En medio de la crisis que vive el PSOE con sus socios en la Moncloa lo que menos necesita ahora es un escándalo. De modo que pinta mal la continuidad de Francisco Javier Justicia al frente del Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo. El tamaño de este pueblecito jienense que no llega a 2.000 habitantes contrasta con el lío de proporciones bíblicas en el que anda envuelto su regidor, cuyo nombre aparece en la 'Operación Vergilia' que ha desmantelado una organización criminal dedicada a transportar cocaína desde Málaga hasta Murcia, para distribuirla por Jaén y Granada.
El macroperativo ha movilizado a un 'ejército' de agentes de la Guardia Civil de cinco provincias, permitiendo la detención de 26 personas y que sean investigadas otras 11, entre ellas, el señor alcalde. EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a un atestado del Grupo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) donde el regidor socialista de Cabra del Santo Cristo, Francisco Javier Justicia, figura como "investigado" por tráfico de drogas, omisión del deber de perseguir delitos y cohecho.
Precisamente fue en Cabra del Santo Cristo donde arrancó esta ardua investigación. Todo ello, a raíz de una denuncia del dueño de una vivienda de la calle Doctor Fleming donde alertaba al Instituto Armado de que Rafael F. Q. había convertido ese inmueble en un punto de venta de droga muy activo en la Comarca de Sierra Mágina.
Lo más irónico del asunto es que el alcalde no estaba en la diana de la Benemérita, pero su nombre se coló por las conversaciones telefónicas que el primer edil mantuvo con dos de los sospechosos a los que el EDOA les tenía pinchados los móviles con autorización judicial: Francisco Javier M.R. -'Paco'- y Victoria A. A. -'Vicky'-.
Los investigadores seguían la pista de esta pareja de Cabra del Santo Cristo porque desempeñaban "un rol importante" dentro de esta organización criminal liderada por un recluso del Centro Penitenciario de Albocácer (Castellón). De hecho, a Francisco Javier M. R. y a su pareja, Victoria A. A., le atribuyen una "gran actividad" en la distribución de cocaína.
El Grupo EDOA en su atestado monográfico sobre el regidor socialista, de 43 años, justifica uno a uno los delitos que le atribuyen como investigado en esta trama farlopera donde se han desmantelado 6 garitos de droga en Granada, 5 en la Región de Murcia y 6 puntos de venta de cocaína, marihuana y hachís en Jaén. El atestado arranca exponiendo que han sido claves las escuchas a los móviles de los sospechosos que residen en Cabra del Santo Cristo para acabar investigando al alcalde.
"La presente investigación denominada policialmente 'Operación Vergilia', tiene su inicio en la figura de Rafael F. Q., persona que regenta un punto de venta de estupefacientes al menudeo en su domicilio y de forma ambulante, si bien, tal y como consta en anteriores diligencias, de la investigación llevada a cabo, se detectan otras personas que se dedican a la misma actividad ilícita en la localidad, Francisco Javier M. R. y Verónica A. A., los cuales mantienen una estrecha relación con el investigado y a través de sus múltiples conversaciones telefónicas analizadas, se ha determinado que la participación de Francisco Javier Justicia es inequívoca".
La ‘Operación Vergilia’ de la Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a transportar cocaína desde Málaga hasta Murcia, para distribuirla por Jaén y Granada.
El primer delito que los agentes atribuyen al primer edil socialista y que desgranan en el informe es el de tráfico de drogas. En el portal de transparencia consta que el sueldo del regidor asciende a 43.407 euros anuales, pero a pesar de tales emolumentos recurría al móvil oficial del Ayuntamiento para mantener "frecuentes" conversaciones "con el resto de investigados" de la organización criminal.
El informe que obra en poder de EL ESPAÑOL desvela que el excelentísimo supuestamente solía 'empolvarse' la nariz: "La siguiente conversación no supone la comisión de ilícito alguno, únicamente se aporta para corroborar y certificar que el investigado compra de forma habitual cocaína a uno de los principales objetivos de la investigación, Francisco Javier M. R. -Paco-, lo cual indica y simboliza, de forma incuestionable, que conoce la existencia de un punto de venta de drogas en su municipio".
- Alcalde de Cabra del Santo Cristo: Tráete uno y medio.
- Paco: Venga.
