Las víctimas siempre tenían el mismo perfil: personas ancianas enfermas de alzheimer con grandes fortunas. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado por el caso Afal a Jaime Conde y Rafael Núñez, mano derecha y marido, respectivamente, de la cabeza de la trama delictiva. El tribunal considera probado que ambos fueron cómplices en un delito de apropiación indebida por el cual robaron 8,7 millones de euros a personas con alzheimer que tenían bajo su tutela, según la sentencia a la que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL. Blanca Clavijo, la cabeza de la trama, presidenta de Afal y mujer de Núñez, murió en 2014 sin llegar a siquiera ser imputada.
Conde, la mano derecha de Clavijo, ha sido condenado como “cómplice en comisión por omisión de un delito continuado de apropiación indebida” y Núñez como “cooperador necesario de un delito continuado de apropiación indebida”. El tribunal les impone penas de dos años y un año de prisión, respectivamente. Asimismo, deberán dar grandes indeminizaciones a los afectados o sus familias. Por ejemplo, Conde deberá indemnizar con 1.774.881 euros a María de los Santos García, una de las principales afectadas, representada por el despacho de abogados Ceca Magán.
La trama se comenzó a destapar en 2014 y tiene como protagonista a la Asociación Afal Contigo que, a través de un entramado de sociedades y fundaciones paralelas, consumó esta estafa. Todo ello, bajo la batuta de Blanca Clavijo, Jaime Conde y Rafael Núñez, entre otros implicados. Los afectados son algunas grandes fortunas de España, como Yolanda García-Cerceda, hija y heredera del constructor Luis García-Cereceda, quien levantara urbanización de lujo La Finca en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
El entramado
La relación del condenado Jaime Conde y Blanca Clavijo comenzó en 2004, cuando fue contratado para asesoramiento jurídico y asistencia técnica a los socios de Afal. Es en este momento cuando se empieza a crear el entramado de sociedades y fundaciones que ayudarían a consumar el delito.
En 2005 se crea la Fundación Afal Futuro, una “entidad sin ánimo de lucro cuyos fines son el ejercicio de la tutela y curatela de las personas incapacitadas judicialmente”, según sus propios estatutos. Asimismo, Afal compra la empresa T4L Technology for Living SL en 2008 por valor de un euro. Rafael Núñez, marido de Clavijo y condenado por la trama, había sido consejero, secretario y apoderado de T4L hasta 2005. Posteriormente, esos cargos pasaron a su mujer.
Yolanda García-Cereceda, afectada del caso Afal.
Una vez montada la estructura, la Fundación “recibió de distintos Juzgados de Madrid su designación como tutora de un elevado número de personas enfermas de Alzheimer, entre ellas algunas que eran titulares de grandes patrimonios de cuya gestión se ocupó personalmente Blanca C.J. adoptando las decisiones correspondientes sobre su administración y sobre la gestión de sus inversiones”, tal y como recoge la sentencia.
Clavijo ordenó personalmente numerosas transferencias “injustificadas y sin autorización judicial” a las cuentas de la Asociación Afal Contigo, de la Fundación Afal Futuro o de la sociedad mercantil T4L, entre otras entidades de las que era titular su marido.
“El montante total de dinero indebidamente transferido alcanzó la cantidad de 8.728.724,37 euros”, afirma la sentencia. “De ellos, 4.425.000 se ingresaron en la Asociación; 1.976.827,41 euros en la entidad T4L; 188.760 euros en la Fundación; 25.040 en la entidad OSYF; 23.720 en DISYF; 2.087.976,96 a Fomento de Construcciones y Contratas”, de las que era titular Núñez.
El papel de Conde en todo esto era la asesoría jurídica, la ejecución y la coordinación de estas transacciones ilegales. Es decir, que las órdenes de Clavijo se cumplieran. “Estaba autorizado en las cuentas corrientes de la Asociación y de la Fundación, junto con otras personas, y también en las de la generalidad de los tutelados. Se encargaba además de la presentación de las cuentas y de la Memoria al Protectorado de Fundaciones y de documentación al Registro de Asociaciones”, recoge la sentencia.
Los millones
María de los Santos García, una mujer con numerosas propiedades inmobiliarias y enferma de alzheimer, fue incapacitada en 2008 por el Juzgado de Primera Instancia n° 65 de Madrid. La Fundación Afal fue designada como administrador judicial provisional el 8 de agosto de 2008.
