El desahucio de Laura y su hija de 7 años acaba con enfrentamientos entre la Policía y manifestantes

Una mujer y su hija menor de edad, sin alternativa habitacional y en situación de vulnerabilidad, han sido desalojadas este lunes de su vivienda del barrio de la Fuente de San Luis de Valencia.

Durante el desalojo, se han registrado incidentes entre la Policía Nacional y miembros de plataformas vecinales que se habían concentrado a primera hora de la mañana en la vivienda para evitar que se ejecutara el desahucio.

Laura y su hija de 7 años han tenido que abandonar la vivienda tras la llegada de la comitiva del juzgado. Era el cuarto intento de desalojo al que se enfrentaba la familia. Pese a que Laura y su hija no han recibido "ningún apoyo institucional ni alternativa habitacional", ambas han sido desalojadas, según han confirmado los colectivos que han convocado la protesta.

El Sindicato de la Vivienda de Valencia había convocado una concentración este lunes para evitar que se ejecutara el desalojo, que finalmente se llevó a cabo bajo un fuerte dispositivo policial. A través de sus redes sociales, los miembros de la organización social también han difundido diversos videos y testimonios de los afectados. 

Laura recibió el aviso del lanzamiento bajo la advertencia de que acudiría "mucha policía" para garantizar el mandamiento del juzgado. Los miembros de la plataforma han denunciado "identificaciones" y "brutalidad policial" durante el desalojo.

"En mi casa vivimos yo y mi hija de 7 años con mis dos perritas y si nos echan a la calle no tenemos a dónde ir. Es el cuarto intento y la Policía ha amenazado con echarnos", lamentó en un vídeo difundido por redes sociales horas antes del desahucio.

La menor se alojará de manera temporal en casa de unos familiares y una amiga acogerá a Laura los próximos días.

Según denunció el pasado mes de mayo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Valencia, Castellón y Alicante, cerca de 9.000 familias valencianas están en peligro de desahucio, 12.776 fueron desahuciadas los dos últimos años, y unas 14.000 necesitan vivienda social en la Comunidad Valenciana.

Escudo social

La Diputación Permanente del Congreso tiene previsto convalidar el último decreto de ayudas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania y sus consecuencias económicas después de las elecciones generales del 23 de julio.

En total, este paquete de medidas moviliza 3.800 millones de euros adicionales, aunque el impacto total -teniendo en cuenta las ayudas totales, con las rebajas de impuestos y bonificaciones- es de 8.900 millones de euros en la segunda parte del año, según informó Europa Press.

El nuevo paquete aprobado mantiene la supresión durante seis meses más del IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan o la leche, y la rebaja del 10% al 5% del aceite y la pasta.

Además, entre otras ayudas que se prorrogan se encuentra también la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje de transporte público (el descuento de Cercanías de Renfe y media distancia ya se había extendido todo el año).

No obstante, el decreto también elimina algunas de las medidas establecidas en anteriores paquetes anticrisis. Es el caso de la posibilidad de prorrogar automáticamente seis meses el alquiler con las mismas condiciones que el contrato que estuviera en vigor hasta ese momento.

Esto no afecta a la limitación de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, regulado en la Ley de Vivienda, que impide subidas superiores al 2% hasta el 31 de diciembre de 2023 y del 3% hasta el final de 2024.

En materia de vivienda, el decreto mantiene hasta final de año la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables cuando no haya alternativa habitacional.

Se prorroga también el plazo durante el que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento pueden presentar la solicitud de compensación, fijando el nuevo plazo hasta el 31 de enero de 2024.

No obstante, los colectivos sociales lamentan que, pese al llamado "escudo social", hay más de 8.000 desahucios en marcha en la Comunidad Valenciana. "No está funcionando", aseguran fuentes de la PAH.