El Instituto Armado hace énfasis en que para garantizar su presunto consumo de coca, la primera autoridad local y secretario general del PSOE de Cabra del Santo Cristo, no duda en recurrir a menores para que le provean de la sustancia estupefaciente:
"El investigado solicita que la cocaína se la entregue 'El Niño', refiriéndose sin ningún género de dudas al hijo de Victoria A. A., un menor de 15 años, que convive con 'Paco' y 'Vicky'. Se entiende que con su demanda de cocaína está promoviendo la comisión del delito con la participación de un menor de edad". Esta afirmación va acompañada del extracto de una conversación demoledora, mantenida entre el supuesto camello y el alcalde:
- Ahora cuando coma te lo llevo. [Paco le dice a Francisco Javier Justicia que ahora le lleva la dosis de coca]
- No porque voy para allá y cuando llegué cierro la puerta. [Francisco Javier Justicia le pide a Paco que se lo lleve antes]
- Estoy cenando y estoy en pijama. [Paco le responde que en ese momento no puede, que está cenando]
- ¿No está el chiquillo ahí? Manda al chiquillo o algo a la puerta. [Francisco Javier Justicia le solicita que le entregue la cocaína "el chiquillo", a sabiendas de que es un menor de edad]
- No está el chiquillo, cuando vea que no hay nadie te toco. [En esta ocasión no está el menor en el domicilio]
"Con esta solicitud que realiza el investigado, se estima innegable que promueve la participación de un menor de edad en el tráfico de drogas, pues es evidente que está solicitando una dosis de cocaína a su vendedor y ante las dificultades de este para entregársela, el investigado no duda en requerir que sea el menor de edad el que le entregue la sustancia estupefaciente, apreciándose además esta conducta como un agravante, tal y como refleja el artículo 370 del Código Penal".
El alcalde cabrileño se cava su propia tumba en cada llamada que realiza a los móviles pinchados de 'Paco' y de su pareja, 'Vicky'. "Para finalizar este apartado, se añade una conversación telefónica donde el investigado solicita una dosis a Victoria A. y esta le indica que se pase cuando llegue 'Paco' a su casa, a lo que Francisco [el alcalde] le responde: 'No es para mí, es para un amigo, dámelo tú'. Accediendo Victoria a la petición".
La fachada del Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo luciendo las banderas LGTBI.
Todo ello lleva al Grupo EDOA a lanzar una conclusión lapidaria: "En este contexto hay que señalar que los actos vinculados al cultivo, elaboración, facilitación, promoción, transporte o la simple donación, están incluidos en el delito de tráfico de drogas. Esto significa que la comisión está determinada con el solo hecho de la intención de venta, aunque no haya llegado a producirse la fase última de entrega. Por parte de Francisco Javier se percibe de manera inequívoca, una vocación de tráfico, pretende entregar la cocaína a un tercero, y por tanto, un riesgo para la salud pública que contraviene el espíritu de la norma que no es otro que excluir la reprobable finalidad de divulgación del consumo".
El informe prosigue analizando la supuesta comisión del alcalde de la omisión del deber de perseguir delitos y cohecho. "Por otro lado, es necesario poner de manifiesto las particularidades que existen con respecto al cargo o representación que Francisco Javier Justicia ejerce en el municipio de Cabra de Santo Cristo, haciéndose constar que este ostenta el puesto de alcalde, lo cual conlleva que desempeñe y posea unas obligaciones significativas y relevantes en su labor como autoridad".
Entre las responsabilidades del munícipe está la jefatura de la Policía Local: encargada de combatir cualquier delito que ocurra en este pueblo, situado a 73 kilómetros de la capital jienense, cuya economía está marcada por la producción de aceite de oliva y que es conocido en toda Andalucía por su santuario del Santo Cristo de Burgos.
"Con lo expuesto sobre la figura del investigado, se deduce que al ejercer y ostentar la Jefatura de la Policía Municipal, se le presupone un especial deber de colaboración y responsabilidad respecto a los hechos delictivos que sucedan en su núcleo urbano, entendiéndose que debería acatar las funciones que las leyes le otorgan, habiendo observado esta instrucción que en este caso, por parte del investigado, ha habido una palpable y notoria permisividad en la conducta relativa al tráfico de drogas, faltando a la obligación de su cargo de forma voluntaria y consciente".
