Remei Navarri, la devota directora de la 'residencia del terror': imputada por la muerte de 64 ancianos

Este miércoles, la jueza Anna Montserrat Capdevila, titular del juzgado de instrucción número 1 de Tremp, imputó a Navarri los presuntos delitos de homicidio imprudente y de vejaciones injustas a petición de la Fiscalía de Lleida. La acusación se extiende también a la religiosa María Rosa Nabaroa, responsable higiénico sanitaria del geriátrico Sant Hospital de Tremp, gestionado por la Fundación Fiella. Porque aunque Navarri era una mujer de carácter sencillo y una fiel devota de quien se podía sospechar poca maldad, la fiscalía entendió que su responsabilidad en la muerte de los 64 ancianos fue clara.

Según la denuncia del ministerio público, Navarri no actuó como debió: la pandemia no cogió por sorpresa a la directora -los hechos ocurrieron nueve meses después de marzo de 2020- y, además, contaba con la formación necesaria, la cual recibió poco después del estallido de la Covid, y con las herramientas para evitar la tragedia. Sin embargo, actuó con dejadez de funciones. Esto según la fiscalía, habría causado la transmisión, primero a 42 de sus 70 trabajadores, y luego a los residentes. 92 de un total de 142 fueron positivos.

"Película de terror"

Entre las múltiples irregularidades que se cometieron en la residencia de Tremp, se privó a los ancianos de una correcta asistencia médica, no hubo coordinación con los centros sanitarios cercanos, ni se trasladó a los ancianos enfermos a hospitales. La rápida expansión de los contagios convirtió la residencia, de la noche a la mañana, en un hospital improvisado, con enfermos y moribundos en sus camas, contra el criterio que se seguía ya entonces de vaciar este tipo de centros nada más detectarse un brote.

Así, en la residencia de Tremp tampoco se servían las cenas hasta pasada la medianoche, los residentes pasaban frío y hambre, se obligaba a los no contagiados a convivir con los contagiados, no se controlaba el protocolo de visitas de los familiares y algunos de estos incluso tenían privilegios sobre otros, pudiendo visitar a sus seres queridos mientras a otros se les negaba.

La retahíla de detalles que describe la denuncia dibujaba un escenario dantesco. Una verdadera residencia de los horrores en la que, además, los familiares pasaron días sin tener noticias de sus seres queridos. A algunos se les informó de que estos estaban en buen estado, cuando en realidad, llevaban días muertos. A otros, no se les avisaba cuando se producía la defunción e incluso hubo quienes tuvieron que recuperar los cadáveres por su cuenta, mientras estos se amontonaban en el interior de la residencia.

Según testimonios de familiares recogidos meses más tarde por varios medios, los ancianos murieron “solos y sufriendo”. Uno de estos familiares, Evaristo Saura, que se las apañó para entrar en la residencia en medio del caos, explicó que tuvo que cubrir a su padre con una lona blanca y que vio el cadáver con rascadas en los brazos. "Hacía muchas horas que estaba muerto. En una habitación había un muerto, en otra, alguien gritando, igual que en una película de terror, todo a oscuras”, dijo.

Poca preparación

Para la fiscalía, la responsable de que todo esto llegase a materializarse no fue otra que Navarri, a quien las precauciones para evitar el brote no parecieron importarle y a quien luego, la gestión del mismo la desbordó por completo. Sin más experiencia que la de administrativa, Navarri llegó a la dirección de la residencia por sus contactos con el obispado de la Seu d’Urgell (Lleida).

Su hermano es sacerdote en esa diócesis, la misma que controlaba la Fundación Fiella a cargo de la residencia de Tremp, y no es un sacerdote cualquiera. Se trata del delegado diocesano de la Pastoral de Salud, de la que también forma parte su hermana Remei, y que se encarga de administrar residencias de la Iglesia como la de Tremp donde ocurieron los hechos. Por su parte, el número dos del obispado, monseñor Josep Maria Mauri, tenía plenos poderes sobre el centro que dirigía Navarri.

Imagen de la residencia donde murieron 64 personas. CG

Según ha podido conocer este periódico por fuentes del entorno de la imputada, Navarri era una mujer religiosa y devota, cuya vida entera giraba alrededor de la Iglesia. Organizaba viajes a Lourdes y veía su ocupación como un servicio a los ancianos.

Pero su religiosidad no bastó para contener una tragedia que solo pudo ser afrontada con criterios y conocimientos médicos y organizativos de los que Navarri carecía. Apenas una semana después del estallido del brote, la propia directora cayó contagiada, lo que empujó al departamento de Salud catalán a intervenir el centro el 28 de noviembre y a suspender, meses más tarde, durante cuatro años, a la fundación responsable. Las cosas, sin embargo, no fueron a mejor.

La Generalitat puso al frente de la gestión de la residencia a la empresa GSS y los despropósitos siguieron acumulándose. GSS (Gestión de Servicios Sanitarios) depende del Servei Català de la Salut y gestiona los hospitales Univesitario de Lleida y el Comarcal del Pallars. Pero al igual que la fundación religiosa que estaba al mando de la residencia, GSS no tenía experiencia en este tipo de centros.

Un trabajador anónimo de la residencia relató al diario local Segre que el Departamento de Salud se llenaba la boca asegurando que con ellos el centro funcionaba, algo que no era “del todo cierto”. Desde que el gobierno regional tomó las riendas de la residencia a través de GSS el 28 de noviembre, los muertos pasaron de 42 a 64, en apenas un mes.

La empresa gestora, además de no contar con experiencia en residencias, tenía igualmente lazos con la Iglesia. Su presidente, Joan Ramon Saura, tiene vínculos cercanos, en este caso, con el obispado de Lleida. Navarri, a la espera de ser enjuiciada, trabaja en la actualidad en una gestoría de Lleida sin relación con estas instituciones.

El juzgado número 1 de Tremp ha advertido que aún no la llamará a declarar hasta que "considere oportuno". En el mismo proceso están llamados a testificar hasta una cincuentena de trabajadores de la residencia, familiares de las víctimas y los mossos responsables de la investigación criminal. Los ancianos no volverán, pero la justicia puede que aporte respuestas a las decenas de familias que en la segunda ola de la pandemia vieron cómo perdían a sus seres queridos sin poder hacer nada.