La juez rechaza la querella por homicidio contra las psiquiatras de la menor que se suicidó en Requena

La juez del juzgado de Instrucción y Primera Instancia 4 de Requena ha rechazado la querella interpuesta por Rafael Martínez y María Dolores Hernández contra la psiquiatra y la psicóloga que trataban a su hija, Isabel Martínez. La menor, enferma de anorexia y bulimia, se suicidó el pasado 28 de mayo, dos días antes de cumplir 17 años. Y la familia acusaba a las facultativas de homicidio imprudente grave "por no hacer nada para evitarlo".

La magistrada defiende que, "atendiendo a la naturaleza y circunstancias de los hechos", resultaba "procedente" incoar "diligencias previas". Sin embargo, "de lo actuado no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa".

"De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 641.1º y 779.1.1ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones con reserva de las acciones correspondientes", concluye la jueza en su auto. Ante el mismo cabe "recurso de reforma y subsidiario de apelación", que ya ha sido presentado por los progenitores.

La querella se centraba en acreditar que ambas profesionales conocían las ideas suicidas de la chica. Aportaba multitud de partes médicos con sus anotaciones al respecto. Entre ellos, destaca el elaborado por la psiquiatra tras entrevistarse con Isabel por última vez, tan solo tres días antes de que se suicidara. Su relato es sobrecogedor.

"Cuenta que está peor de ánimos desde hace dos semanas, con muchos pensamientos de muerte y deseos de desaparecer. Ha pensado en la sobreingesta de medicación, pero ya lo ha probado y ha visto que no lo ha conseguido. Además, ha tenido una experiencia desagradable", describe la doctora.

Método exacto

La misma recoge además el método exacto con el que Isabel se suicidó pocas horas después: lanzándose por el balcón. "Ha pensado en defenestrarse, pero como vive en un segundo sabe que puede hacerse mucho daño y no perecer en el intento. Y no consigue pensar en otras formas disponibles de lograrlo. Se ha realizado cortes en antebrazo y dice que se ha informado de cómo hacerlo correctamente para morir, pero de momento no se ha atrevido", reza su propio escrito.

"¿Cómo no íbamos a denunciar? Es un caso flagrante de negligencia médica", defendía Rafael Martínez, que recoge firmas en change.org "en memoria de Isabel" y "por una salud mental digna". A su juicio, las profesionales debieron solicitar el ingreso de la menor, ya que cumplía "todos los factores de riesgo y señales de alarma verbales y no verbales contenidos en la guía informativa para profesionales de la salud en materia de prevención de suicidio".

Los mismos, según enumera la querella, son "sentido de aislamiento, conflicto en las relaciones, intento de suicidio anterior, trastornos mentales, depresión actual, fatiga, consumo de marihuana, desesperanza, dolor crónico y cambios en la salud, conversaciones reiterativas sobre la muerte, cambio repentino en su conducta habitual, búsqueda de mecanismos para hacerse daño y retraimiento social".

"Mi mujer lo pidió expresamente, tal y como recogió la propia psiquiatra en su último parte", subraya Rafael. En efecto, así consta en un apartado de su escrito, titulado "entrevista con la madre".

"No es posible vigilarla"

"Está preocupada porque no es posible realizar una supervisión de las 24 horas de la conducta de Isabel, ya que en cuanto hay algún mínimo margen se escapa de casa, consume, realiza atracones y vomita", expresa la facultativa. Según su propio escrito, la madre de Isabel le trasladó "temor ante la impulsividad de la paciente y los deseos verbalizados y repetidos en torno a la muerte".

Rafael lamenta que la única medida adoptada tras conocer este escenario límite fue "informar a su compañera". "Me coordino con la psicóloga del paciente", concluye su informe médico.

Por todo ello, la acusación solicitaba para las profesionales de la Unidad de Salud Mental del Hospital General de Requena hasta cuatro años de prisión y seis de inhabilitación, así como una cantidad por responsabilidad civil de 186.000 euros. Pero la juez de Primera Instancia no la ha considerado que en la querella "no resulta debidamente justificada la perpetración del delito".