La historia de Amadeo podría equipararse a la de cualquier otro ciudadano de a pie. Largas décadas cotizando y ampliando hojas en su Certificado de Vida Laboral para, pasados los 60, conseguir su ansiada jubilación. Y aunque obtuvo su primer empleo con tan solo 14 años — eran otros tiempos — este zaragozano no dudó en focalizar su formación en el sector de la jurisdicción y la economía, donde ha desarrollado la mayor parte de su actividad profesional.
Después de crear su propio despacho particular y trabajar durante años como abogado y analista jurídico en un prestigioso banco, se acercaba uno de los momentos más habituales para los profesionales de este sector. “Cuando tenemos cierta edad nos dicen que somos mayores para seguir en activo y nos prejubilan. El banco nos va cotizando hasta que nos llega la edad de jubilación y, cuando nos llega, tenemos que echar los papeles”, cuenta a EL ESPAÑOL.
Pero lo que nunca llegó a imaginar Amadeo es que una acción tan sencilla como entregar unos papeles en la Seguridad Social fuera a convertirse en su peor pesadilla. De hecho, a día de hoy, todavía no ha sido capaz de realizar el trámite con éxito y comenzar a cobrar su jubilación. En la actualidad, acumula ya más de tres meses tratando de conseguir una cita que le permita acudir a la sede y hacer entrega de los papeles necesarios para tramitar su retirada del mercado laboral. Y es que lejos de encontrarse con un sistema al servicio total de los ciudadanos, Amadeo y miles de afectados se enfrentan cada día a lo que él mismo denomina como “las puertas cerradas”.
“Voy a la administración y me dicen que funciona con cita previa. Muy bien, me parece estupendo. Para conseguir esa cita me dicen que hay dos maneras. O a través de la página web o a través de dos teléfonos. Uno de ellos es un 901, que no te dicen que cuesta 1,88 euros el minuto. Pero aun así llamas y te dicen que no hay citas. Llamas otro día y otro y nada. Me dieron otros números y nada”, cuenta indignado.
Su desesperación ante esta situación le llevó incluso a caer en lo que él mismo cree que se trata de una estafa. Un teléfono de cinco cifras que, según afirman a través de internet, te permite conseguir una cita para la Seguridad Social. Sin embargo, lo que no indican en ningún caso es que las llamadas a ese teléfono se cobran a 3,30 euros el minuto. Y lo peor de todo, que nunca conseguirás la cita. “Es un número que está montado para no darte cita y cada minuto que consumas pagues. Te dicen que esperes, que están en otra línea, pero los minutos pasan”, explica Amadeo.
Y aunque no se ha detenido a analizar cuánto dinero se ha podido gastar en llamadas a estos números de teléfono, el propio hecho de no lograr cerrar su jubilación le hace perder dinero cada día. Amadeo dejó su banco a los 57 años de edad a través de un ERE. “Te despiden, te indemnizan y a los 61 años puedes acogerte a lo que sería la jubilación de la Seguridad Social”, cuenta. Pero el no conseguir una cita para entregar los papeles necesarios hace que este abogado, a día de hoy, siga cobrando el subsidio de desempleo, cobrando una cantidad muy inferior a la que obtendría por su jubilación. “Hay que pagar la comunidad, la luz, el agua, hay que comer… Se necesita el dinero. Si no cobras la jubilación y ya no trabajas. ¿Qué haces?”, expresa enfadado.
Tal y como él mismo asegura, las posibilidades que ofrecen desde la Seguridad Social para realizar los trámites no son nada operativas. Por ello, tras varios días de intentos fallidos, llegando incluso a ponerse el despertador a las 06.00 horas de la mañana para ser el primero en llamar a la administración, Amadeo decidió personarse directamente en la sede.
“He ido ya cuatro o cinco veces a diferentes oficinas. En todas me encuentro el mismo problema y es que el personal de seguridad te dice que tienes que llamar al 901”, cuenta. Pero el último día que acudió a una de esas sedes, Amadeo vivió algo que le enfadó más de la cuenta.
