Jéssica atiende nerviosa a EL ESPAÑOL. Está a pocas horas de que llegue su desahucio, el de ella, su marido, sus siete hijos y dos nietas. Los once viven en un piso que alquilaron en Torrent (Valencia). El desalojo está previsto para este viernes.
Su error fue no firmar un contrato, porque más tarde descubrieron que la dueña del inmueble se lo estaba arrendando a espaldas de su marido, también propietario. Y este último está ejerciendo su derecho a expulsarlos por carecer de un contrato oficial.
"Sufrimos una situación de enorme vulnerabilidad y nadie nos ampara. Ni el Ayuntamiento de Torrent nos ofrece una alternativa ni los servicios sociales actúan para paralizar o retrasar nuestro desahucio", lamenta la mujer, de 42 años.
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Los hijos de Jéssica tienen 23, 18, 15, 8, 6, 4 y 2 años, respectivamente. El menor de todos ellos padece autismo. Y la segunda de sus hijas, a su vez, le ha dado dos nietas, que tienen 2 y 1 año y también residen en el mismo domicilio.
Su historia es de lo más rocambolesca. Accedieron al piso en 2018, a cambio de una renta mensual de 450 euros. Lo encontraron en Milanuncios. Pagaron religiosamente cada mes a la propietaria. Pero en 2019 comenzaron los problemas.
Su marido fue condenado a 7 meses de prisión por un delito cometido nueve años atrás. "Robó 2.500 euros y estuvo en busca y captura. La condena es realmente por no haberse entregado", expone.
Los únicos ingresos que entraban en casa eran los de su pareja, y durante la condena Jéssica dejó de pagar. "Me puse en contacto con los servicios sociales, y nos comunicaron que sería beneficiaria de la Renta Valenciana de Inclusión. Ellos mismos contactaron con la propietaria para comunicarle que recibiría el dinero cuando me llegara la ayuda, y ella aceptó", relata.
La inesperada visita
El sistema parecía estar protegiendo a Jéssica y a sus hijos. Pero entonces, durante ese periodo de impago, recibieron una inesperada visita en el domicilio. "Un día aparece un señor por la puerta diciéndome que es el propietario", y que me tengo que ir. Yo no lo conocía de nada", relata.
Se trataba del exmarido de la arrendadora con la que había tratado. Le expuso que ambos eran los propietarios y que ella estaba alquilando el piso a sus espaldas. Al parecer, en el proceso de separación le adjudicaron el uso de la vivienda para residir con un hijo en común, pero ella prefirió mudarse y alquilarlo de forma encubierta.
Jéssica acudió a los servicios sociales en busca de ayuda, y estudiaron su caso. Pero su reclamación choca con una denuncia del propietario por alquiler indebido, y la madre de familia carece de un contrato legal que acredite el alquiler.
Recibió una primera fecha para su desahucio, en diciembre de 2022, si bien el mismo fue finalmente aplazado al presente mes de junio para ofrecerle margen al Ayuntamiento de Torrent a que le asignara una solución habitacional para Jéssica y su familia.
Alquileres "fuera de alcance"
"Mi marido trabaja, y podemos hacer frente a un alquiler económico como el de los 450 euros. Pero no a los 800 euros que llegan a pedir ahora. Además, exigen todos seguro de impagos con dos nóminas, algo que está completamente fuera de nuestro alcance", relata.
Jéssica, a través de su abogado de oficio, se dirigió al Juzgado de Primera Instancia 2 de Torrent para solicitar un nuevo aplazamiento debido a que no le han proporcionado todavía una residencia alternativa. Pero, a pocas horas del día fechado, la juez ha declinado esta petición.
La esperanza que le queda es que la magistrada deja la puerta abierta a que los funcionarios encargados del lanzamiento acepten este viernes un nuevo aplazamiento. "La angustia es total, nos vemos en la calle", concluye.