En los años venideros, la fundación se limitó a cargarle el coste de servicios que no se prestaban y a recibir un 10% del montante del patrimonio de María “por el ejercicio del cargo de tutor”. En 2013, sin embargo, eso cambió radicalmente. Ese año empezaron a transferir dinero de las cuentas de la afectada a las cuentas de la fundación: el 18 de noviembre, cuatro transferencias de 50.000 euros cada una, y dos de 30.000 euros; el 19 de noviembre, nueve de 50.000 euros cada una; el 2 de diciembre, dos de 50.000 euros… Y así sucesivamente hasta robarle 1.150.000 euros. Y eso, solo de una cuenta bancaria.
Blanca Clavijo, la líder de la trama delictiva.
En total, le robaron 1.774.881 euros de seis cuentas bancarias. Todo el dinero iba dirigido a la fundación, a T4L o alguna de las numerosas empresas que formaban el entramado. Asimismo, Clavijo también se dedicó a vender numerosos bienes inmuebles de María, como un edificio en el número 201 de la calle Bravo Murillo de Madrid por el que ganó más de dos millones de euros.
La sentencia desgrana con todo detalle cómo Clavijo, Conde y Núñez hicieron este tipo de operaciones con hasta nueve afectados: Juan Luis de la Cruz (le robaron 5.582.296 euros), Pilar Montes García (579.200), Consolación Larrondo (356.438), Alfonso Larrondo (41.325), María Jesús Moreno (292.904), Carmen López (33.250), Teresa Orjales (22.420) y Yolanda García-Cereceda (46.908).
Estas cifras se corresponden únicamente a transferencias realizadas directamente de sus cuentas bancarias a las cuentas del entramado. Constan, además, numerosos cargos de servicios y compraventas de bienes, sobre todo inmuebles.
Gran parte de este dinero robado -sobre todo, de los tutelados María de los Santos García, Juan Luis de la Cruz Cort y Pilar Montes- se destinó a la construcción del centro Villafal, una residencia para ancianos con alzheimer, con instalaciones complementarias como un hotel para familiares de los enfermos, tanatorio y salón de actos. Todas las certificaciones del proyecto se pagaron con dinero extraído de las cuentas de estos tutelados.
La residencia Villafal, pagada parcialmente con dinero robado.
La muerte
Poco a poco, estas actuaciones ilegales fueron llegando a los trabajadores y la Junta Directiva de la fundación. Las primeras filtraciones de este caso a la prensa proceden precisamente de algunos de los trabajadores, que lo pusieron en conocimiento del periódico Extraconfidencial.
Ante esto, Blanca Clavijo amenazó con querellarse por difamación, pero Gregorio Fernández del Amo, director del citado diario, se adelantó. En marzo de 2014 denunció a Afal ante la Fiscalía Anticorrupción. Asimismo, en mayo, los trabajadores que habían filtrado la información, también interponen una denuncia ante la fiscalía. La apertura de un procedimiento penal era inminente.
Estando todo a punto de estallar, Clavijo murió el 15 de julio de 2014. Su coche colisionó contra otro en el kilómetro 5 de la carretera M-113, cerca de la localidad de Paracuellos del Jarama. Clavijo invadió supuestamente el carril contrario de la carretera y produjo una colisión frontolateral en la que el otro conductor resultó ileso, según informó Efe.
Los bomberos rescataron a la presidenta de Afal del interior del vehículo, estando en parada cardiorrespiratoria. A continuación, los facultativos de los Summa lograron reanimarla y la trasladaron en helicóptero hasta el Hospital 12 de Octubre con pronóstico muy grave. Clavijo falleció horas después en el centro sanitario.
El 31 de julio de 2014, solo dos semanas después de la muerte de Clavijo, la fiscalía denuncia a Afal por esta trama delictiva. La sentencia, finalmente, ha llegado este mismo viernes, ocho años después. Los condenados han contado con un as en la manga: que la principal responsable está muerta y, por tanto, han podido verter sobre ella toda la responsabilidad.
Además de las citadas penas de prisión, los condenados tienen una larga lista de indemnizaciones que pagar a los afectados arriba nombrados o a sus herederos, ya que varios han muerto en lo que ha durado el proceso.