En 2015, al inicio de su mandato, Mónica Oltra comunicó a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, tanto oralmente como por escrito, que su marido trabajaba como educador en un centro de menores de Valencia, en el barrio de Campanar, para que no pensaran que lo había colocado.
Todo el mundo en el centro de menores sabía que Luis Eduardo Ramírez era familiar de la consellera. Llevaban juntos unos 20 años y se casaron en Paterna (Valencia). De origen argentino, ambos habían estado casados previamente y Ramírez tenía tres hijos de una relación anterior. Oltra llevaba toda una vida en política, pero era la primera vez que ocuparía un puesto tan destacado en la Administración valenciana.
Su exmarido estuvo trabajando más de 10 años en el Centro de Acogida Niño Jesús de Valencia, una entidad privada pero dependiente de la Conselleria. Los últimos años estuvo en el turno de noche y, en 2017, una menor tutelada que entonces tenía 14 años, le denunció por unos supuestos abusos.
Al parecer, Ramírez acudía con frecuencia a la habitación donde la aislaban por castigo para hacerle masajes y que se calmara, una práctica "totalmente inusual" en centros de menores, según la sentencia que le condenó por tercera vez.
"Teniendo dificultad para conciliar el sueño por sus miedos, reclamaba la presencia del educador e incluso le pedía que le hiciera un masaje pues confiaba en el mismo, procediendo él a masajearle en la zona del cuello y la espalda. Una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación", relata la condena.
El caso Oltra ha llevado a los tribunales y apartado de la política a una de las dirigentes valencianas mejor valoradas durante años. Referencia en el panorama mediático nacional, su relación con Ramírez se rompió a partir de que, el 4 de agosto de 2017, llegase a su casa la notificación del juzgado con la orden de alejamiento de su marido respecto a la menor.
Oltra ha reconocido que jamás olvidará ese día. Desde entonces, Ramírez se ha enfrentado prácticamente solo y sin apoyos al proceso judicial. En privado y a su entorno, defiende insistentemente su inocencia y se queja del trato que está recibiendo, tanto de la justicia como de la política.
Su última opción para evitar la prisión pende del recurso que ha presentado ante el Tribunal Supremo (TS) para que el juicio se repita. Pide que le juzgue otro tribunal de nuevo y que se pregunte a la menor por los informes de la conselleria de Oltra que cuestionan su credibilidad y la presentan como una niña conflictiva.
Espiritual y enigmático
Luis es una persona espiritual y enigmática, según han explicado a EL ESPAÑOL personas que han tratado con él mientras compartía su vida con la fundadora de Compromís. De carácter tranquilo y amable, adoptó con Oltra dos niños y la familia vivía en una casa adosada en una zona residencial de Valencia, en Riba-roja de Túria, un municipio pegado a Valencia.
Ramírez acompañó a Oltra durante toda su trayectoria política. Cuando se conocieron Oltra empezaba a destacar en Valencia. No coincidían en actos públicos, pero Luis mantenía muy buena relación con los compañeros de su mujer y seguía la actualidad política. La dirigente y su marido también eran falleros y participaban juntos en la ofrenda a la Virgen de los Desamparados.
Luis Ramírez, condenado por abusar de una menor tutelada en Valencia.
Oltra se presentó a presidenta de la Generalitat Valenciana en 2019 con este caso a punto de ser juzgado. En ese momento todavía no había trascendido nada de la investigación y la prensa no recogió el caso hasta que se celebró el primer juicio, el 7 de noviembre.
Ramírez se presentó ante el tribunal como una víctima y denunció que la menor faltó a la verdad desde el comienzo de la historia. El marido de Oltra sí admitió que le hacía masajes porque le ayudaba a relajarse y se dormía más fácilmente.
Sorprendentemente, en este caso no estaba personada la Abogacía de la Generalitat para defender los intereses de la menor. De hecho, fue el Ministerio Fiscal quien, ante la sorpresa de no comparecer en el caso la conselleria de Oltra, como tutores de la menor, modificó sus conclusiones para añadir al menos una petición de responsabilidad civil, cifrada en solo 6.000 euros.
A la víctima no se le informó del derecho de tener abogado. Nadie le representó en el primer juicio y por eso no se solicitó la responsabilidad civil subsidiaria que se tenía que haber solicitado. Cuando el centró despidió a Ramírez tras la sentencia, le indemnizó.
Última palabra
Ramírez utilizó su turno de última palabra. Lamentó el daño que le había causado esta investigación y se mostró confiado en poder seguir trabajando con menores tutelados en un futuro.
Explicó que menores en una situación como la de la victima tienden a tergiversar los hechos y que las puertas de la habitación estaban abiertas y comunicadas con la sala donde se encontraban el resto de menores acogidos.
Ahora está sin trabajo, así lo trasladó a los juzgados, y ha tenido que pedir un crédito para poder abonar la sanción. Muchos compañeros del partido de Oltra le han dejado de lado, pero mantiene relación con otros que están absolutamente convencidos de su inocencia. Creen que la gestión política del equipo de Oltra del caso le ha perjudicado.
Unas semanas después de conocerse la sentencia, Oltra consideró que la actuación de la dirección del centro fue correcta "salvo la cuestión de no haber puesto el hecho inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía de Menores".
A raíz de ahí, explicó que se dictó una instrucción a todos los centros recordando que la legislación establece que estos casos deben comunicarse inmediatamente a Fiscalía, con independencia del resultado de las evaluaciones de los profesionales.
La Policía Judicial se personó el pasado lunes en la Conselleria de Igualdad en busca de instrucciones anteriores que ya establecían la obligación de comunicar estos casos a la Fiscalía. Se investiga en una pieza separada declarada secreta por el juez Vicente Ríos.
Ramírez ha cambiado varias veces de abogado y su última opción para conseguir una absolución está en el Supremo. Su nueva abogada ha trasladado que los informes encargados por la Conselleria de Oltra repercuten "absolutamente en la objetividad de los hechos".
"Dichas dos pruebas tienen la virtualidad o la relevancia para incidir en la totalidad de actividad probatoria desplegada en el juicio, y en su valoración por la Sala de instancia", alega. En unos meses se conocerá la sentencia definitiva.