven a cabo intervenciones estéticas realizando un simple curso. A veces solo se forman seis meses y luego pueden anunciarse como cirujanos estéticos, a pesar de que esa especialidad no existe para el Ministerio, solo la de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora para la que se requieren nada menos que cinco años de formación.

Un ejemplo de ello es el médico que llevó a cabo la lipoescultura que le costó la vida a Sara, en cuyo perfil de Instagram publicaba fotos de sus intervenciones a pacientes y se presentaba así: 'International Board Certified in Cosmetic Surgery', 'Body Contouring Expert' y 'médico de cirugía estética facial, corporal y vascular'.

—¿Qué reclama la SECPRE al Ministerio de Sanidad sobre los médicos contratados por centros privados para realizar lipoesculturas, aumentos de pecho, liposucciones, rinoplastias...?

—Doctor Vila: Que se exija el título de especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Nosotros siempre hemos solicitado que la cirugía estética sea realizada por médicos especialistas en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.

—¿El Ministerio de Sanidad debería incrementar las inspecciones en clínicas y hospitales privados para verificar la titulación del personal sanitario y el cometido que tienen en esos centros?

—Doctor Vila: Sería una medida eficaz: las inspecciones en el ámbito de la salud siempre son positivas.

—¿Cuántos casos de intrusismo profesional denuncia la SECPRE cada año?

—Son cuestiones de régimen interno.

—¿Qué requisitos debe reunir un paciente para poder someterse a una lipoescultura?

—Gozar de buena salud y pasar con éxito las pruebas preoperatorias.

—¿Cuáles son los principales riesgos o complicaciones que pueden surgir durante una lipoescultura?

—Doctor Vila: Sangrados, irregularidades en el contorno de la piel, asimetrías, embolia grasa, seroma, etcétera.

—Después de que Sara Gómez se sometiese a una lipoescultura en una clínica de Cartagena fue trasladada a la UCI del Hospital Santa Lucía. En su parte se refleja que presentaba: 'Peritonitis fecaloidea y biliar. Necrosis isquémica de colon y de la pared abdominal. Múltiples perforaciones intestinales. Perforación duodenal (…). ¿Esto es habitual?

—Evidentemente, no.

—¿Qué hipótesis maneja usted para explicar las perforaciones que presentaba Sara en sus órganos: un mal uso de la cánula o un error en la técnica de la lipoescultura llevada a cabo por el cirujano cardiovascular?

—No manejamos ninguna hipótesis, la investigación judicial lo determinará.

Rubén, el hermano de la difunta Sara, y su padre, Damián, este miércoles, en la puerta del Palacio de Justicia de Cartagena.

—¿Considera que Sara Gómez seguiría viva si la lipoescultura en vez de haber sido realizada por un cirujano cardiovascular la hubiese practicado un médico con la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética?

—Esa es una hipótesis imposible de valorar.

—Existe una conversación de WhatsApp donde Sara le pregunta al cirujano cardiovascular si se podía someter a una lipoescultura tras haberse realizado una abdominoplastia en 2019 y el médico le contesta que "sí, perfectamente". ¿El cirujano debería haber recomendado a Sara que no volviese a pasar por el quirófano?

—Desconocemos el historial médico de la paciente como para poder valorarlo.

—¿La SECPRE se personará como acusación particular en el caso de Sara o solicitará a la Organización Médica Colegial que adopte alguna medida contra el cirujano cardiovascular denunciado por homicidio tras la muerte de esta madre de dos hijos?

—La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora estará al tanto de las decisiones judiciales.

—¿Qué opina de la campaña de recogida de firmas que ha iniciado la familia de Sara para demandar al Gobierno una ley reguladora para la realización de operaciones de estética?

—Todas las campañas de sensibilización deben ser tenidas en cuenta.

Comunicación a dos ministerios

De momento, más de 9.700 ciudadanos han firmado a favor de la campaña de los familiares de Sara —en Change.org— para que el Gobierno ponga en marcha una legislación contra el intrusismo médico en tratamientos y operaciones de estética. Ese dato demuestra que un sector de la sociedad está favor de que el Ejecutivo legisle, así como la propia SECPRE y colectivos como la Asociación del Defensor del Paciente.

Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente, explica que ha dirigido un escrito al presidente, Pedro Sánchez, así como a los ministerios de Sanidad y Justicia, con un objetivo: "El Gobierno debe subsanar el vacío legal existente en intervenciones de estética y tiene que establecer, por ley, que esas operaciones solo se lleven a cabo por médicos con la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora".

Flores justifica su petición de que el Ejecutivo central impulse una ley en el Congreso de los Diputados con un razonamiento sencillo: "Un oncólogo tiene que tener la especialidad de oncología y un traumatólogo, la de traumatología, pero por qué motivo no se exige en operaciones de cirugía estética, como una lipoescultura o una abdominoplastia, que el médico tenga la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora". 

Carmen Flores, presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente.

—El escrito que ha dirigido al Gobierno también reclama que sea obligatorio habilitar cámaras en los quirófanos de todos los centros sanitarios del país: ¿Por qué motivo exige esa medida?

—Carmen Flores: Igual que en los bancos y en la vía pública nos graban por seguridad, igual que en algunos quirófanos se graban intervenciones quirúrgicas para uso docente, existe el mismo derecho para grabar operaciones porque hay vidas en juego y esa grabación constaría en el historial médico de los pacientes por si ocurre una negligencia. Esto sería una prueba irrefutable que evitaría gastarse 3.000 euros en el informe de un perito, ya que ahora nos cuesta 'Dios y ayuda' demostrar que ha habido mala praxis dentro de un quirófano. Además, para no vulnerar la ley de Protección de Datos, las operaciones solo se grabarían siempre y cuando el paciente firmase un consentimiento informado.

"Retirar la licencia"

Esta asociación ha tomado nota de una de las medidas cautelares solicitadas por la familia de la difunta Sara a los juzgados de Cartagena, consistente en que inhabilite profesionalmente al cirujano que le practicó la lipoescultura, mientras se instruyen las diligencias, para así preservar la salud de los pacientes de las clínicas para las que trabaja. La magistrada desechó la suspensión porque solo está prevista en derecho penal tras una condena. Por ese motivo, el escrito de Flores también pide al Gobierno establecer medidas de oficio, como "retirar la licencia" a un facultativo, cuando un paciente fallezca y el caso se judicialice.

"Un homicidio no es una negligencia médica corriente", subraya. El año 2021 concluyó con 298 pacientes que sufrieron secuelas y resultados insatisfactorios durante una cirugía plástica, reparadora o estética. Esto supone un incremento del 16% respecto a las reclamaciones tramitadas por la Asociación del Defensor del Paciente en 2020, cuando se cometieron 251 negligencias con el bisturí. Puede que la última de todas, la más trágica, la lipoescultura que le costó la vida a Sara Gómez, se convierta en un precedente para cambiar las cosas dentro de los quirófanos.

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