José Luis Ruiz, el concejal del PSOE amenazado en Lorca por poner coto a las macrogranjas de cerdos

"Hay que conciliar la actividad ganadera con la vida de los lorquinos", defiende el concejal de Urbanismo, sin embargo, lograr tal convivencia se antoja difícil a la vista de estos datos: en Lorca hay 96.238 habitantes frente a un millón de cabezas de cerdo en 1.200 granjas. "No tengo nada en contra del sector porcino: estoy con el interés general", insiste José Luis Ruiz: un político que no se arruga ante las presiones que está sufriendo porque su carácter lo curtió en la Brigada Paracaidista (Bripac), antes de fichar en los noventa por una marca cárnica internacional y después dar el salto a un grupo alimenticio de Lorca que vende carne de la granja a la mesa.

"He recibido amenazas en persona y por WhatsApp antes del Pleno del lunes, pero no me apetece ir a la Comisaría a denunciar, prefiero no dar ese paso porque algunos recurran a esas prácticas: no quiero dañar ni criminalizar al sector", reflexiona el edil, sobre la conducta de ciertos ganaderos que llegaron a usar la fuerza contra el cordón policial para entrar al Pleno. Todo ello, para frenar una modificación del Plan de Ordenación Urbana que aumenta la burocracia para montar nuevas granjas de cerdos, ampliar las existentes, y que eleva de 1.000 a 1.500 metros la distancia que deben guardar las explotaciones respecto de los núcleos de población de las pedanías de Lorca, equiparándolas a la franja fijada para el casco urbano.

Hay que retroceder a la anterior legislatura para contextualizar los incidentes de este lunes, cuando los malos olores y las emisiones de los purines de los cerdos causaron protestas de colectivos como 'Stop Cebaderos Junto a Casas'. Esa crispación social, provocó que la Corporación que entonces liderada el PP intentase fijar un marco de convivencia entre la actividad de las granjas y su ubicación respecto a colegios, centros de salud y nucleos de población. El Partido Popular no pudo cerrar ningún acuerdo entre ganaderos y activistas, de forma que en este mandato, el nuevo equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos retomó las negociaciones en 2020. 

"Volví a convocar la mesa negociadora porque era una promesa electoral del PSOE: creo que el error del PP fue sentarse a dialogar a la vez con todas las partes implicadas porque se mataban entre ellos, así que fui manteniendo reuniones sectoriales", según sostiene el edil de Urbanismo, José Luis Ruiz. Aquella negociación cristalizó en un acuerdo entre los representantes del sector porcino y colectivos vecinales. Sin embargo, este lunes, cuando se fue a votar la modificación del plan urbano que afectaba a las granjas, el Centro de Desarrollo Local de Lorca protagonizó el 'remake' murciano del asalto al Capitolio de los Estados Unidos. 

- El sector porcino asegura que el asalto al Pleno se produjo porque PSOE y Ciudadanos modificaron, sin previo aviso, el acuerdo de la mesa negociadora. ¿Usted qué responde a esa acusación de deslealtad institucional?
- Eso no es cierto. El documento que se aprobó por unanimidad fue el de julio de 2020 que suspendía nuevas licencias mientras se realizaba la modificación no estructural del Plan General de Lorca. No hay cambios en las distancias pactadas para las granjas. Ahora bien, esa modificación del planeamiento debe incorporar informes de los organismos a los que incumbe la instalación de una granja, como ocurre en toda la Región de Murcia: la Dirección General de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Segura... Cuando un ayuntamiento modifica su Plan General es preceptivo consultarles y como ha pasado lo del Mar Menor, todos los organismos nos dicen que las distancias fijadas están bien, pero que se tenga en cuenta la normativa vigente y debemos incorporar las consultas hechas a esos organismos.

La moción de este lunes recogía las aportaciones de los citados organismos supramunicipales y los ganaderos no aceptaban las exigencias que a partir de ahora deberían cumplir, tanto para ampliar como para abrir nuevas granjas de cerdos: como guardar una distancia mayor de 100 metros respecto a ferrocarriles, autovías y carreteras, y más de 25 metros para los caminos; justificar la integración de la explotación en el paisaje y pintarla con los colores del entorno; garantizar que la actividad no provocaría afección por nitratos sobre las masas de agua...

