A Asunción Martí, más conocida como Susi, le deben 13.000 euros que difícilmente recuperará. Es la suma de las 27 cuotas de alquiler impagadas por Olga, a quien define como su "inquiokupa". Desde hace una semana acude todos los días a manifestarse al portal de su vivienda en Alfafar (Valencia). Lo hace disfrazada. Ejerce para sí misma de Cobrador del Frac. "Estoy desesperada", exclama esta mujer de 64 años, respaldada por la Plataforma de Afectados por la Ocupación.
La inquilina ha acreditado su vulnerabilidad y se niega tanto a pagar como a abandonar el inmueble hasta que se lo ordene un juez. La ley le ampara para hacerlo. Los Reales Decretos impulsados por el Ministerio de Asuntos Sociales para responder a la pandemia impiden el desalojo de los inquilinos considerados vulnerables.
Además de la polémica de la propia norma, vigente tres años después del estallido de la Covid-19, el caso cuenta con una controversia añadida. Según afirman a EL ESPAÑOL tanto la propia Susi como el Ayuntamiento de Alfafar, el consistorio ha mediado para ofrecer a Olga una "solución habitacional" que la inquilina no acepta.
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"Está todo listo, solo tiene que venir a firmar", sostiene a este periódico Juan Ramón Adsuara (PP), el alcalde del municipio. "A mí también me llamaron para que se lo dijera, porque no logran contactar con ella", explica en la misma línea la propietaria. "Es mentira, el Ayuntamiento de Alfafar no nos ha ofrecido nada", replica la hija de Olga en una breve charla con este medio.
"Lo que yo me pregunto es por qué tengo que ser yo y no la administración quien ayude a esta persona", exclama Susi, que se describe como una persona "humilde". Cobra una pensión de viudedad de 627 euros que decidió complementar alquilando su vivienda de Alfafar (Valencia). "En qué mala hora", lamenta. Cuenta con otra vivienda en Canet de Berenguer, donde su padre, por cuestiones de accesibilidad, prefirió pasar los últimos meses de su vida.
El plan era sencillo: rentabilizar la residencia vacía con un alquiler de 480 euros. El mismo complementaría su ajustada pensión para alcanzar los mil euros en ingresos. Contrató incluso un seguro de impago para minimizar riesgos. Pero nada fue suficiente.
El alquiler no lo firmó solo Olga. Lo hizo junto con un compañero, que fue quien acreditó una nómina holgada para hacer frente a la mensualidad. Con el estallido de la pandemia tuvo problemas para pagar, pero continuó abonándola. Pero esta persona marchó y, desde entonces, Susi sufre el impago sistemático, acompañado de la firme estrategia de continuar en la vivienda. "Así llevamos 27 meses", denuncia.
"Me comentó ella misma que tenía una pensión por discapacidad de alrededor de 570 euros antes de la subida. Me pregunto yo quién es entonces más vulnerable, si las dos tenemos unos ingresos similares y a ella la libran a mi costa de hacer frente a los pagos del alquiler", reflexiona Susi.
"Yo estoy a favor de que se ayude a las personas que se encuentren en esta situación, pero es una gran injusticia que se haga a costa de propietarios tan humildes como yo. La Administración debería sacarla de mi casa y ofrecerle otra cosa, no permitirle vivir gratis a mi costa", agrega.
El padre de Susi murió el pasado mes de enero. Ella desespera por regresar a su vivienda para estar de nuevo cerca de sus hijas, que residen en poblaciones muy próximas a Alfafar. Una se encuentra de baja y, la otra, embarazada.
"Ya he perdido la vergüenza"
Ahora reside con una de ellas. Allí se levanta cada mañana. Monta en un Opel Corsa que ha rodado ya dos décadas y se dirige a la puerta de su casa para manifestarse. "Me recomendaron que fuera una protesta llamativa, por eso me visto de presidiaria, porque me siento presa de esta situación", argumenta. "Pasaba algo de vergüenza al principio, pero creo que ya la he perdido", explica.
Su performance parece estar surtiendo efecto. Olga se muestra molesta al recibir la llamada de EL ESPAÑOL para preguntarle por el asunto. Hace un amago de responder, pero manifiesta, acto y seguido, que se lo desaconsejan sus abogados.
La releva su hija en la conversación telefónica, quien sí se pronuncia largo y tendido, con mucha vehemencia. La mujer, que reconoce los impagos de su madre, acusa de entrada a Susi de "haber puesto silicona en la cerradora". "Tuvimos que ir con la Guardia Civil y no pudimos abrir", relata.
Susi Martí, durante su protesta. EE
"La ha dejado en la calle sin medicamentos. Mi madre necesita Sintrom y Adiro, y ahora está sin tomárselo porque están las pastillas en casa", asegura. Susi niega estar detrás de la manipulación de su cerradura para impedir a Olga el paso.
La conversación continúa con otra grave acusación contra Susi. "Por su culpa corre peligro la vida de un menor, porque ha precisado la dirección exacta de la vivienda y hay una persona con una orden de alejamiento sobre mí que ahora puede localizarme", agrega. "Mi madre es una persona enferma y la está sometiendo a acoso yendo a los medios de comunicación a contar todo esto", zanja la hija de Olga.
Susi, sin embargo, subraya que solo quiere "recuperar la casa". "He tenido momentos duros en mi vida. Mi marido murió en 2005, y monté un negocio que no salió bien por la crisis. Solo aspiraba a vivir un poco más holgada alquilando una vivienda y me he encontrado con esta pesadilla", concluye.