Hace unas semanas que los aspirantes del cuerpo de Justicia se presentaron a los exámenes de los tres cuerpos: Auxilio Judicial, Tramitación Procesal y Gestión Procesal. Tras haber pasado un largo proceso de preparación, es difícil esperarse que pueda haber mayores dificultades que la del mero hecho de superar las pruebas. Pues así fue, una de las aspirantes tuvo que enfrentarse al examen con una 'dificultad' más: llevarlo a cabo sin sus implantes de audición.
Para poder realizar el examen, o se quitaba los dos implantes o no podría hacer la prueba con sus compañeros. En ese mismo momento, la mujer cedió y se los quitó. La Confederación Española de Familias y Perdonas Sordas (Fiapas) presentó una queja ante una "flagrante vulneración de los derechos" de una joven que se vio en la obligación de quietarse las prótesis que necesita para poder escuchar. El motivo por el que le pidieron que se los retirara era no haber presentado un informe médico o una autorización previa del Tribunal.
Los hechos se remontan al pasado 21 de mayo en las pruebas selectivas para puestos de gestión procesal convocadas por la Administración de Justicia. Desde la Confederación Española de Familias y Perdonas Sordas (Fiapas) no dudaron en interponer la pertinente denuncia con el objetivo de exigir que las personas sordas puedan participar en procesos selectivos de acceso a los empleos de carácter público en igualdad de condiciones que los demás.
"A nadie se le ocurre decirle a alguien que deje sus gafas graduadas o su silla de ruedas para hacer una prueba", denuncian desde Fiapas. Es importante mencionar que las personas sordas que necesitan prótesis auditivas y las utilizan a diario, lo son por prescripción facultativa y utilizan estas prótesis para para hacer funcional su capacidad de oír en cada una de las actividades de su día a día.
Para la confederación, la cual reúne a 47 entidades, resulta "inconcebible” que no se le permita a una persona con sordera que utilice la herramienta personal que le tolera acondicionar su sentido del oído y utilizar de una manera funcional su audición. En el texto de la denuncia, Fiapas añade que sin las prótesis auditivas que necesita, a la persona con sordera le produce otras dificultades de movilidad y orientación en el espacio, por la falta de la información sonora del espacio en el que se encuentra.
Destaca que, además le puede provocar efectos emocionalmente originado por el hecho de verse privada de un sentido corporal que habitualmente utiliza gracias a que utiliza las prótesis, tal como podría sucedernos a cualquier otra persona, y de ser expuestas a una situación de mayor vulnerabilidad.
"Se limita su capacidad de interacción"
Desde la posición de la entidad, las prótesis se consideran un producto sanitario de uso personal, no pueden considerarse en ningún caso un "ajuste razonable" ni una "adaptación", como argumentó el Tribunal encargado de examinar. Además añaden que "En el caso de una persona sorda sería una adaptación o un ajuste razonable las adaptaciones metodológicas, tales como dar las instrucciones por escrito, la ampliación de tiempos, etc., o también el uso de recursos de apoyo tecnológicos o personales, tales como bucle magnético, sistemas FM o micrófonos remotos, subtitulado, interprete de lengua de signos, etc.
Continuando con "Es decir, medidas y recursos que adicionalmente el aspirante con sordera podría solicitar y de las que el entorno le debe proveer. Sin embargo, las prótesis auditivas son un elemento inseparable e inherente a la propia persona, ya que restituyen un sentido corporal (el oído) y lo hacen funcional. No son ninguna medida de accesibilidad en el entorno ni ningún ajuste razonable".