Ya mismo será oficial: legalmente, el proceso soberanista no existió en Cataluña. Todos los "actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable" acaecidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, hoy mismo, y que fueron "ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias"; quedarán amnistiados.
Tras más de tres meses de cocción, la Ley de Amnistía pactada entre el PSOE y Junts, el partido del expresident fugado Carles Puigdemont, se ha registrado ante la Mesa del Congreso de los Diputados este lunes.
La norma beneficiará a los independentistas implicados en el proyecto unilateral de desconexión con España a todos los niveles. Así, el texto favorecerá a más de 300 personas, a través de un procedimiento "preferente y urgente", y los jueces tendrán dos meses de plazo para contestar para evitar dilaciones. El remake del "ja sóc aquí!" de Lluís Companys encarnado por Puigdemont, por tanto, se dará en las próximas semanas.
No será el único líder político beneficiado. También dejará de estar inhabilitado Oriol Junqueras, el presidente de ERC, preso durante algo menos de dos años por el 1-O y homologado como interlocutor válido por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, hace dos semanas, durante la rúbrica del acuerdo entre ambas formaciones.
Misma suerte que Puigdemont correrán los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín, también exiliados en Bélgica, y cuyo regreso a España se dará conforme se promulgue la ley en el BOE. Tras ser derogado el delito de sedición, los tres políticos posconvergentes han sido procesados por malversación de fondos y desobediencia y tienen una orden de detención en vigor.
En el artículo 4.2 de la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña presentada este lunes, se especifica que "quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención".
Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE; y Carles Puigdemont, líder de Junts prófugo en Waterloo (Bélgica), el pasado 30 de octubre, en Bruselas.
Al igual que Junqueras, desaparecerá la inhabilitación política que pesa sobre el exconseller Jordi Turull, uno de los más importantes colaboradores en activo de Puigdemont en Junts. Sucede los mismo con los exconsellers Dolors Bassa y Raül Romeva, cuya pena de inhabilitación finalizaba en 2031 y 2030, respectivamente. Otra de las beneficiadas será Anna Gabriel, la exlíder de la CUP, acusada de desobediencia.
También se beneficiará la secretaria general de ERC, Marta Rovira, exiliada en Ginebra (Suiza) desde el 23 de marzo de 2018. Si no ha vuelto hasta ahora, pese a que contra ella no pesa orden europea de detención, es por sus supuestos vínculos con Tsunami Democràtic. No en vano, el pasado lunes el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la citó ocomo investigada por terrorismo.
[Consulte la Ley de Amnistía pactada entre el PSOE y Junts (PDF)]
Los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega también será amnistiados por organizar la consulta del 9-N de 2019, pese a que ya han cumplido su castigo. El texto de la Ley de Amnistía, eso sí, señala que esta medida "no dará derecho a percibir indemnización alguna, ni dará lugar a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa o sanción, ni exonerará la responsabilidad civil frente a particulares".
La Ley de Amnistía también engloba a los encausados del delito de terrorismo donde no haya habido víctimas. Es el caso de los 12 individuos vinculados a CDR, acusados en el marco la 'Operación Judas' y a quienes la Audiencia Nacional acaba de enviar a juicio.
De 'Los Jordis' a la Sindicatura Electoral
Pero la Ley de Amnistía no sólo incluirá a los políticos que estuvieron al frente del desafío soberanista. También a líderes sociales de relevancia como Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) —conocidos como 'Los Jordis'—, cuya condena encajaba en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, pero con las condenas ya extinguidas. Idéntica situación que la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ahora acusada desobediencia; y los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull.
Forcadell será amnistiada por permitir el debate y votación de las leyes de desconexión. Sus efectos serán mínimos, ya que la mayoría ya ha cumplido la condena de inhabilitación a cargo público, como la actual consellera Anna Simó (ERC).
También será amnistiada la 'segunda' Mesa del Parlament, presidida por Roger Torrent y en los que figuraban Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado, absueltos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero cuyos casos estaban en el Tribunal Supremo tras ser recurridos por la Fiscalía.
El olvido judicial también llegará a los miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O, a quienes la Fiscalía solicita 2 años y 9 meses de prisión. Hablamos de Tània Verge, actual consellera; Jordi Matas, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona; y los abogados Marc Marsal y Marta Alsina.
Al igual que estos miemntos de la Sindicatura Electoral, caben en el tipo "colaboradores" (y por lo tanto, amnistiables) otros responsables políticos como Josep María Jové, actual diputado de ERC y para quien la Fiscalía Superior de Cataluña solicita 7 años de presión y 32 de inhabilitación; o el actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, con petición de 6 años de prisión y 27 de inhabilitación.
"Responsabilidad contable"
Es el punto que más urge al soberanismo catalán. No envano, este mismo viernes, 17 de noviembre, estaba prevista la vista del juicio en el Tribunal de Cuentas contra 30 ex altos cargos de la Generalitat por el procés.
Aunque el fiscal del Tribunal de Cuentas retirara la acusación antes, el juicio tendría que mantenerse porque está personada como acusación la asociación Sociedad Civil Catalana (SCC). La Fiscalía ya redujo recientemente su petición de 10 a 3,4 millones de euros y la acusación ejercida por SCC la también la bajó a entre 3 y 5 millones de euros.
Y es que, además de los procedimientos penales, la ley de amnistía también borrará la presunta "responsabilidad contable" de más de esta treintena de exdirigentes catalanes, incluido Carles Puigdemont, que este viernes tienen un juicio en el Tribunal de Cuentas, en el que se les reclama entre 3 y 5 millones de euros.
Esta causa también afecta al expresident Artur Mas, al propio Junqueras y otros ex miembros del Govern como el exsecretario de Acció Exterior, Aleix Villatoro (ERC) o el exdirector general del Diplocat, Albert Royo; por el supuesto desvío de fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y la promoción exterior del proceso separatista. En las dos causas unificadas están el exsecretario de Acció Exterior, Aleix Villatoro (ERC) y el exdirector general del Diplocat, Albert Royo.