Sara murió de cáncer tras casi dos años esperando que le hicieran una colonoscopia en Cantabria

Sara comenzó a tener problemas estomacales en 2017. Vómitos y diarreas eran constantes. Se repetían y cada vez que acudía a Urgencias no le hacían las pruebas correspondientes. En agosto de 2018 le derivaron al hospital de Marqués de Valdecilla (Cantabria), donde comienzan a tratarla, según su abogado. Sin embargo, la prueba diagnóstica de colonoscopia no llega.

Pasaron los meses y la prueba se programó, en noviembre de 2018, para mayo de 2019. Los médicos insistían en que los síntomas eran inespecíficos.

Un mes antes, en abril de 2019, Sara acude junto a Manuel, su marido, a Urgencias nuevamente. Pasan varias horas, pero finalmente se le envía a casa sin diagnóstico. El empeoramiento en los últimos meses era palpable.

[Los 15 días de Bathie en Malpartida: el senegalés que llegó desde Canarias a la España Vaciada]

Al día siguiente, por los problemas de Sara, dolor abdominal y síntoma similares a los de la gastroenteritis, se personan de nuevo. Allí, una médico se dio cuenta de que algo no iba bien. "Ella sí actuó bien", recalca Manuel. "Hay una facultativa competente y salen señales de alarma con la palpación y le realizan un tac", comenta Ángel Alfonso desde el bufete de abogados Cadan Asociados Abogados, que representa a su marido. Había cáncer de colon con metastasis pulmonar y hepática.

Llegó, al fin, la prueba. El diagnóstico fue cáncer de colon en estadio IV con metástasis pulmonar y hepática. Las posibilidades de sobrevivir eran del 5%. 

En marzo de 2020, Sara comenzó una lucha legal para demostrar que la tardanza en el diagnóstico  rebajó significativamente sus posibilidades de su pervivencia. Ella falleció el 12 de agosto, con 32 años. Manuel le prometió que seguiría adelante con la denuncia. Ahora, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santander ha condenado al Servicio Cántabro de Salud y a Berkley Insurance, su entidad aseguradora, a indemnizar con 30.000 euros al marido de la joven.

Una promesa

Manuel entiende que si a Sara "la hubieran diagnosticado en preferente, en vez de dejarlo para más tarde, se podría haber salvado. Las posibilidades de superviviencia pasaban del 5% al 50%".

Además, entiende Manuel que ella se hubiera aferrado más a la vida de saber que había esperanza. "Ella fue una mujer luchadora desde el primer momento. Imagínate si llega a saber que tenía posibilidades", señala Manuel.

La resolución judicial le permite ahora cerrar la promesa que le hizo a Sara. "Le dije que seguiría adelante costase lo que costase, aunque tuviera que hipotecarme por una sentencia negativa. Se lo prometí y estoy orgulloso", apunta.

Los amigos de Sara fueron a apoyarla al hospital en plena pandemia. Cedida

Estos tres años para Manuel no han sido fáciles. "Ha sido bastante duro", señala, porque entiende que la administración "desde el primer momento" estuvo "poniendo trabas, zancadillas. Primero tienes que ir a hacer la reclamación previa administrativa y luego tienes que poner la demanda", señala.

A principios de este mes se conoció la sentencia. Los 30.000 euros de indemnización no le importan a Manuel. "Es lo de menos", apunta. "Ella lo que quería con esta denuncia era que a la persona que venga detrás no le pongan tantos problemas y se le hagan las pruebas en preferente. Eso es lo que pretendía".

Manuel está muy agradecido a Carlos David Gil Camuña y Ángel Alfonso, miembros del bufete Cadan Abogados Asociados. "Les doy mil gracias, han cumplido con la promesa que le hicieron a mi mujer". Además, muy a su pesar porque "a ella no me la van a devolver", anima al resto de damnificados "a que tiren para adelante" con este tipo de situaciones.

El proceso judicial

Ángel Alfonso destaca que judicialmente el caso "es complejo" porque había que demostrar que "había una pérdida de oportunidad".

[Li Yan Li, la actriz católica china retenida en Barajas que prefiere suicidarse en España a volver a su país]

Legalmente, los abogados tuvieron que demostrar esa pérdida de oportunidad en cualquier caso. "Si se hubiera realizado una colonoscopia de manera preferente habría tenido un 50% de posibilidades de prosperar. Y si se hubiera hecho, no habría metástasis", destaca el letrado. Además, el cáncer no se habría encontrado en fase IV.

"Lo draconiano es que la administración defendía que los síntomas no eran definidos", destaca Alfonso. "Se consiguió demostrar médicamente que eran síntomas específicos: si no es cáncer de colon es una enfermedad intestinal grave. No había defensa alguna", destaca el abogado.

El representate del marido no entra a valorar la indemnización económica. "Ya ves lo que vale para la administración la vida de una persona", desliza simplemente.

Alfonso continúa valorando que la realización de una "prueba diagnóstica no puede quedar a criterio del médico de guardia. Tiene que haber unos protocolos a los que acogerse, sobre todo cuando se trata de una prueba que se realiza diariamente como es la colonoscopia. No hablamos de algo extraordinario", opina. "Le tenían que haber programado la colonoscopia con carácter preferente".