Jéssica, tras cuatro días con siete hijos en la calle: "Nadie nos da soluciones"

Jéssica, su marido, sus siete hijos y dos nietas viven en la calle desde el pasado viernes, cuando se produjo su desahucio. Desde entonces ruegan a Torrent (Valencia) y a la Generalitat Valenciana una solución de urgencia que no llega. "Nadie nos da soluciones. El Ayuntamiento solo nos ha ofrecido un albergue en el que no cabemos todos y un centro para mis hijos menores, de los que tendría que separarme", lamenta.

"En la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo de la Generalitat (EVha) nos están atendiendo mejor, pero tampoco nos han dado una solución por el momento", agrega. De momento, subsisten gracias a la ayuda de amigos, que los han acogido de forma diseminada. "Pero nos hemos quedado sin nada, porque encima seguimos el consejo de no retirar las cosas del piso para no facilitar el desahucio y nos echaron igualmente", detalla.

La familia vivía en un piso alquilado en Torrent (Valencia), del que fueron desalojados el pasado viernes. Su error fue no firmar un contrato, porque más tarde descubrieron que la dueña del inmueble se lo estaba arrendando a espaldas de su marido, también propietario. Y este último ejerció con éxito su derecho a expulsarlos por carecer de un contrato oficial.

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"Sufrimos una situación de enorme vulnerabilidad y nadie nos ampara. Ni el Ayuntamiento de Torrent nos ofrece una alternativa ni los servicios sociales actúan", lamenta la mujer, de 42 años.

Los hijos de Jéssica tienen 23, 18, 15, 8, 6, 4 y 2 años, respectivamente. El menor de todos ellos padece autismo. Y la segunda de sus hijas, a su vez, le ha dado dos nietas, que tienen 2 y 1 año y también residían en el mismo domicilio. 

Su historia es de lo más rocambolesca. Accedieron al piso en 2018, a cambio de una renta mensual de 450 euros. Lo encontraron en Milanuncios. Pagaron religiosamente cada mes a la propietaria. Pero en 2019 comenzaron los problemas.

Su marido fue condenado a 7 meses de prisión por un delito cometido nueve años atrás. "Robó 2.500 euros y estuvo en busca y captura. La condena es realmente por no haberse entregado", expone.

Dejaron de pagar

Los únicos ingresos que entraban en casa eran los de su pareja, y durante la condena, Jéssica dejó de pagar. "Me puse en contacto con los servicios sociales, y nos comunicaron que sería beneficiaria de la Renta Valenciana de Inclusión. Ellos mismos contactaron con la propietaria para comunicarle que recibiría el dinero cuando me llegara la ayuda, y ella aceptó", relata.

El sistema parecía estar protegiendo a Jéssica y a sus hijos. Pero entonces, durante ese periodo de impago, recibieron una inesperada visita en el domicilio. "Un día aparece un señor por la puerta diciéndome que es el propietario, y que me tengo que ir. Yo no lo conocía de nada", relata.

Se trataba del exmarido de la arrendadora con la que había tratado. Le expuso que ambos eran los propietarios y que ella estaba alquilando el piso a sus espaldas. Al parecer, en el proceso de separación le adjudicaron el uso de la vivienda para residir con un hijo en común, pero ella prefirió mudarse y alquilarlo de forma encubierta.

Jéssica acudió a los servicios sociales en busca de ayuda, y estudiaron su caso. Pero su reclamación chocó con una denuncia del propietario por alquiler indebido, y la madre de familia carecía de un contrato legal que acredite el alquiler.

Sin alternativa

Recibió una primera fecha para su desahucio, en diciembre de 2022, si bien el mismo fue finalmente aplazado al presente mes de junio para ofrecerle margen al Ayuntamiento de Torrent a que le asignara una solución habitacional para Jéssica y su familia.

"Mi marido trabaja, y podemos hacer frente a un alquiler económico como el de los 450 euros. Pero no a los 800 euros que llegan a pedir ahora. Además, exigen todos seguro de impagos con dos nóminas, algo que está completamente fuera de nuestro alcance", explica.

Jéssica, a través de su abogado de oficio, se dirigió al Juzgado de Primera Instancia 2 de Torrent para solicitar un nuevo aplazamiento debido a que no le han proporcionado todavía una residencia alternativa. Pero la juez declinó esta petición y se materializó su desahucio.