- Los ganaderos le critican porque impulsa un cambio en el plan urbanístico que afecta a las granjas porcinas y usted antes de dar el salto a la política municipal era jefe de ventas de un grupo que comercializa carne de cerdo y vacuno: ‘De la granja a la mesa’. ¿Se siente acorralado como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuando arremetió contra las macrogranjas?
- Conozco el sector porque he ido a miles de explotaciones, muchas más de las que ha visitado Pablo Casado y la gente del PP en Lorca, para comprar muchísimos cerdos y terneros para nuestro matadero que luego vendía la dirección comercial. Yo estoy en excedencia en mi empresa: no estoy haciendo de tripas corazón, ni estoy en contra el sector, ni quiero desmantelar las granjas existentes, ni limitar las ampliaciones que se quieran hacer por bienestar animal. Lorca tiene un millón de cerdos y tenemos que controlar el tema de los nitratos porque lo exige Europa. 

Yo no estoy atacando al sector ni estoy hablando mal del sector en la prensa. Yo como carne y es de buena calidad. Conozco la producción cárnica. Tengo sentimientos encontrados, pero debo legislar porque estoy en Urbanismo y no puedo prevaricar porque proceda de un sector profesional determinado. Esta situación la acepto con dignidad y con la cabeza bien alta: no tengo que ocultar mi pasado. Faltaría más. Llevo veinticinco años en una empresa donde he tenido la suerte de progresar con distintos jefes. No llevo toda la vida en política, antes he cotizado casi treinta años, por eso no me arrugo: sé que tengo que tomar decisiones.

Alberto Garzón, ministro de Consumo del Gobierno de España.

- Este lunes se suspendió el Pleno tras el asalto de decenas de productores porcinos para impedir la votación de la moción que afectaba a las granjas. ¿Cuál será la hoja de ruta que seguirá el equipo de Gobierno de Lorca con la sesión plenaria?

- Todavía no hay fecha establecida para celebrar el Pleno. Hablaré con el alcalde y con nuestros socios de gobierno [Ciudadanos]. Nosotros, de momento, no tenemos nada de lo que arrepentirnos de la moción, ni tampoco hemos incumplido nada. Aquí se ha manipulado y se ha utilizado políticamente al sector ganadero.

- Entonces, cuando se vuelva a convocar el Pleno: ¿La moción se someterá a votación tal y como estaba redactada este lunes?

- Eso no se lo puedo afirmar porque soy concejal y por encima mía está el alcalde. Hay margen de diálogo, pero no sé si será antes de que se apruebe la moción o durante el proceso de alegaciones, aunque con actitudes como las de este lunes es difícil sentarse porque eso es ceder al chantaje y significa que el día de mañana, cualquier colectivo que irrumpa en el Pleno, cometiendo unos hechos igual de graves, conseguirá lo mismo. De esta forma es muy difícil sentarse a negociar [con los ganaderos]. Otra cosa es que exista una condena expresa de todo lo que ha acontecido, que los responsables y los instigadores den la cara, entonces, sí se puede producir una situación de diálogo, pero en las condiciones de amenaza no dialogaremos.

Investigación policial

De momento, cierto arrepentimiento existe, a la vista de que este martes uno de los implicados en los desórdenes públicos acudió a entregarse a la Policía Local. Lo ocurrido en la ciudad lorquina ha provocado que la Policía Nacional abra una investigación en la que se están analizando todos los vídeos de los altercados para detener a sus protagonistas. La lista de delitos a la que se pueden enfrentar es kilométrica: amenazas, coacciones, atentado a los agentes de la autoridad, desorden público...

Este incidente deja señalada a la Región de Murcia como el ejemplo de lo que nunca debe ocurrir en una institución pública. La portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, ha expresado su "condena y rechazo" a este tipo de actitudes violentas, al tiempo que ha advertido de que lo ocurrido en Lorca es una "agresión a la democracia". De esa forma, la portavoz del Ejecutivo ha enviado un mensaje velado a la presencia en el motín lorquino de miembros del Partido Popular y de Vox, que en algunos casos son cargos electos en otros municipios o en la Asamblea Regional.

Valgan como ejemplo: la alcaldesa de Fuente Álamo, la popular Juana María Martínez, que se hizo 58 kilómetros de carretera para asistir a una protesta que nada tiene que ver con su Alcaldía, la edil de Vox en Alcantarilla, Aurora Ortega, que también se hizo 60 kilómetros en coche, o el diputado autonómico de extrema derecha Pascual Salvador.

- ¿En el Ayuntamiento piensan emprender acciones legales contra los representantes de organizaciones agrarias o políticos?

- Hay abiertas unas diligencias policiales y nuestros servicios jurídicos están haciendo informes porque nos reservamos la posibilidad.