El reloj marcaba las 09.00 horas de la mañana, los termómetros mostraban cifras bajo cero y el viento soplaba con fuerza congelando las orejas de todos los allí presentes. La cola de personas que esperaban para ser atendidas en plena calle era cada vez más larga, pero a Amadeo le llamaron la atención dos personas en concreto.
La primera, una mujer con un carrito de bebé “pasando un frío de la leche”. “Le dije que qué era lo que hacía ahí y me dijo que no la dejaban pasar dentro. Y es verdad, yo lo comprobé, el de seguridad no te dejaba pasar”, asegura. Su propósito era el mismo que el del resto: conseguir una cita presencial imposible de lograr a través del teléfono habilitado.
Pero no fue el único caso que llamó la atención de Amadeo esa mañana. Detrás suyo, otra señora esperaba la cola con cara de desesperación. Su caso, mucho más grave. Llevaba más de tres meses sin cobrar el Ingreso Mínimo Vital por motivo de la imposibilidad de entregar un documento como consecuencia de la falta de concesión de citas. “Vengo aquí casi todos los días para ver si al final se apiada”, le comentó.
Superado por la situación, Amadeo no lo dudó ni un segundo. Echó la mano al bolsillo, cogió su móvil y marcó el teléfono de la Policía para informar de lo ocurrido. “Sabía que no era competencia de la Policía, pero pensé que igual se ablandaban o se apiadaron, e igual corrían la fila. Pero no, la gente no hacía nada más que estar parada y cuando llegaban al de seguridad le decían que sin cita no les podían atender y que se fueran a casa”, cuenta.
Contra la administración
Hace apenas seis meses, Amadeo ya había vivido una situación un tanto parecida. En este caso fue en el Registro Civil y por motivo de sus segundas nupcias y la formalización de un expediente matrimonial. Pero lo que sí que fue exactamente igual fue la respuesta de los funcionarios, que le invitaron amablemente a visitar la página web y a llamar a los teléfonos de pago habilitados.
“Tras insistir e ir allí personalmente le escribí al propio presidente de Aragón, al señor Lambán. Me contestó su gabinete, buenas palabras, pero el problema subsiste. Me dijeron que no era de su competencia. Hombre, a ver, el máximo responsable es el Gobierno de Aragón. Pero vale, me voy a creer lo que me dicen, que no es competencia de ellos. Pero por supuesto lo es”, explica Amadeo en conversación con este periódico.
— ¿Qué es lo que más te ha llegado a molestar de todo esto?
— La indignación me puede cuando veo que no todo el mundo tiene acceso a Internet. No sé hasta qué punto hay que obligar a una persona mayor a que se compre un ordenador o dé clases particulares para acceder a páginas webs. Mis padres son incapaces de ello. Pero bueno, parece que la administración no se apiada. Internet es una vía y la otra un teléfono, pero no vas a hablar con una persona física, vas a hablar con una máquina. Aunque no te entiendas con las máquinas, es tu problema. El ciudadano no tiene otra opción.
Por todo ello, lanza un dardo directo a las instituciones y a los políticos para poner punto final a una situación que, asegura, afecta a día de hoy a miles de españoles. “A lo mejor lo que sobran son políticos y lo que faltan son profesionales. Cada político tiene sus asesores y no sé para qué los quieren. Cuando llamé a la policía me dijeron que faltaban funcionarios, que había cuatro y que estaban saturados. Pero yo pago impuestos como el que más. Pienso que se ríen de mí. Para una vez que necesito a la administración para hacer una gestión, me dicen que no hay personal. Me parece una burla”, explica.
Y no se corta. Carga directamente contra la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a los que considera “los capitanes” y de quienes depende el funcionariado. “Les voy a escribir pidiendo que organicen su propia empresa de manera coherente y con sentido común. No es normal que a los ciudadanos les haga pasar frío y se tengan que ir sin la solución de la gestión”.
Ante esta situación, Amadeo se ha ofrecido formar parte de una plataforma liderada por la Federación de Independientes de Aragón bajo el nombre de ‘Cabreados con la Administración Pública y la clase política’. “Es una medida que se me ocurre porque alguien tiene que solucionar el problema. Si son incapaces los ministros, alguien tiene que hacérselo saber”, concluye.