Irene Montero aún no ha terminado en Igualdad: más baja por paternidad y la trata, luchas pendientes

En su discurso de investidura, Pedro Sánchez enumeró una serie de 17 promesas en materia de igualdad (no todas correspondientes al ministerio de Montero). Algunas de ellas, como "regular en el Código Penal que solo sí es sí", se han cumplido.

En otras, sin embargo, es su propio Gobierno el que está impidiendo a Montero que se hagan realidad. Es el caso de la famosa 'tasa rosa' que Sánchez prometió desactivar y que así quedó reflejado en el texto donde se recoge el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos (fiscalidad con perspectiva de género).

Sin embargo, la reducción del IVA en productos femeninos como pueden ser los menstruales, que originalmente iba a ser del 4% y ahora se negocia que sea del 10%, no ha llegado a incluirse nunca en los Presupuestos Generales del Estado pese a los intentos de Montero.

Por ello, las dos grandes batallas que se le presentan a la ministra de Igualdad en el año y medio que le resta a la legislatura no parece que vayan a serle cómodas. Por un lado, está la Ley Integral Contra la Trata de la que forma parte el espinoso asunto de abolir la prostitución. Por otro, la cuestión de la baja por maternidad y paternidad, algo que también compete al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

La ministra de Igualdad, Irene Montero (d); y la secretaria de Estado de Igualdad y Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam. Efe

Victorias de Montero

En la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados que tuvo lugar el 10 de octubre de 2021, Irene Montero explicó cuáles eran sus cinco grandes proyectos feministas: "La legislación contra todas las violencias machistas, incluyendo la trata y la explotación sexual; el blindaje y la permanencia del Pacto de Estado; la garantía del derecho al aborto; los derechos de las personas trans y LGTBI; y el derecho al cuidado reconocido por ley".

Cada uno de estos proyectos cuenta con nuevas leyes que funcionan a modo de pilares sobre los que se edifican el resto de decenas de medidas. Por ejemplo, el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual -conocida como 'Ley del solo sí es sí'-, aprobado el 6 de marzo de 2020 por el Consejo de Ministros, resulta esencial para el cumplimiento de la "legislación contra todas las violencias machistas".

La consecución de que el Pacto de Estado fuese algo permanente se dio en 2021 después de que se sumase el Partido Popular. Este pacto de los diferentes partidos e instituciones contra la violencia de género supone uno de los acuerdos más importantes para mantener vigente la lucha contra la violencia machista.

Sobre la garantía del derecho al aborto, la nueva Ley del aborto es su bastión esencial pese a no haberla podido llevar a cabo en los términos deseados. No obstante, es la primera en Europa que reconocerá el derecho a la baja por la dolencia menstrual.

El texto definitivo del Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocido como Ley Trans, fue ratificado en el Consejo de Ministros el 6 de julio de 2021. Irene Montero consiguió incluir en esta ley otra que no había conseguido sacar de forma independiente para la igualdad social de las personas LGTBI. De esta fusión nacía su gran victoria contra la discriminación de estos colectivos.

Por último, en febrero de 2020 Montero expresó en el Congreso su firme disposición para que se llevasen a cabo políticas reconocidas por ley de redistribución laboral y de los cuidados. Para ello, tenía previsto promulgar una Ley de tiempo corresponsable junto al Ministerio de Trabajo.

Irene Montero junto a sus tres hijos, Leo, Manuel y Aitana.

En lugar de ello, lo que finalmente consiguió fue un sustituto de esa ley llamado Plan Corresponsables, dotado con 190 millones de euros "para la conciliación de las familias mediante la corresponsabilidad del Estado en el cuidado de niños y niñas menores de 14 años". Además, se ratificó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual garantiza que los derechos de las empleadas de hogar disfruten de condiciones equitativas respecto al resto de trabajadores de cualquier ámbito.

En total, Montero ha sacado adelante importantes medidas contra la discriminación por la orientación y la identidad sexual, a favor de la redistribución del trabajo, la 'Ley Rhodes' para proteger a los niños de la violencia machista y prohibiendo el régimen de visitas de maltratadores. También ha conseguido el mayor presupuesto de la historia para Igualdad: 525 millones de euros en 2022. Pero ¿qué le falta?

Desafíos para 2023

Como ha expresado la propia Montero en varias ocasiones, "mientras haya una mujer asesinada por violencia de género, hay trabajo por hacer". Este año, la cifra es ya de 14 víctimas; 1.144 desde el 1 de enero de 2003 en que comenzó a contabilizarse. Las denuncias tramitadas por malos tratos en 2021 fueron 162.848, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Y, en los cinco meses que llevamos de 2022, el teléfono 016 contra la violencia de género ha recibido ya 22.596 llamadas de mujeres. 

Además, el Instituto de la Mujer expone que en España "hay 1,5 millones más de empleos de hombres que de mujeres; tres de cada cuatro empleos a tiempo parcial son ocupados por mujeres; el 95% del empleo a tiempo parcial por motivos de cuidado, lo realizan mujeres y, a pesar de todo, el salario medio que cobran las mujeres es el 80% del salario de los hombres". Es decir, que a Montero le queda mucho trabajo por realizar.

Para poder acabar la legislatura con sus cinco grandes proyectos realmente satisfechos hay dos objetivos prioritarios que necesita sacar adelante. Por un lado, está la Ley Integral contra la Trata. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género es la que se lleva más del 50% de los 500 millones de presupuesto y es la que se encarga de este asunto. 

Igualdad explica que "la trata de personas es un crimen que no es neutral en términos de género: la trata de seres humanos afecta a las mujeres de manera desproporcionada, no sólo por registrar la mayor parte de las víctimas, sino porque las formas de explotación a las que son sometidas suelen ser más severas, especialmente la trata con fines de explotación sexual".

No obstante, el asunto controvertido llega en lo que respecta a la prostitución (España es uno de los mayores consumidores de prostitución en Europa). Lo que busca Montero es que la ley contemple lo máximo posible la abolición de la prostitución, algo sobre lo que hay mucho debate dentro del propio feminismo.

Por otro lado, la futura Ley de familias que Montero está diseñando a cuatro manos con Ione Belarra parece que puede aprobarse en septiembre, según declaraciones a EFe de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Ione Belarra

Los puntos fuertes de Montero en esta ley son la prestación universal por crianza y la ampliación a seis meses de los permisos de paternidad y maternidad. Sobre esto último hay que recordar que ya consiguió equiparar estos permisos para ambos hasta las 16 semanas. A pesar del positivismo de Belarra, no sería extraño que las negociaciones en este punto hiciesen que Montero tenga que conformarse con otro acuerdo.

Por último, no está de más recordar que, si bien la consecución de la permanencia del Pacto de Estado ha sido uno de sus grandes éxitos como ministra, aún no ha cumplido la otra parte de su objetivo en ese proyecto: desarrollar y actualizar las nuevas medidas. De las 290 estructuradas en 11 ejes de trabajo, faltan algunas como "promover Campañas contra la cosificación del cuerpo de las mujeres y contra la hipersexualización de las niñas".

Las importantes victorias logradas no deberían nublar el juicio de Montero. Su trayectoria como ministra, hasta el momento, está cumpliendo con los objetivos marcados de forma notable. Sin embargo, los principales escollos que se le presentan en el horizontes tienen un peligro adicional: están en su propio gobierno.