Daniel, el Policía infiltrado entre 'indepes' acusado de abusos por mantener relaciones con las espiadas

Llegó a los movimientos sociales de Barcelona, a priori, desde Mallorca, en primavera de 2020. Su nombre ficticio era Daniel Hernández Pons. Nunca llamó la atención de nadie del grupo. Conforme pasaron los días, sus conocimientos y su nivel de participación se hicieron mayores. Durante los últimos años, cambió su peinado, ganó músculo y se tatuó; se mimetizó con el entorno. Pero, ahora, ha sido descubierto.

Todo ello lo hizo un agente de Policía Nacional para conseguir información, desde dentro, de estos movimientos. Una investigación periodística llevada a cabo por La Directa, un semanario cooperativo barcelonés, ha destapado su identidad, lo que ha generado una gran polémica.

Y este martes, cinco activistas se han querellado contra Daniel y contra sus superiores jerárquicos. La defensa de las mujeres asegura que éstas mantuvieron relaciones sexuales con el agente engañadas, sin saber que era Policía Nacional. Y que, por tanto, su consentimiento estaría "viciado".

El revuelo ha llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde Jaume Asens ha registrado en la Mesa varias preguntas dirigidas al ministro del Interior.

El presidente del Grupo Parlamentario de Podemos pregunta a Fernando Grande-Marlaska si ordenó la infiltración, con qué finalidad, si el agente tenía cobertura legal, si se le permitía mantener relaciones sexuales durante la infiltración y si se investigará lo ocurrido.

También, la CUP y los comuns han solicitado la comparecencia de Joan Ignasi Elena, consejero de Interior, en el Parlament catalán, para que responda si conocía o no lo ocurrido.

Cabe recordar que, para la infiltración de agentes, la ley establece que debe ser un juez quien lo autorice. El plazo máximo es de seis meses, pero luego puede ser prorrogado.

Según denuncian los movimientos secesionistas catalanes, éste es el segundo agente al que descubren. El anterior también fue destapado hace escasas fechas y su identidad falsa también incluía, según denunciaron, los apellidos Hernández Pons.

La querella

Una de las querellas señala que, según la ley, "sólo se entenderá que existe consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Y recuerda que este consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento, "dado que depende de la libre voluntad de la persona y ésta, a su vez, depende de la información de la que disponga". Por ello —indica—, el consentimiento de las activistas estuvo "viciado" desde su origen.

La querella se dirige contra Daniel y contra su superior por los supuestos delitos de abusos sexuales continuados, delitos de tortura o contra la integridad moral, descubrimiento y revelación de secretos e impedimento del ejercicio de derechos cívicos.

"No hay consentimiento si el agresor crea unas condiciones o se aprovecha de un contexto que, directa o indirectamente, impongan una práctica sexual sin contar con la voluntad de la mujer", reza el documento.

"En el presente caso, la conducta de D. H. P. no sólo transgrede los límites legales de la actuación de infiltración de los cuerpos policiales, sino que el mismo traspasa límites éticos, atentando contra el núcleo esencial de aquellas mujeres y su autonomía sexual", añade.

En un comunicado, la delegación catalana del sindicado CGT, una de las entidades que ha presentado la querella, prevé que más mujeres hagan lo mismo. Y tacha los hechos de "muy graves".

El sindicato subraya que "en ningún caso es aceptable que un policía encubierto utilice las relaciones sexoafectivas con activistas para obtener información y apuntalar su identidad encubierta para infiltrarse en el tejido asociativo y sindical".

Sobre el supuesto delito de revelación de secretos, la querella apunta a que la Ley de Protección de Datos reconoce una "protección específica" a la información relativa a asuntos como la ideología, la afiliación sindical, la religión, la sexualidad o las creencias. Y considera que "esta privacidad habría sido vulnerada sin justificación" a través del vínculo sexoafectivo del policía con las mujeres afectadas. La querella enmarca estos hechos en un supuesto "espionaje de Estado" y cita, entre otros, el caso Pegasus.