Cuando tenía ocho años disfrutaba subiéndose al tractor con su padre y con la mayoría de edad ya lo conducía para ponerse a labrar las tierras familiares al amanecer. "Soy la cuarta generación de agricultores", subraya José Antonio Albadalejo con sentimientos enfrentados. De un lado, siente orgullo por haber recogido el testigo de su padre, José, y de otro, le invade la pena porque será el último agricultor de la estirpe: "He alquilado las 40 hectáreas de terreno de la familia a una compañía para que instale placas solares porque pagan 3.500 euros anuales, por hectárea, y eso no lo gano vendiendo patatas, lechugas o brócoli".
La decisión que ha tomado José Antonio, arrendando su Finca de Los Castillos, es el botón de muestra del boom que vive la energía solar fotovoltaica en la Comarca del Campo de Cartagena, donde la Consejería de Empresa tramita 45 solicitudes para habilitar huertos solares con una potencia máxima de 50 megavatios cada uno. Un total de 25 solicitudes se proyectan en Cartagena y 20 en Fuente Álamo. Paralelamente, el Ministerio de Industria gestiona otra solicitud para una instalación de 76 megavatios en el término municipal cartagenero.
"En una semana he recibido dos ofertas para alquila mi finca", subraya José Antonio, como ejemplo de la creciente presencia de corredores de compañías de energías verdes y de fondos de inversión, interesados en arrendar terrenos agrícolas en el Campo de Cartagena, ya sean de secano o de regadío. Este panorama es fruto de varios factores: esta comarca garantiza 3.000 horas de sol al año; en Escombreras se proyecta la Plataforma del Valle del Hidrógeno Verde y los agricultores están hartos de unos costes de producción disparados por culpa del precio de la luz y del gasóil.
Todo ello, sin olvidar que la crisis ambiental del Mar Menor les ha puesto en la diana de las administraciones: deben afrontar inspecciones, nuevas restricciones y fuertes inversiones para adoptar su actividad a la normativa, lo que les lleva a plantearse dejar la agricultura.
[Crisis en el Mar Menor: los agricultores obligados a una auditoría por un operador agroambiental]
"Me da pena dejarlo, pero lo hablé con mi padre y fue claro conmigo: 'Si no sacas para vivir, no te hundas'”. Tales palabras empujaron a José Antonio a aceptar la invitación de uno de los dos comerciales interesados en alquilar su finca y este viernes asistió a una reunión organizada por una empresa internacional, especializada en la fabricación de seguidores solares. "Acudimos ocho agricultores al Restaurante El Abasto de La Aparecida y allí nos explicaron que promueven un proyecto de 600 hectáreas de huertos solares que empezará a funcionar dentro de tres años".
- ¿Entre ocho productores reunían 600 hectáreas?
- José Antonio Albadalejo: No. En la compañía están buscando más agricultores para lograr esa superficie y van haciendo reuniones para ir alquilando terrenos por el Campo de Cartagena para que se corra la voz.
- ¿Qué oferta le hicieron para arrendar su finca para instalar un huerto solar?
- Nos alquilan cada hectárea por 3.500 euros y podemos seguir produciendo durante tres años. Inicialmente, te pagan un 30% del alquiler por adelantado y el 70% restante a la firma del contrato para los próximos 25 años.
- ¿Aceptó el contrato de alquiler de sus terrenos?
- Sí. Por una hectárea cultivada de patatas saco 500 euros limpios de beneficios y por una hectárea alquilada para placas solares fotovoltaicas me pagan 3.500 euros. El contrato lo tiene mi abogado por si hay que cambiar alguna cláusula. En tres años me jubilo: el campo no tiene futuro al precio que está el gasoil, la luz, el abono, el agua...
José Antonio, a sus 52 años, suma demasiados madrugones a sus espaldas, infinitos jornales de lunes a domingo, una piel 'bronceada' trabajando de sol a sol y no ha podido rechazar una oferta por la que ingresará 140.000 euros al año por alquilar su finca de 40 hectáreas.
"Estoy harto porque el kilo de patata me lo pagan a 30 céntimos y mis costes de producción se han multiplicado por cuatro: en 2021, el litro de gasoil me costaba 92 céntimos y ahora 1,80 euros; en 2021, pagaba 1.500 euros mensuales de luz y ahora voy por 2.000 euros; en 2021, el kilo de abono valía 45 céntimos y ya ha subido a 1,60 euros; en 2021, el metro cúbico de agua salía a 30 céntimos y ahora son 45…", tal y como enumera este agricultor a EL ESPAÑOL, a pie de finca, apoyado en su tractor.
"Este año ha sido la muerte para el sector: se ha juntado la inflación y el Mar Menor". La degradación de la albufera ha llegado al límite y después de muchos años donde el Gobierno de Murcia no ha puesto coto a los vertidos de la agroindustria en el litoral marmenorense, ahora han entrado en vigor muchas restricciones a la actividad agrícola y un aluvión de inspecciones porque el Ministerio para la Transición Ecológica se ha propuesto desmantelar este año: 8.640 hectáreas de cultivos ilegales.
Tal situación desincentiva a los agricultores que sí han cumplido la ley, como José Antonio, pero que se ven obligados a invertir para cumplir con las nuevas medidas de control. "He gastado 3.000 euros en sondas para medir la humedad de mis terrenos y pago 200 euros al mes a un operador agroambiental para que haga informes sobre el nivel de fertilizantes, los metros de agua de riego que uso...", ejemplifica, sobre los gastos adicionales que debe afrontar. Y que a la postre se convierten en otro motivo para dar el paso: alquilar su Finca de Los Castillos para 'plantar' placas solares.
