Ha tenido que ser un futbolista, estrella del Real Madrid, quien abra en España un debate que lleva toda la vida instalado en la sociedad, pero que pocas veces se afronta de forma tan rotunda y transversal. La pregunta que nos hacemos como colectivo es directa, reducida a una etiqueta: ¿es el nuestro un país racista? Se ha pronunciado incluso el presidente Pedro Sánchez y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que afirma todo lo contrario, que “España es antirracista”. Que existe un problema, ha quedado claro. Pero, ¿de verdad somos una cosa o la contraria? ¿Estamos peor que el resto de países de nuestro entorno? En este caso ni siquiera los datos pueden resolver una ecuación demasiado compleja como para resumirla en una cuestión tan sencilla.
Lo que dicen las cifras es que en 2021 las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado registraron 1.802 delitos de odio, de los cuales, la mayoría -639- tenían que ver con el racismo o la xenofobia. En este aspecto, el número creció un 24% comparado con 2019 y un 32% con respecto al año anterior. La comparación obvia 2020, ya que la pandemia condicionó mucho las circunstancias para denunciar.
Primer problema, se trata de una estadística reciente, que el Ministerio del Interior comenzó a desarrollar hace menos de una década, y que refleja solo “la punta del iceberg”, como apuntan desde SOS Racismo. Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, más del 80% de los delitos de este tipo no llegan a denunciarse. Tampoco conocemos cuántos de ellos terminan en los juzgados, en cuántos casos se abren diligencias ni se especifica el número de sentencias. Por tanto, estamos solo ante una parte del problema. Pero, son los datos de los que disponemos. Todo lo demás son percepciones.
[La RFEF lanza la campaña "Racistas, fuera del fútbol" y hace un llamamiento a los aficionados]
El informe del Ministerio del Interior revela que el 66% de las víctimas de los delitos de odio son españoles, por un 34% de extranjeros. Teniendo en cuenta que la población extranjera representa un 14% del total de personas censadas en España, los inmigrantes sufren proporcionalmente más este tipo de vejaciones. De los foráneos, quienes más lo padecen son africanos y latinoamericanos.
Entre los presuntos autores de los delitos, el 76% los cometen personas de nacionalidad española, por un 24% de inmigrantes. Es decir, los migrantes están sobrerrepresentados en comparación con el porcentaje de la población que representan, pero la diferencia es mayor entre las víctimas que entre los presuntos autores. Los sufren más que los cometen.
Por comunidades, encabezan la lista de estos delitos Euskadi, Madrid y Cataluña. Interior destaca que los lugares en los que se produce un mayor número de incidentes es en la vía urbana, seguido de viviendas, establecimientos de hostelería, campos de fútbol o instalaciones deportivas, como en el caso de Vinicius. También en Internet y las redes sociales se han incrementado estos delitos en los últimos años.
Difícil extrapolar
El número de denuncias por racismo se incrementa. Pero, como ocurre con los casos de abusos sexuales, ¿significa eso que estamos peor o que existe una mayor concienciación que provoca que estos episodios terminen ante las instancias judiciales?
Es difícil extraer conclusiones, como demuestran las estadísticas de otros países. Según el informe de delitos de odio de la OCDE, en 2021 Francia registró 3.443 denuncias de este tipo, Italia 1.445, Alemania 10.501 y Reino Unido 158.018. Es decir, cuesta creer que con mayor población y una preocupación mucho mayor a nivel social Italia sea más benévola con los inmigrantes, que Alemania sea 10 veces más racista que España o que en el Reino Unido esta cuestión se multiplique por 100.
Mikel Mazkiaran, representante de SOS Racismo, considera que “es bueno que se abra un debate de este tipo, aunque no lo es tanto que se produzca a golpe de telediario”. Su plataforma identifica una serie de cuestiones que tienen más que ver con la “discriminación diaria, como las dificultades de los migrantes para conseguir permisos de residencia, acceder al alquiler de una vivienda o los tratos sufridos en los centros de internamiento”.
SOS Racismo también elabora un informe anual en el que reconoce que la mayor parte de las víctimas de racismo o xenofobia sufren lo que ellos llaman “racismo institucional”, es decir, la que tiene que ver con trámites de extranjería o burocracia. Le siguen la denegación de prestaciones y servicios o la discriminación laboral. “En cualquier caso, si el episodio de Vinicius sirve para que el Gobierno asuma un papel más activo y se aplique una tolerancia cero en este campo, bienvenido sea”, opina Mazkiaran.
Imagen de la trifulca con Vinicius en el Valencia-Real Madrid
Problemas sistémicos
No sólo SOS Racismo identifica estos problemas. También los diferentes informes del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, dependiente del Ministerio del Interior, señalan la integración de los estudiantes extranjeros en el sistema educativo español, su inclusión en el mercado laboral o la “discriminación racial” para acceder a una vivienda como problemas sistémicos.
En este sentido, “el mercado privado del alquiler es discriminante y excluyente hacia la población perteneciente a los grupos étnicos y poblacionales que sufren con más asiduidad la discriminación racial”, apunta una de estas investigaciones del Ministerio del Interior. También que la tasa de escolarización de los extranjeros sea un 33% menor que la de los nacidos en España o que el acceso a la educación superior sea más complicada para ellos son cuestiones que, a medio y largo plazo, crean desigualdades.
“Desgraciadamente, el racismo se ha incrementado y eso que la mayor parte de las víctimas no denuncia por miedo a las posibles consecuencias y, por tanto, no se evidencia. Es una lacra estructural que está presente en todos los ámbitos y las administraciones no son neutras en este sentido. El racismo que se ve en los campos de fútbol es explícito, pero existe otro más sibilino que impide a las personas acceder a derechos fundamentales”, señala Estrella Galán, directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
También en Amnistía Internacional subrayan que los casos de racismo “no son aislados, sino que se ha detectado un incremento preocupante de actos discriminatorios en el ámbito laboral, educativo, en el acceso a la vivienda, a lugares de ocio, etc. Todo ello, acompañado de un alarmante crecimiento de casos de tortura y malos tratos a inmigrantes o minorías étnicas por parte de agentes del Estado”.
¿Es, entonces, España un país racista? La cuestión abierta por Vinicius tiene una respuesta mucho más compleja y abarca infinidad de ámbitos que van más allá de un partido de fútbol, una grada o un deporte. Es probable que, como otros, sea también un debate efímero. Sus derivadas, sin embargo, tienen raíces estructurales.