"Considerándose una conducta punible, pues nos encontramos ante la figura principal y visible del municipio que según le atribuyen sus funciones, debe realizar los actos pertinentes para evitar que se cometan hechos delictivos en su ámbito territorial, lo cual no ha cumplido el investigado, dejando intencionadamente de promover la persecución del delito contra la salud pública del que ha tenido noticia, pues es palmario e incuestionable que el investigado conocía que en Cabra de Santo Cristo se ha venido ejerciendo de forma continuada la venta de estupefacientes".
El EDOA de la Guardia Civil sostiene varias veces que el regidor del PSOE supuestamente ha hecho la vista gorda a cambio de farlopa. "A tenor de lo expuesto, por la obligatoriedad de denunciar que reside en la figura de Francisco Javier como alcalde, la instrucción estima que igualmente podría haberse consumado un supuesto delito de cohecho, pues se ha detectado un comportamiento que podría ser un tipo de corrupción en el ámbito de la administración pública, consistente en la aceptación de cualquier tipo de dádiva o compensación (cocaína no abonada)".
"Francisco Javier solicita y recibe diversas dosis de cocaína (dádivas) las cuales no paga y admite de forma efectiva, independientemente de quien sea el que ha iniciado la conducta, con lo cual, se deduce que aprovecha su condición de alcalde y consigue un trato de favor de manera manifiesta, obteniendo un beneficio económico al no tener que abonar las dosis de cocaína", tal y como insisten los agentes.
El alcalde (c), en junio, en una imagen difundida por el Ayuntamiento sobre la I Vuelta a Cabra de Santo Cristo.
La Guardia Civil justifica la percepción de tales dádivas con extractos de conversaciones telefónicas. Valga como botón de muestra este resumen que aportan de la 'charla' mantenida entre el regidor y Rafael F.Q.: el dueño del punto de venta de droga de Cabra del Santo Cristo que desencadena la 'Operación Vergilia' en Jaén, Málaga, Granada y Murcia.
"El proveedor de la cocaína, en este caso, Rafael F.Q., realiza una entrega de medio gramo de cocaína a Francisco Javier Justicia, indicándole este que ha ido al cajero a sacar dinero para pagarle y cogerle algo, pero que al final no ha podido sacar dinero, que si le quiere dar algo, pues bien, y si no, no pasa nada. Esta circunstancia no obstaculiza que se realice la transacción, pues Rafael accede sin ningún tipo de impedimento a entregar la cocaína, a sabiendas de que está tratando con la principal figura de la Corporación municipal de Cabra de Santo Cristo: el alcalde, que ya le ha advertido de que no pagará la coca".
EL ESPAÑOL llamó este martes en varias ocasiones al alcalde y también le envió un mensaje de texto, con el objetivo de conocer su versión sobre los hechos, pero este diario no obtuvo respuesta del primer edil.
El operativo solo en la localidad cabrileña ha desmantelado cinco inmuebles dedicados a la venta de droga, regentados presuntamente por ocho vecinos. En los registros se han interviniendo 122 gramos de cocaína, 649 gramos de marihuana, dinero en efectivo y diversos últiles para manipular y cortar sustancias estupefacientes. Las conclusiones del informe de la Guardia Civil apuntan a que el regidor supuestamente ha hecho la vista gorda durante todo el tiempo:
"La participación de Francisco Javier queda evidenciada con las intervenciones telefónicas en las que de forma manifiesta se concreta que trata de favorecer, facilitar y promover el consumo de sustancias estupefacientes que causan grave daño a la salud pública de terceras personas, condición indispensable que requiere y exige el Código Penal para que la conducta sea punible".
"En relación al delito de omisión del deber de perseguir delitos, se considera que el investigado podría ser, desde el inicio de esta actividad, el autor de este delito de omisión pura en el que el sujeto activo ha tenido conocimiento de la comisión del ilícito, estimándose suficientes los evidentes indicios aportados por la instrucción, tratándose igualmente de un ilícito de quebrantamiento de un deber que conlleva su condición de autoridad".
"Con respecto al delito de cohecho, se ha advertido la complicidad de Francisco Javier Justicia, funcionario público y autoridad, en una actividad delictiva mediante la omisión de su correcto desempeño laboral a cambio de regalos y compensaciones de carácter económicos, concretamente la solicitud de dádivas consistentes en la aceptación de dosis de cocaína que no satisfacía de forma habitual".