El cambio de agricultura por energía fotovoltaica empieza a no ser una excepción en el Campo de Cartagena. Así lo admite Vicente Carrión, presidente de Coag en Cartagena: "La superficie cultivada se ha reducido de 400 a 500 hectáreas". De hecho, la sucursal que tiene en Pozo Estrecho un grupo europeo líder en producción de frutas y hortalizas está buscando terrenos fuera de la Región de Murcia, debido a que los agricultores a los que arrienda sus fincas le han exigido más dinero a la firma porque es más rentable alquilar hectáreas para huertos solares.
- ¿El Campo de Cartagena vive un boom fotovoltaico?
- Vicente Carrión: Comerciales de empresas están haciendo ofertas de alquiler por las fincas y los agricultores se lo piensan porque tienen que buscarse un medio para subsistir. Están desesperados por la presión que hay para seguir cultivando en la zona del Mar Menor y la inacción de las administraciones. En solo un año, han instalado una barbaridad de placas solares desde La Aljorra hasta el municipio de Fuente Álamo.
Es un tema que preocupa porque los terrenos que albergan placas se compactan, generando escorrentías con las lluvias que acaban en la Rambla del Albujón, contaminando el Mar Menor. La agricultura corre peligro en el Campo de Cartagena: si la gente no puede alquilar sus tierras a empresas agrícolas para que produzcan, optará por arrendarlas a placas solares.
No habla en vano el dirigente de Coag porque una empresa de Oviedo está ejecutando un nuevo huerto solar cerca de la diputación cartagenera de Los Beatos. Una máquina perforadora y varios operarios trabajan a destajo para meter los postes de cientos de placas que generarán 4 megavatios de potencia. También se busca suelo por San Javier y en Roldán: los corredores lanzan ofertas de 120.000 euros anuales por alquilar 45 hectáreas de secano para producir energía fotovoltaica.
"La gran industria de la energía verde está pagando de 2.000 a 3.000 euros por hectárea", según precisa un experimentado banquero de la zona. En la práctica, el alquiler de una hectárea para producción agrícola cotiza a 1.500 euros y una para producción solar llega hasta 3.000 euros: el doble. El valor depende de las características del terreno: si está cerca -o no- del punto de evacuación de la energía, si está próximo -o no- a una zona de rambla... "Todas las semanas vienen agricultores a nuestra oficina con propuestas de contrato para que les expliquemos las cláusulas".
Ojo con los especuladores
Un miembro de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena alerta de que ya han detectado la presencia de especuladores fotovoltaicos: "Existe un mercadeo tremendo de terrenos en El Algar porque hay empresarios de otros sectores que están viendo una oportunidad de negocio y contactan con los agricultores para comprarles terrenos y luego revendérselos a las eléctricas".
Este regante se muestra preocupado por los efectos económicos: "Primero fue la burbuja del ladrillo, luego la burbuja agrícola y ahora la burbuja fotovoltaica". El mencionado banquero corrobora que "se trata de una burbuja que puede estallar: muchos contratos se firman con filiales de filiales, respaldadas por grandes fondos de inversión, y los agricultores pueden perder las garantías de cobro del alquiler".
Para habilitar un megavatio se necesitan 1,6 hectáreas de terreno y el requisito inicial para promover un huerto solar es tener concedido un punto de acceso, conexión y evacuación para volcar la energía al sistema eléctrico. En función de la potencia del proyecto, la concesión de los permisos depende de la Administración autonómica o estatal: por debajo de los 50 megavatios, es competencia de la Consejería de Empresa, y por encima de 50 megavatios depende del Ministerio. El único escollo a solventar para obtener luz verde es el estudio de impacto ambiental.
El director general de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), Rafael Barrera, admite que "hay un gran boom de instalaciones fotovoltaicas, casi que podríamos estar hablando de una burbuja porque no sabemos cuánto costará la energía dentro de diez años y los corredores no hacen contratos directos, sino precontratos con las grandes compañías".
Barrera apunta que las características y la ubicación de los terrenos del Campo de Cartagena son dos de las claves de que las empresas de energías verdes apuesten por esta comarca: "Es una zona llana en general, con muchas horas de sol, y el entorno del Mar Menor tiene una ventaja añadida, las temperaturas son más amables y las placas están en condiciones óptimas para producir energía".
Y la oferta de terreno para la actividad fotovoltaica en el Campo de Cartagena irá a más, ya que según Coag hay 300 agricultores sancionados en la zona del Mar Menor. Las multas oscilan de 5.000 a 60.000 euros, llevan aparejada la imposibilidad de acceder durante dos años a ayudas de la PAC de la Unión Europea y para los que carecen de derechos de riego, el cese inmediato de la actividad, de forma que los afectados tienen la opción de alquilar sus fincas al 'maná' de los huertos solares.
¿Qué pasará con las macrogranjas?
"Durante el último año hemos alquilado una amplia superficie de hectáreas en la zona", según corrobora el representante de una importante empresa que impulsa varios proyectos fotovoltaicos en la zona. "Están confluyendo una serie de situaciones en el Campo de Cartagena: la orografía del terreno presenta buena capacidad de evacuación de la energía, falta relevo generacional en la agricultura, la actividad no está siendo rentable y la crisis del Mar Menor".
La organización agraria Coag teme que los ganaderos sigan el mismo camino de los agricultores: cambiando cerdos por placas solares. Hay más de sesenta explotaciones que se enfrentan a sanciones de 240.000 euros en adelante, por filtraciones de purines al acuífero que acaban vertiéndose al ecosistema marmenorense. "Las multas a las macrogranjas puede ser una variable nueva a añadir al mercado".